El juez dicta orden de busca y captura contra Txapote y otros tres etarras por el asesinato de Querol

La resolución, a la que tuvo acceso ABC, complementa la comunicación librada a Francia el pasado mes de junio que pedía la ampliación de la entrega de estas cuatro personas a fin de que pudieran responder en España por aquel atentado con coche bomba que acabó con la vida del juez, su chófer Armando Medina Sánchez, y su escolta, Jesús Escudero García, así como hirió de gravedad al conductor de un autobús de la Empresa Municipal de Transportes, Jesús Sánchez Martínez, que fallecería poco después. Causó lesiones a otras 64 personas.

Francia aún no ha contestado a esa petición que nace del derecho de los etarras, en prisión por causas distintas de este atentado, a acogerse al principio de especialidad: no pueden responder por hechos por los que no hubieran sido entregados a España. Como detalla la resolución, la petición a las autoridades galas «carece de carácter coercitivo», de manera que se libran estas órdenes para complementar de cara a poder después procesarles.

Conforme relata el magistrado, el atentado fue perpetrado por el comando Buruhauste de ETA y en particular, con la presunta participación de Ana Belén Egües, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios. Ivan Apaolaza, otro liberado en aquel momento, había formado parte del comando pero en julio del año 2000 se marchó a Francia.

Los hechos siguen bajo investigación y este jueves están convocados varios testigos que sitúan a Rubenach en Salamanca, donde se presume tenía ETA el piso franco en el que almacenaron la información y el material explosivo para perpetrar esos asesinatos que tuvieron lugar en el barrio madrileño de la Concepción, al paso del coche del magistrado. El piso, según las conclusiones de los investigadores, estaba a cargo del etarra Oier Goitia desde febrero del año 2000.

Sin embargo, el alcance de las pesquisas va más allá de los presuntos autores materiales y alcanza a la cúpula de ETA en la época de los hechos. Según los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, «los dirigentes de la organización terrorista que ejercieron la máxima responsabilidad sobre el comando Buruhauste desde la clandestinidad en Francia» fueron en esa época Txapote, Jon y Ainhoa. Todos estuvieron al frente de las órdenes que recibía el comando hasta su desarticulación en noviembre de 2001 salvo Txapote, que fue detenido dos meses antes.

En este sentido, el auto detalla que fue esta dirección de ETA la que a principios de septiembre del año 2000 «a través de un enlace no identificado, hizo llegar al menos dos entregas de material al comando» antes del atentado. La primera fueron 200 kilos de dinamita en noviembre de 1999, así como «cordón detonante, relojes, fusiles y placas de matrícula». La segunda lo fue de 120 kilos de dinamita y cordón detonante. En ambos casos, los cuatro del comando (Rubenach, Palacios, Egües y Goitia) trasladaron el material al piso de Salamanca.

La instrucción ha llevado a concluir que en las dos entregas operaron igual. Gorka Palacios aparcaba el coche, entregaba la llave al enlace y pasado un tiempo acordado, recogía las llaves en otro punto y después, el vehículo ya cargado. Mientras, Rubenach le hacía la cobertura de seguridad y todos juntos viajaban en un convoy encabezado por un coche de alquiler como lanzadera que iba garantizando vía libre hasta Salamanca. Allí, el cuarto en discordia, hacía lo propio para asegurar que no había nadie vigilando el piso donde entre los cuatro, montarían el explosivo.

En relación a las matrículas del coche bomba, Txapote «ordena a sus comandos el robo de una troqueladora en España, en concreto, entrega al comando Erezuma las informaciones de dos empresas de troquelado en las localidades de Eibar y Mondragón en las que el robo es más factible», dice el juez.

«La urgencia de la demanda de Txapote se explica en la preparación de un gran atentado terrorista que rompería la tregua de facto y para la que necesitaban placas falsas dado que iban a recorrer España cargadas de explosivo y requerían por medidas de seguridad de unas placas perfectamente dobladas», señala la resolución.

La troqueladora robada, como las placas sustraídas «fueron entregadas» a Txapote y siguieron siendo utilizadas por los responsables del aparato militar de ETA en Francia para «entregar placas vírgenes a los comandos a fin de que estos confeccionaran en caracteres alfanuméricos con dígitos de plástico». Se encontraron 68 matrículas detalladas en un documento incautado a la banda terrorista. En la lista, estaba la del coche que detonaron al paso del magistrado Francisco Querol.

«La información de la placa forzosamente debió ser transmitida por los miembros del comando Buruhauste a sus responsables del aparato militar en Francia (García Gaztelu, Múgica Goñi, Olarra Guridi) que reprodujeron la placa con la troqueladora robada en Eibar. Posteriormente les fue entregada», concluye el instructor.

Hay más indicios. El auto se detienen en las comunicaciones de los miembros del comando con la dirección y explica que utilizaban un correo electrónico para intercambiar mensajes con la dirección de ETA en Francia. Se conectaban en establecimientos públicos que tenían internet, cuando no lo hacían directamente con un enlace de la cúpula con citas periódicas en Madrid. Siempre eran en domingo y a la una de la tarde.

La causa por estos cuatro asesinatos arrancó en el año 2000 pero fue archivada tres años después por falta de autor conocido. La investigación se retomó en 2015 a petición de la Asociación Víctimas del Terrorismo, que pidió recabar varios informes que en otras causas por terrorismo de ETA señalaban a Ana Belén Egües, de la que ya constaba declaración en sede policial reconociendo su participación en el atentado como parte del comando Barahuste. Entre esa documentación estaba el listado de placas de matrícula y una anotación manuscrita que había hecho ella.

En el otoño de 2016 se le tomó declaración, como a Iván Apaolaza y a Gorka Palacios por estos hechos, pero hubo todavía que esperar. De nuevo, la causa se reabrió en febrero de 2021 porque la AVT reparó en que habían aparecido entre los sellos de Francia nuevos indicios sobre la autoría, incluido un mapa de Madrid y solicitó diligencias. La Policía, tras analizarlo, concluyó que «la mayor parte de las marcas y anotaciones» que contenía lo eran del comando Buruhauste. Constaba el atentado contra Querol.

La AVT instó entonces la conclusión del sumario y el procesamiento de los cuatro integrantes del comando al entender que la autoría ya estaba esclarecida y lista para llevar a juicio, pero de nuevo, la causa se atascó. En este caso, por la admisión a trámite de una querella de la asociación Dignidad y Justicia que pedía buscar responsabilidades también en la cúpula de ETA de aquellas fechas, a partir del hecho de que la banda terrorista funcionaba con una estricta jerarquía paramilitar.

La Guardia Civil presentó informe al respecto en noviembre del año pasado y situó a nueve exjefes de ETA en esa cúpula o zuba: Ignacio Gracia Arregi (Iñaki de Rentería), Mikel Albisu (Antza), Asier Oyarzábal (Baliza), Vicente Goicoechea (Willy), Ramón Sagarzazu (Ramuntxo), María Soledad Iparragirre (Anboto) y los mencionados Txapote, Olarra Guridi y Ainhoa Múgica.

La Policía Nacional amplió estas conclusiones el pasado mes de agosto con un informe al que tuvo acceso ABC y del que se desprende que la cúpula «ejercía un control total sobre los actos de sus militantes, dónde, cómo, cuándo, y con quién realizaría sus funciones o viviría, afectando a todos los miembros de la organización, también a los presos, los huidos en terceros países y, por supuesto, los que estaban en activo» e «incluso regulaba cuestiones más personales», de modo que «la capacidad de elección que tenía un militante una vez que decide entrar en ETA es nula».

Subraya que el comité ejecutivo de ETA «funcionaba de forma colegiada y en él se adoptaban las decisiones estratégicas y a veces incluso las tácticas» lo que incluía «el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la orden o autorización de realizar los atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativo». Con esta premisa, sostiene que así se decidió la creación del comando Buruhauste para que desarrollase su actividad criminal en Madrid desde 1999 y hasta que fue desarticulado en noviembre de 2001. Incluido el brutal atentado contra el magistrado del Supremo.

En total, son once los etarras a los que el juez Pedraz ha tomado declaración sobre estos hechos en los últimos meses y todos han guardado silencio o, en el caso de los que fueron en su día entregados por Francia, se han acogido al principio de especialidad, que impide que rindan cuentas por estos hechos si las autoridades galas no lo autorizan primero.