Una juez abre causa por la querella de un sindicalista contra el director General de la Policía

En un auto firmado esta semana y al que tuvo acceso ABC, la juez resuelve citar a declarar a Pardo Piqueras y a Sanz «en concepto de personas querelladas» y deja la fecha a expensas de que se practique las otras dos diligencias que acuerda: requerir a la Dirección General de Policía para que aporte en cinco días el expediente disciplinario y escuchar al afectado, al que cita a primeros de noviembre.

El representante de ASP denuncia que desde su posición en los servicios jurídicos del sindicato ha impulsado media docena de procedimientos en lo contencioso relativos a asuntos como incumplimientos de la normativa de riesgos laborales sin consecuencias. Afirma que «a raíz de la toma de posesión del nuevo comisario Jefe de Vitoria» se le ha incoado ese expediente disciplinario por el «único motivo real» de que ha denunciado «la adjudicación de puestos de trabajo sin seguir el procedimiento legal«.

Señala así a Sanz, pero no sólo. Asegura que para abrir ese expediente «necesariamente ha contado con la colaboración del Sr. Pardo Piqueras» pues la denuncia contra él dentro del Cuerpo Nacional de Policía parte de una demanda en lo contencioso que llevó el sindicalista contra la Dirección General y que es anterior a la toma de posesión del nuevo comisario Jefe de Vitoria.

Conforme expone la querella, «se ha buscado cualquier excusa, por nimia que fuese, para iniciar un expediente sancionador con fines coercitivos y evitar así futuras demandas contenciosas y, en su defecto, limitar el acceso a las pruebas que fundamenten las mismas», además de «producir un 'castigo ejemplar' como aviso a quien pretendiera denunciar las irregularidades».

«Este modo de proceder maquiavélico es el día a día que sufre A.S.P. como otras organizaciones sindicales que buscan como fin legitimo la deshabituación de viejos usos y costumbres como los presentes. La Administración pública lleva años actuando con deficiencia al margen de los procedimientos legales, y ahora, cuando fuera de los circuitos mayoritarios, se pretende y busca el cambio mediante el uso del instrumento idóneo para el mantenimiento de la convivencia pacífica, como es la Administración de Justicia, nuestro representado se ve perseguido por mandos de resoluciones arbitrarias», relata la iniciativa.