Jueces y fiscales critican los aforamientos, las acusaciones de 'lawfare' y la politización del CGPJ

El comunicado, suscrito por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), resume esas reivindicaciones en seis puntos concretos sobre distintos asuntos.

El primero incide en la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace más de cinco años, lo que provoca la «imposibilidad de cubrir vacantes en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los tribunales» tras la reforma del Gobierno para cercenar esa competencia al CGPJ mientras siga en funciones.

Además, estos jueces y fiscales recuerdan que ya desde hace más de una década (2013) el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa exige que los vocales del CGPJ que deben proceder de la propia carrera judicial «sean elegidos por los jueces», como proponen también la Comisión Europea y el Partido Popular, aunque el Gobierno se niega en rotundo.

El comunicado conjunto repasa otros asuntos de actualidad, como las comisiones parlamentarias a las que el Gobierno y sus socios independentistas quieren citar a jueces a cuenta de las acusaciones de 'lawfare' o guerra sucia judicial, lo cual estas asociaciones tildan de «inadmisible».

También critican las «puertas giratorias entre política y Justicia», que consideran «un grave problema en España para jueces y fiscales» como quiera que atentan contra la separación de poderes y la independencia judicial. En el actual Gobierno hay ministros que son jueces, como Fernando Grande-Marlaska (Interior) o Margarita Robles (Defensa), así como los tres anteriores titulares de Justicia: Pilar Llop, Juan Carlos Campo y Dolores Delgado, esta ultima fiscal y todos ellos del PSOE.

Sobre los aforamientos de políticos ante tribunales superiores a los ordinarios, AJFV, FJI, AF y APIF denuncian que son «un régimen privilegiado de enjuiciamiento para políticos que acentúa la percepción de politización de la Justicia».

Por último, destacan que «no existe planificada ninguna medida para hacer frente a la falta de jueces» en un país como España donde la media «es de las más bajas de Europa», ya que apenas supera los 11 jueces por cada 100.000 habitantes, casi la mita del promedio europeo (21). «Durante décadas llevamos pidiendo medidas para despolitizar la Justicia y medios personales y materiales, sin que los gobiernos de uno u otro signo quieran solucionar estos graves problemas», sentencian las cuatro asociaciones de jueces y fiscales.

El comunicado no lo suscriben los otros dos colectivos representativos en ambas carreras, tanto la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF).