El juez del caso Begoña valora levantar la imputación contra el delegado del Gobierno en Madrid

El magistrado Juan Carlos Peinado le citó como investigado dado que fue secretario general de Presidencia y por tanto entendía que podía controlar el trabajo de Cristina Álvarez, la asistente de Gómez a la que también investiga por malversación dado que considera que hizo trabajos para los negocios privados de la mujer del presidente ajenos a su función pública en Moncloa.

Fue la semana pasada cuando trascendió que el fiscal del caso indicaba a Peinado que desconocía cuál era la motivación que le llevaba a archivar la causa para la secretaria general de Presidencia, Judit Alexandra González, y no para el actual delegado del Gobierno en Madrid que consta como investigado por ese mismo delito y porque ostento idéntico cargo en Moncloa que González.

En el escrito del Ministerio Público se pone el foco en «lo extraño de la situación». «Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada. Uno, imputado; y otro sobreseído libremente. Desconocemos los razonamientos de una y de otra decisión, pero ciertamente causa perplejidad», apuntaba.

Ahora, en una providencia del juez a la que ha tenido acceso ABC se da tres días a las partes para que se pronuncien sobre si Martín debe seguir imputado. Y ante esta petición, la acusación popular que dirige Hazte Oír ya ha manifestado por escrito a Peinado que Martín sí debe seguir en la causa como investigado porque desde julio de 2021 y hasta marzo de 2023 «ostentó el cargo de secretario General de la Presidencia del Gobierno».

«En esta condición, asumió la plena capacidad de dirección, coordinación y supervisión sobre los departamentos dependientes de la Secretaría General, así como la responsabilidad última en la administración de los recursos públicos -tanto materiales como humanos- bajo su dependencia. Le correspondían, en particular, el control funcional y la supervisión del personal eventual y de confianza, entre ellos Cristina Álvarez, en su calidad de asesora adscrita a la Presidencia del Gobierno», indica.

Además, remarca que sus funciones «no se limitan a un plano meramente organizativo o formal, sino que incluyen un deber activo de vigilancia y supervisión sobre el personal eventual y de confianza que presta servicio en dicho ámbito, en particular cuando dicho personal participa en tareas vinculadas a la actividad institucional del Presidente del Gobierno o de su entorno».

Para la acusación popular cualquier desviación prolongada del régimen de prestación del servicio -como la ausencia continuada de una asesora adscrita al Gabinete del Presidente- debía ser detectada de inmediato. Y por tanto, «la permanencia de esta situación sin reacción revela no una omisión por negligencia por parte del investigado, sino una aceptación implícita de un uso irregular de los recursos públicos, contrariando el deber de fidelidad inherente al cargo».

Y comparando su situación con la de Judit González, explica que él «sí que admitió tener conocimiento de las labores de Cristina Álvarez y, a pesar de tener posición de garante nada hizo para evitar el desvío de recursos públicos». Al hilo, enumera y describe una serie de actos privados de Begoña Gómez en los que participó su asistente sin tener que hacerlo: «Nada justificaba su presencia».