El juez del caso Ábalos cita como testigo al exjefe de Gabinete de Reyes Maroto por la supuesta reunión en Industria con Carmen Pano y Claudio Rivas

El magistrado Leopoldo Puente quiere que Díaz Bidart aclare si se reunió en enero de 2021 con Claudio Rivas, socio del empresario investigado Víctor de Aldama y con el asesor de Ábalos, Koldo García, así como si dicho encuentro, de existir, se produjo porque Rivas buscaba conseguir una licencia de hidrocarburos para su empresa, Villafuel.

Así lo declararon en el Tribunal Supremo tanto el propio Aldama, investigado por pagar comisiones ilegales presuntamente al exministro y su asesor, como la empresaria Carmen Pano y su hija, Leonor Pano. Las dos mujeres se encargaron de gestionar la compra de una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) a través de la sociedad Have Got Time en julio de 2021. Una inversión que, según los indicios recabados hasta el momento, habría hecho Claudio Rivas por indicación de Aldama para que esa casa se arrendara posteriormente, con opción a compra, a Ábalos.

En la investigación se vincula el pago de dicho alquiler -del que no se habría encargado el ministro sino el empresrio y socio de Aldama investigado, igual que él, en otra causa de la Audiencia Nacional por fraude del IVA de hidrocarburos- con un soborno a Ábalos para conseguir la licencia de Industria.

Para el magistrado Puente, «tanto la documentada información que han proporcionado a la causa los diferentes informes de la UCO [Unidad Cental Operativa de la Guardia Civil] como las propias declaraciones del investigado Sr. de Aldama y la de alguno de los testigos que han depuesto ya en esta causa especial (Sra. Pano y su hija, particularmente), vendrían a constituir un robusto conjunto de indicios expresivos de que, en efecto, el Sr. de Aldama podría haber interesado de los Sres. Ábalos y García que favorecieran la tramitación de la licencia de hidrocarburos propiciando con los órganos competentes para ello la celebración de las reuniones precisas, reuniones que, al parecer, tuvieron efectivamente lugar merced a los oficios de aquéllos. A cambio, don Claudio Rivas, beneficiario directo de aquella licencia, habría adquirido, a través de la empresa Have Got Time, una vivienda, del gusto del Sr. Ábalos, cediéndosela a éste en arrendamiento, con opción de compra».

El instructor aclara que ni Ábalos ni su asesor tenían «competencia para otorgar la licencia interesada», por lo que su papel, de confirmarse, y una supuesta mediación para que la citada reunión se produjera, se habría limitado a a «abrir puertas, a facilitar contactos, a agilizar trámites, con el propósito de favorecer los intereses que el Sr. de Aldama promovía».

De ahí que Puente vea «pertinente a los efectos de acreditar la existencia de la mencionada reunión, así como la persona que pudo haberla impulsado o promovido», escuchar como testigo a Díaz Bidart.

En su auto, el juez recuerda que lo que lo que se atribuye a Ábalos y por extensión a Koldo García en esta vertiente de la causa es «haber desplegado su influencia, a instancia del también investigado Sr. de Aldama Delgado, a cambio del premio económico que podrían haber recibido que se concreta en el disfrute de la vivienda elegida por el primero de ellos, para que la concesión de esa licencia pudiera agilizarse propiciando al respecto las correspondientes reuniones en el Ministerio de Industria.

Asimismo, el instructor cita a declarar como testigo a Claudia Montes, la mujer vinculada a Ábalos a quien, según la investigación, el exministro y su asesor habrían colocado en LogiRail, empresa pública dependiente de Renfe.

Lo hace por segunda vez, después de que no acudiera a declarar a su primera citación como testigo el día 6 de mayo al afirmar que no se le había notificado correctamente porque fue desahuciada de su domicilio. El juez le advierte de que, en caso de no comparecer sin motivo previamente justificado, se le impondrá una multa de entre 200 y 5.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.