Juan, guardia civil en Ibiza: «Duermo en una furgoneta y me ducho en el gimnasio»

Él es uno de los diecisiete agentes que llegaron la pasada semana con destino forzoso al archipiélago, un lugar que se ha convertido en «destino de castigo» para funcionarios, Fuerzas de Seguridad del Estado, médicos, profesores y otros gremios. «Nadie quiere trabajar en Baleares porque el nivel de vida es carísimo y la insularidad no está compensada», asienten varios 'damnificados' que piden mantener el anonimato.

En Ibiza es más fácil encontrar un trabajo que alquilar una vivienda. Nada nuevo desde hace años. Cada vez más trabajadores renuncian a un empleo ante la imposibilidad de conseguir un lugar digno donde residir. «Pero cuando no puedes elegir y te destinan de forma forzosa, te tienes que buscar la vida», se lamenta Juan dentro de su caravana.

De su búsqueda en los portales inmobiliarios sacó una primera conclusión: «Cualquier habitáculo decente valía cuatro dígitos». La segunda: no podía permitírselo. Recién divorciado y con tres hijas, vendió algunos enseres que tenía a medias con su ex y con ese dinero –algo más de 6.000 euros– se compró una furgoneta 'camper' de segunda mano. «Es la forma más asequible de tener un techo».

Buscar piso en Ibiza, y en general en Baleares, es un campo minado de estafas masivas y precios inflados por una agresiva especulación que traspasa todas las líneas rojas. Se ha visto de todo: 500 euros por vivir en un balcón, 400 por un colchón en una terraza, tiendas de campaña y furgonetas 'listas para entrar a vivir', alquiler a cambio de sexo o 300 euros por un colchón en un salón sin derecho a baño ni cocina.

A las puertas del verano, la búsqueda se complica todavía más por el mercado de la vivienda vacacional. «Llamas y te dicen que sólo te alquilan el piso de octubre a mayo porque le sacan más dinero en verano y prefieren especular», denuncia Pedro, otro guardia civil llegado a Ibiza desde Andalucía, que busca sin éxito una vivienda digna que pueda costearse.

«Con un sueldo de 2.000 euros y un alquiler de 1.500 más gastos de luz y agua, ¿qué me queda para vivir?», plantea este agente de 48 años, que descarta dormir en un vehículo: «Me niego. No me lo merezco. Es intolerable verse abocado a vivir en un coche para trabajar».

De momento se aloja en el hotel militar de la ciudad pagando 30 euros por noche. Espera que le «salga algo» antes de mediados de este mes, cuando tiene que abandonar ese lugar cedido de forma provisional.

Adrián (36 años) está durmiendo en un colchón en el salón de la casa de unos amigos, «acogido» hasta encontrar un alquiler asumible. En Valencia residía en una vivienda militar, pagando luz, agua y los gastos corrientes. Para él ha sido una diferencia abismal verse sin casa y enfrentarse a unos precios inalcanzables. Un día de desesperación buscó una caravana de segunda mano decidido a llevársela a Ibiza. «Hasta 5.000 euros, me pedían», dice mostrando la foto a ABC. «Aún doy gracias de que me hayan acogido estos amigos», reconoce con cierto alivio.

El aparcamiento de la Compañía de la Guardia Civil en Ibiza, donde se ubica el mando central, tiene ahora mismo tres caravanas, en una ya vive un agente y las otras dos están preparadas para la temporada estival cuando sus propietarios se trasladen allí porque les echan de sus pisos, detalla la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), que aporta una fotografía del interior de uno de estos vehículos donde se alojan los agentes como último recurso. «El verano pasado hubo muchas. Gente en comisión de servicios se trajo sus furgonetas de la península para vivir dentro», reconoce el responsable provincial de Jucil, Tomás Quesada, que llegó a contabilizar hasta nueve.

Mar llega del norte de España forzosamente a Ibiza con «un drama». Deja a sus hijos con familiares mientras su marido militar está en operaciones fuera del país y ella, en Ibiza. Al menos ha tenido «suerte» con el alojamiento y ha encontrado «el único arrendador que alquilaba todo el año», aunque se ha gastado «un pastizal» porque le exigía una fianza de «14 cuotas por adelantado». Una práctica ilegal extendida y asumida.

La «emergencia habitacional» está forzando a cada vez más empresas privadas a proporcionar alojamiento a sus empleados. Hay hoteles que reservan una parte de las habitaciones. En cambio, el Gobierno «no ha hecho nada» para solucionar el problema de la vivienda en el caso de los guardias civiles en Baleares, denuncia Jucil, que calcula que la Zona y Comandancia de la Benemérita en las islas cuenta con 544 pabellones oficiales (365 en Mallorca, 94 en Menorca, 64 en Ibiza y 21 en Formentera), algunos en estado de «inhabitabilidad».

La asociación reclama un complemento específico que cubra de forma real la insularidad en Baleares y el alto precio del alquiler. En Mallorca un agente cobra entre 47 euros (grupo C2) y 102 (grupo A1) al mes de indemnización por residencia, mientras que en Menorca, Ibiza y Formentera son 61 y 113 euros, respectivamente. Quesada defiende que Mallorca debería equipararse al plus de las islas pequeñas de Canarias (623 euros para el grupo A1) y que en las otras tres islas percibieran el mismo complemento que en Ceuta y Melilla (975 euros para A1).

A la «ruina» del destino en Baleares se suma la sobrecarga de trabajo derivada de las plantillas mermadas. El archipiélago tiene 1.752 guardias civiles de un catálogo de puestos de trabajo que prevé 2.264. Este déficit de agentes del Instituto Armado repercute en las patrullas de seguridad ciudadana, que apenas tienen capacidad para responder a las llamadas de los ciudadanos o los servicios de emergencia. «Y eso, con la más que certera posibilidad de que se llegará tarde», apunta Jucil.

Baleares, con 64 delitos por cada mil habitantes, encabeza junto con Cataluña (61) y Madrid (59) las autonomías con una incidencia de criminalidad mayor. Casi el 40% de los mallorquines asegura que sufrió algún delito el año pasado. «Se ha convertido en un territorio cada vez más inseguro tanto para residentes como para los millones de turistas que lo visitan», insiste Jucil.

Recién llegado a Ibiza, Pedro cuenta los días para volver a su tierra. Hasta entonces se conforma con visitarla en Pascua. Acaba de comprar los billetes sin el 75 % de descuento de residente porque no tiene derecho a él al no estar empadronado en una vivienda. «No aceptan mi contrato como prueba de que trabajo y vivo aquí», se queja contrariado. Encima se ha quedado sin vuelo para irse el primer día de vacaciones porque estaba lleno. «Perderé un día de ver a mi familia», se queja sobre la añadida limitación del transporte.

Pedro se irá en Pascua y los amigos de Adrián ya preparan las maletas para ir a visitarlo. «'Qué guay Ibiza', me dicen, pero ya les he advertido de que, si vienen, tendrán que dormir en la playa», bromea este agente recordando la historia de Álex Julià, un maestro de Formentera de 25 años que está en boca de todos estos días por denunciar públicamente que sólo encuentra alquileres turísticos a «precios desorbitados» y se plantea dormir en una hamaca en la playa. La Consejería de Educación del Govern balear le penaliza durante dos años si no acepta el trabajo pues no encontrar casa para vivir no está dentro de los motivos para rechazarlo.

El grave acceso a la vivienda ya afecta a la clase media residente. El Ejecutivo de la socialista Francina Armengol –PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més– ha mostrado su preocupación por este asunto, pero no ha sido capaz de encontrar soluciones. «Cuanto más ha intervenido para controlar el mercado del alquiler, más inseguridad jurídica ha creado y ha provocado un aumento de los precios desorbitado por la reducción de la oferta y una demanda disparada», critican desde el portal inmobiliario Idealista. Los expertos acusan a Armengol, además, de crear «cortinas de humo», como la limitación de compra de vivienda a extranjeros contraria a la normativa europea.

El Ayuntamiento de Ibiza rehabilitó doce pisos en Sa Penya, una zona de infraviviendas, para policías nacionales a cambio de un alquiler simbólico, una medida que no acaba de cuajar. Pese a los esfuerzos por lavar la imagen de este entorno degradado, el alcalde de la ciudad, Rafa Ruiz, no aclaró si se atrevería a vivir en estas viviendas junto a personas conflictivas. Sí reconoció que, ubicando a policías, «algunos vecinos incívicos se lo pensarían dos veces antes de hacer determinadas cosas».

La conversación con Juan acaba de forma abrupta porque un agente le recrimina que esté aparcado en la calle con su 'camper'. Se identifica, pide perdón y mueve el vehículo. «No quiero molestar a nadie ni que me molesten a mí», sentencia antes de colgar. «Me voy a apuntar al gimnasio para tener una ducha donde asearme», se despide con la casa a cuestas.