La juez del caso Mediador cita a la amiga del general apodada 'chocho volador' y analiza su cuenta belga

De acuerdo al sumario, el general y el mediador, Antonio Navarro Tacoronte, se referían en sus conversaciones a Adelaida P. como «chocho volador». La mujer, vieja conocida de Espinosa, sería pariente del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez Alonso, y es en ese contexto en el que aparece su nombre.

Espinosa pidió al empresario de fotovoltaicas también investigado en esta supuesta trama de mordidas, Antonio Bautista, que la contratase por 3.000 euros al mes para abrir mercado a su empresa en Canarias y, en concreto, conseguir un contrato para instalar placas solares en el estadio de la UD Las Palmas aprovechando ese parentesco. Navarro Tacoronte declararía que ante la negativa de Bautista a contratar a la mujer, el general boicoteó otros proyectos que andaba negociando con empresas como Lopesan.

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Y ahí se enmarca el siguiente testigo, Luis Monzón, al que la hemeroteca sitúa como un destacado piloto de rally pero que la Guardia Civil enmarca como vinculado de algún modo a esa empresa hotelera. Formaba parte del círculo de amistades del general, como el mencionado presidente de la UD Las Palmas y el de Lopesan, Eustasio López, con quienes compartía un grupo de Whatsapp denominado «Equipo A», como reveló este diario. Había una persona más en ese chat, «VRB» que los investigadores presumen sería un coronel.

En la misma resolución que cita a los testigos, la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres, encarga un informe al Departamento de Balística y Trazas instrumentales, del servicio de Criminalística (SECRIM) de la Dirección General de la Guardia Civil. Se trata de analizar el arma (un subfusil marca Star, calibre 9mm) que los investigadores intervinieron al general Espinosa durante el registro de su domicilio, de cara a conocer su «estado de funcionamiento y características», así como su trazabilidad.

Pero ha habido más movimientos en el caso Mediador. En otra resolución a la que este diario también tuvo acceso, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz dio por recibida la información que había solicitado mediante Orden Europea de Investigación a Bélgica y acordó traducirla.

Se trata de los datos que pidió sobre la cuenta bancaria que Espinosa tiene abierta en aquel país, a fin de conocer el saldo y los movimientos durante el periodo investigado. El general sigue en prisión pendiente, entre otras diligencias, de la investigación de su patrimonio, bajo sospecha de tener bienes ocultos en el extranjero. Asimismo, está a la espera de que se esclarezca si jugó algún papel en cuatro contratos para la compra de drones que se adjudicaron desde el proyecto GAR-SI Sahel de la fundación pública Fiiapp que él dirigía a uno de los empresarios imputados en el caso.

Por último, la juez aceptó abrir la causa a media docena de acusaciones populares que tendrán que ponerse de acuerdo para ejercer su labor bajo una misma querella, un mismo abogado y una fianza de 2.000 euros. Entran el PP de Canarias, el PSOE, Vox, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Fuerza Canaria Unida Democrática y la organización de usuarios y consumidores de aguas Aguaiuris.