Un mandato al órgano de gobierno de los jueces con una clara directriz europea

La izquierda siempre se había negado a hablar de este sistema por temor a que un proceso de elección entre los jueces diera la mayoría al sector conservador, como ya sucediera con el CGPJ de 1980. Además, se confía al futuro Consejo la propuesta de ese modelo de elección de los doce vocales judiciales por sus compañeros, tomando como referencia los órganos de gobierno judicial existentes en otros países europeos, como Francia o Italia. Tanto Bruselas como el Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, exigían a España que la mayoría de los vocales del CGPJ fuera elegida por los propios jueces.

El mandato al nuevo Consejo tiene, por tanto, una directriz europea muy clara. La exigencia de una mayoría de tres quintos del CGPJ para aprobar la propuesta tiene doble filo, porque al mismo tiempo que aspira a un acuerdo transversal, propicia la estrategia de bloqueos recíprocos.

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El ministro Félix Bolaños recordó el Pacto de Estado por la Justicia de 2001, cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Como precedente, solo sirve para acentuar la responsabilidad política del actual Gobierno socialista en el deterioro de la Justicia. También sirve para recordar que una de las primeras medidas del Gobierno de Zapatero en 2004 fue cambiar unilateralmente las reglas de nombramientos judiciales, para que la minoría de izquierda tuviera capacidad de veto en un Consejo mayoritariamente conservador.

En todo caso, bienvenida sea la rectificación socialista en aras de un acuerdo de Estado que contiene novedades que no lo son tanto. Más bien, se recuperan o actualizan medidas ya vigentes en la actualidad o en algún momento pasado, como la Comisión de Calificación para los candidatos a cargos judiciales, la mayoría cualificada para nombramientos o la comparecencia parlamentaria de los candidatos a vocales del CGPJ.

Sí es novedosa la despolitización de estas candidaturas, y así se refleja en los veinte vocales propuestos por PP y PSOE, ninguno con cargo político; y también en el candidato a fiscal general del Estado, aunque el actual, Álvaro García Ortiz, es fiscal de carrera, lo que demuestra que el problema de la politización del cargo no siempre depende de su pasado partidista, sino de su militancia ideológica.

En cuanto a la presidencia del CGPJ, se anuncia que la propuesta del candidato provendrá de los propios vocales elegidos. Legalmente siempre ha sido así, pero la práctica de los partidos políticos ha consistido en asumir ese nombramiento. Y es más que probable que mantengan este criterio, aunque con mayor discreción.