Jueces y fiscales llevan a Europa la batalla contra las reformas de Bolaños por socavar el Estado de derecho en España

Además de la participación en una mesa redonda con parlamentarios europeos titulada «El declive de la justicia en España: un reto para la UE», está prevista una reunión con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, un encuentro con el grupo parlamentario ECR (Conservadores y Refromistas) y una cita posterior con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Hennaa Virkunnen. Las asociaciones tratarán de exponerles las «graves consecuencias» que comportan estas reformas y la «regresión» que supone en la independencia judicial en España. Apelan a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea.

Desde las asociaciones explican que dan este paso ante la imposibilidad de que se las escuche en la Comisión de Justicia del Congreso debido la tramitación urgente establecida el Gobierno. Antes de viajar a Estrasburgo ya han mantenido reuniones con los grupos parlamentarios que los han recibido (PSOE, PP y VOX).

Las asociaciones consideran que la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos mediante un examen 'ad hoc', vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, además de suponer un «agravio comparativo» con el acceso por turno libre y perjudicar a más de 4.000 opositores.

A ello se suma el incremento de la subjetividad en los sistemas de acceso a la carrera judicial y fiscal, «al tiempo que se premia a los que acceden por el llamado cuarto turno (para juristas de reconocida competencia y experiencia) ya que se les otorga cinco años de antigüedad ficticia cuando quieran optar a cargos de carácter discrecional (los que nombra el CGPJ) en la cúpula judicial.

Critican también que se atribuya al Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Gobierno, las competencias para preparar opositores, lo que evidencia «un riesgo de selección ideológica»; y que cuatro de los nueve miembros de la comisión de ética judicial sean designados por las Cortes «posibilitando su politización y deslegitimando su función».

Respecto a la reforma del Estatuto Fiscal, recuerdan que el nuevo texto supone reforzar el poder del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, limitando aún más la autonomía e imparcialidad de la Fiscalía a las puertas de asumir las investigaciones penales.

«Estas reformas, en su conjunto, representan un deterioro de los estándares constitucionales y europeos de independencia judicial», apuntan.

Precisamente este lunes el ministro Bolaños ha vuelto a respaldar sus reformas sin mostrar el mínimo amago de retirada de las mismas, como las asociaciones le exigen. Durante un coloquio en el Ateneo de Madrid, el titular de Justicia ha minimizado la huelga de la semana pasada sosteniendo que solo ha sido secundada por un 5 por ciento de jueces y fiscales (frente al 70 por ciento que cifran las asociaciones).

Bolaños ha manifestado su intención de seguir adelante aunque ha admitido que en estos momentos esta ley no tiene el apoyo parlamentario suficiente, que espera conseguir en este trámite de enmiendas.