Entre expectativas y espejismos

Una, que Dignidad y Justicia sostenía que había un resquicio, una posibilidad de considerar que los hechos no habían prescrito porque aún se podían perseguir cuando se reformó el Código Penal extendiendo los plazos. Otra, que los de ETA son crímenes de lesa humanidad según marca una convención internacional al respecto y no caducan. El juez pospuso este debate al juicio y se centró en los indicios de que los etarras María Soledad Iparraguirre (Anboto), Mikel Albisu (Antza) e Ignacio Gracia Arregui (Iñaki de Rentería) formaban parte de la cúpula cuando, en 1997, ETA secuestró al concejal. Dos años duró la investigación, a golpe de informes de la Policía y la Guardia Civil que recomponían el mapa de la organización terrorista. Los tres fueron procesados en abril y, al poco, recurrieron con una única alegación: los hechos no se pueden perseguir porque pasaron casi 25 años entre el asesinato de Blanco y la querella de Dignidad y Justicia y el tope en el Código Penal de la época eran 20 años. Ese elefante llevaba en la habitación desde febrero de 2022 y tocaba entrar en harina.

La Fiscalía estuvo de acuerdo con ellos. Se repetía esos días aquello de «¿y de quién depende?», pero faltaba la Audiencia Nacional. La expectativa devino en espejismo de un plumazo la semana pasada. El lunes, se archivó la responsabilidad de Anboto y el viernes, la de Antza e Iñaki de Rentería. Los principios sobre la ampliación de los plazos de prescripción que alegaban las acusaciones populares resultaron no serlo en el Derecho español, donde rige que las normas penales nuevas no pueden aplicarse hacia atrás en perjuicio del afectado y que las convenciones internacionales, como la que esgrimía el querellante, no rigen sin antes plasmarse en el ordenamiento jurídico. La que citaban no sólo no está incorporada al Código Penal, sino que España ni siquiera la ha firmado. Para llegar a esta conclusión, la Sección Cuarta empleó dos resoluciones de más de medio centenar de páginas. Sobreseimiento libre.

Esos autos no se han leído en solitario, sino en una sucesión de acontecimientos que ha puesto a las víctimas en guardia. El nuevo gobierno vasco de coalición PNV-PSE ha firmado dos terceros grados a los etarras con delitos de sangre Harriet Iragui y Luis Mariñelarena, los primeros esta legislatura. Los firma la consejera de Justicia, socialista, y el fiscal no los recurrirá. Tampoco ha impugnado 61 de los 81 que ha concedido el País Vasco desde que asumió las prisiones en octubre de 2022 y aunque la Fiscalía viene explicando que esto se debe a que los etarras están pasando por el aro –perdón, responsabilidades civiles y tres cuartos de la pena saldada–, la imagen hoy del Ministerio Fiscal, obra y gracia de Pedro Sánchez, se zanja con su célebre pregunta retórica.

Por el camino, Bildu anunció su pacto con el PSOE sobre Seguridad Ciudadana. Lo que vieron las víctimas fue un acuerdo con «los herederos del brazo institucional de ETA», que decía la abogada de AVT Carmen Ladrón de Guevara. Difícil, apuntaba, explicar nada en ese contexto. Difícil también entenderlo.