La izquierda y no Puigdemont amenaza ahora la legislatura

El presidente del Gobierno lo vio con claridad y movió ficha porque, en el fondo, él también se sentía interpelado después de haber liderado la posición europea más dura contra Israel e incluso haber reconocido unilateralmente a Palestina sin el paraguas del resto de la Unión Europea (UE). Ahí llegó la desautorización completa, una más, hacia el ministro Fernando Grande-Marlaska, que solo unas horas antes veía imposible anular el contrato. El Partido Popular (PP) ha entrado en la ecuación advirtiendo de que lo llevará al Tribunal de Cuentas, apuntando a la responsabilidad patrimonial del funcionario que lo firme.

A pesar de que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha hecho esfuerzos por arrogarse el éxito de torcer el brazo al PSOE en este asunto, el actor clave ha sido Izquierda Unida (IU), que se atrevió a hablar sin ambages de «crisis de Gobierno», abriendo la puerta a que su representante en el Consejo de Ministros, la ministra de Infancia, Sira Rego, abandonara el cargo.

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Pero incluso antes de que la empresa israelí IMI Systems entrara en escena, el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ya se había mostrado muy duro en contra del plan de defensa que Sánchez presentó por sorpresa para llegar al 2% del PIB este mismo año 2025, cuando en principio el compromiso adquirido ante la OTAN era alcanzar ese porcentaje en 2029. Era una advertencia de que la formación no ve con buenos ojos los pasos que está dando el presidente y que, indiscutiblemente, tendrá que seguir dando ante los compromisos internacionales que están por llegar.

La contundencia de IU a través de sus dos grandes referentes –Maíllo y Enrique Santiago, al frente del Partido Comunista de España (PCE)– choca con la tibieza del resto de partidos de Sumar, que han evitado la confrontación directa con Sánchez en todo momento. Y ahí Yolanda Díaz se ha desdibujado todavía más.

De hecho, varios ministros aseguran que en el Consejo del pasado martes, Sumar encajó el plan para llegar al 2% del PIB sin grandes reproches a Sánchez, confiando en el compromiso del presidente de que no habrá un solo recorte social. «Ni un céntimo», como viene repitiendo el jefe del Ejecutivo.

Protagonistas

Coordinador general de IU

Antonio Maíllo

El hombre que desde hace un año, y en sustitución de Alberto Garzón, lidera IU, se ha apuntado un tanto político al forzar que Sánchez enmendase a Interior por el contrato de armas firmado por ese ministerio con una empresa israelí.

Secretario general del PCE

Enrique Santiago

El secretario general del PCE desde 2018 y en la pasada legislatura secretario de Estado de Agenda 2030, hábil negociador y con buena interlocución con el PSOE, amagó desde el primer momento con sacar a IU del Gobierno.

Ministro del Interior

Fernando Grande-Marlaska

El titular de Interior ha sido el gran derrotado de la crisis de las balas isrealíes, tras desautorizar Pedro Sánchez a su departamento por el contrato firmado con la empresa IMI Systems.

El peso que pueda ejercer IU recae casi en exclusiva en la cúpula de la coalición, porque Rego –la única ministra de esta formación– perdió las primarias contra Maíllo y no tiene esa autoridad. En este momento, la formación que nació al calor del movimiento anti OTAN con motivo del referéndum de 1986 sobre al permanencia de España, está convencido de defender su postura por encima de todo, incluso de permanecer dentro del Gobierno de coalición. Su convicción es que este no es un asunto más, sino que encarna uno de sus principales valores y que ahí no es posible ceder. Y en eso coincide con su antiguo aliado en la coalición electoral Unidas Podemos, que no es otro que el partido liderado por Ione Belarra.

La presión de este último partido, acusando casi a diario a Yolanda Díaz de haber cedido todo al PSOE –Irene Montero llegó a sugerir hace unos días que debería integrarse en los socialistas para las próximas elecciones– y de ser incapaz de defender algunos principios básicos de este espacio ideológico. IU ha decidido sacar la cabeza contra esa tesis y ocupar su sitio. Los cuatro diputados que encabeza Belarra son otra amenaza permanente para Sánchez. En septiembre, de hecho, sus bases ya refrendaron una propuesta de máximos para poder apoyar unos eventuales Presupuestos, que pasaba por el control del precio de los alquileres y, precisamente, por romper relaciones diplomáticas con Israel.

Durante meses todas las preocupaciones giraban en torno a Carles Puigdemont. La precariedad parlamentaria de Sánchez se hace evidente cada semana por la dificultad de contentar a cada uno de sus socios. Pero las exigencias de Junts en cada votación –forzando derrotas en el Congreso a menudo o amagando con ellas hasta el último minuto– han sido la principal preocupación del PSOE desde que Sánchez alcanzase la investidura en noviembre de 2023 precisamente con el voto favorable de los siete diputados de Junts a cambio del inicio del trámite de la ley de amnistía.

Y no han desaparecido porque las grandes reivindicaciones siguen pendientes de cumplirse: el catalán no es oficial en la Unión Europea, la amnistía no se ha aplicado aún a Puigdemont, que sigue huido en Bélgica, y la cesión de las fronteras a Cataluña aún debe aprobarse por ley en las Cortes. Sin embargo, tanto en el Gobierno como en la oposición, cunde la sensación de que Junts ha perdido la credibilidad de que realmente pueda tumbar al Ejecutivo. Han sido demasiados órdagos con pasos atrás como para tomarse tan en serio a los neoconvergentes.

Ahora la izquierda, o la izquierda a la izquierda el PSOE, se convierte en la gran amenaza para Sánchez por una coyuntura internacional que no está en sus manos y que puede empeorar. La cumbre de la OTAN del próximo junio en La Haya será el punto de inflexión. Sobre todo, si se confirma que la exigencia de gasto en PIB escala hasta el 3% en el corto plazo, que es lo que también piensa el PP que ocurrirá.

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha enviado ese mensaje en Washington. El ex primer ministro de Holanda ya dijo hace meses que España se comprometería al 2% este mismo año, y eso motivó incluso una aclaración de Moncloa que hoy ha quedado obsoleta a simple vista. De confirmarse esa nueva exigencia de la Alianza Atlántica, eso implicaría para España mayores esfuerzos y compromisos, que al menos Izquierda Unida podría encontrar inaceptables.

«En 2024 gastamos 3.000 millones en defensa en todo el año, y ahora, de abril al final, vamos a gastar 10.000, es inasumible», asegura alguien con peso específico en IU, donde la palabra 'cobardía' ha llegado a estar presente para describir la actitud de Díaz en esta intensa semana. Y tampoco se han visto con buenos ojos los vaivenes declarativos de la vicepresidenta segunda. Tan pronto afirmó el miércoles en una entrevista televisiva que la coalición gozaba de «buena salud» –apenas veinticuatro horas después de que Sánchez anunciase la cifra del 2%– que presumió al día siguiente de haber trabajado para revertir la maniobra del Gobierno, sobre todo en lo referente al contrato israelí.

En el ínterin, Maíllo y Santiago, este último acostumbrado a negociar directamente con el PSOE las cuestiones más delicadas, no dieron su brazo a torcer y sostuvieron desde el primer momento que sí podía revertirse el contrato de marras firmado por el número dos de Grande-Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

Pese a todo este escenario abierto, y como siempre cuando se trata de analizar las turbulencias en el seno de la coalición, Moncloa ve el vaso medio lleno. Resumen el episodio vivido esta semana como un problema de vigilancia (apuntando a Interior, claro) que ven solventado, y que no va a tener consecuencias de ningún tipo, pues la estrecha relación (de amistad, incluso) que une a Sánchez con Marlaska, parece estar por encima de todo.

El jueves por la tarde, cuando ya se había solventado la crisis, ambos departieron amigablemente antes de la reunión del Consejo de Seguridad con el Rey en Zarzuela, que el caprichoso destino quiso fijar precisamente el día en que se ocasionó el terremoto político. La propia Díaz también se sumó, junto a otros ministros, a ese afable corrillo que fungió como 'armisticio' del conflicto.

A pesar de las amplias coincidencias entre PP y PSOE sobre la necesidad del rearme europeo y de aumentar el gasto en defensa, Alberto Núñez Feijóo tiene perfectamente identificada esta crisis como uno de los grandes elementos de desgaste para Sánchez. Y lo piensa seguir exprimiendo a raíz del episodio israelí no solo acudiendo al Tribunal de Cuentas por el contrato, como anunció el viernes, sino insistiendo en que los partidos que no crean en el plan de Sánchez lo que deberían hacer es marcharse del Gobierno. Romper la coalición.

Pero si con algo va a presionar el PP a Sánchez es con su negativa de pasar por el Congreso un plan que compromete a gobiernos y generaciones futuras. Lo que Feijóo llamó «cacicada» esta semana y que seguirá denunciando aprovechando su encuentro con el PP europeo la próxima semana en Valencia. Génova repite que no hay un caso igual en toda Europa y acusa al presidente de deslizarse por una pendiente autocrática si realmente evita pedir al Parlamento la autorización para lo que ven como la inversión más importante de la legislatura.

Moncloa, por su parte, se mantiene en sus trece de que no hay «obligación legal» de llevar el aumento en más de 10.000 millones del gasto en defensa a las Cortes, como dijo el propio Sánchez. Tampoco creen los dirigentes consultados en privado que sea pertinente o necesario. Aunque llegado el caso, los diputados sumados de los dos grandes partidos se bastarían para sacarlo adelante.