Jueces para la Democracia afea el aval de Marlaska a las devoluciones de Ceuta pese al fallo del Supremo

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Recuerda la asociación progresista que la sentencia del Alto Tribunal «declara la ilegalidad y el incumplimiento de los convenios internacionales» por parte de las autoridades españolas y pone en cuestión las políticas de extranjería «basadas en la vía de hecho». «Estos procesos que afectan a la protección jurídica de infancia tienen una regulación precisa y rigurosa, pues resuelven sobre el buen trato que deben dar los Estados a uno de los colectivos más vulnerables, especialmente cuando se encuentran en zonas de frontera, como establece la Convención de los Derechos del Niño», apunta.

En este sentido, la asociación recuerda que esas expulsiones «se hicieron por la vía de hecho» y sin que estos menores tuvieran asistencia letrada, sin informar a las delegaciones diplomáticas de los países de origen, sin informes sociales ni familiares, sin escuchar a los menores sobre su situación y «sin argumentar por qué en cada caso concreto el mejor interés del menor se protege a través de la repatriación». A su juicio, se vulneraron tanto principios básicos de protección internacional a la infancia, como es la obligación darles protección, como principios básicos de derechos humanos, que prohíben las expulsiones colectivas.

Horas después de que trascendiera la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegales esas devoluciones, tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraron que la deportación se produjo acorde al ordenamiento jurídico. Alegría defendió que las autoridades competentes «siempre actuaron de buena fe, conforme, lógicamente, a la legalidad vigente y protegiendo en todo momento el interés de los menores». En la misma línea, y ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska insistió en contradecir al Supremo: «Estoy en el absoluto convencimiento de que las autoridades actuaron acorde al ordenamiento jurídico y al interés superior del menor», y aludió al acuerdo de 2007 entre España y Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados. «Cuestión distinta es si un tribunal ha entendido que los procedimientos se debían hacer de forma individualizada de acuerdo a la ley de Extranjería», puntualizó.

Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal y hubo una «absoluta inobservancia» de las prescripciones de la Ley de Extranjería.