El jubilado que envió cartas explosivas a Moncloa y dos embajadas se sentará en el banquillo el 13 de mayo

Según informaron en fuentes jurídicas, la Sección ha señalado tres jornadas para la celebración del juicio, que se prolongará así entre el lunes y el miércoles de la próxima semana y en el que González afronta una petición de 22 años de cárcel por un delito de terrorismo con resultado de lesiones y otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos con fines terroristas.

En total, este jubilado envió seis cartas con material explosivo en noviembre de 2022 dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las instalaciones de la empresa armamentística Instalaza en Zaragoza, a la Embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Fue detenido en enero de 2023, después de una ardua investigación policial que consiguió recorrer el camino inverso de los sobres hasta llegar a su origen, en su domicilio de Miranda de Ebro.

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De acuerdo a las conclusiones de la investigación, que se siguió en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, este jubilado adquirió por internet los elementos necesarios para fabricar aquellos sobres en cuyo interior colocaba una caja que deflagraba al ser manipulada. Fue así como provocó quemaduras al responsable de seguridad de la Embajada de Ucrania que intervino el sobre y se retiró a un espacio abierto para mirar en su interior. En el resto de los casos, fueron detectados e intervenidos antes de que eso ocurriera.

Para la Fiscalía, Pompeyo González, «contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, el de los Estados Unidos y otras instituciones radicadas en territorio nacional, con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española», construyó en su propia casa los artefactos y los envió. En su ánimo, diría el juez instructor que le procesó, estaba «alterar gravemente la paz pública», es decir, tenía fines terroristas.