La investidura de Sánchez, a subasta

La dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, ya trasladó al Rey Felipe VI su intención de apoyar la investidura de Sánchez durante la ronda de contactos celebrada a finales del mes de agosto. «La gente ha votado bien, no se le puede hacer ir a una repetición electoral», afirmó Díaz. De hecho, en la práctica la formación está desarrollando un papel importante en las negociaciones con Junts, llegando a reunirse la líder del partido con Puigdemont en Bruselas, y ha reclamado al PSOE un acuerdo entre ambos para conformar un Gobierno de coalición.

Sin embargo, Podemos, integrado en Sumar desde las elecciones del 23J, está tratando de marcar perfil propio, provocando tensiones dentro del propio espacio. En ese sentido, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha exigido que Irene Montero, purgada de las listas de Sumar de cara a los últimos comicios, continúe como ministra de Igualdad en un futuro Gobierno de coalición.

Más allá de la concesión de la amnistía a los encausados por el 'procés', que Junts ha establecido como condición mínima para apoyar la investidura de Sánchez, el partido de Puigdemont ha elevado el precio de sus votos en las últimas semanas, exigiendo la condonación de una «deuda histórica» del Estado con Cataluña, que una comisión del Parlament ha cifrado en 455.900 millones de euros. En el mismo paquete, la formación independentista ha reclamado el traspaso de las competencias para crear una Agencia Tributaria de Cataluña para que la Generalitat pueda recaudar sus impuestos.

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Además, aunque Junts todavía no ha hecho una petición explícita al PSOE en el marco de la investidura, no ha renunciado a la vía unilateral, con la autodeterminación en el horizonte. La portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, aseguró la semana pasada en el hemiciclo que el momento de «hablar de autodeterminación» será en «algunas semanas».

De forma similar a lo que ocurre en el País Vasco, ERC y Junts libran una pelea por capitalizar los réditos que consigan extraer en las negociaciones con el PSOE de cara a la sesión de investidura. Sus exigencias son muy similares, aun así, pese a que ambos han establecido como una «línea roja» la cuestión de la amnistía, los de Oriol Junqueras han tratado de diferenciarse del antiguo espacio convergente reivindicando este sábado la proposición de ley de amnistía que promovieron en 2021. «Llevamos mucho tiempo con ello. El trabajo está hecho», manifestó la portavoz de ERC, Raquel Sans, durante una entrevista en el programa 'Faristols' de Radio 4.

Opera en el mismo marco que lo anterior la reclamación del traspaso de las competencias sobre Rodalies, el cercanías catalán, a la hora de brindar su apoyo al PSOE. También, aprovechando la polémica generada en torno a la convocatoria de la selección española femenina de fútbol, la formación independentista ha puesto sobre la mesa una modificación de la Ley del Deporte para acabar con la obligatoriedad de acudir a las convocatorias del equipo nacional.

Habiéndose declarado abiertamente favorable a la investidura de Sánchez ante la necesidad de «echar a la derecha», Bildu no ha concretado la reclamación de ninguna contrapartida. Avances para la clase trabajadora y en la Ley de Vivienda fueron dos de sus proclamas más escuchadas durante la campaña electoral del 23J. Sin embargo, la cuestión de fondo que persigue la formación abertzale es la reivindicación de la nación vasca con la apertura del debate territorial. Así lo constató este domingo la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en un llamamiento a «reconocer las naciones del Estado».

Por su parte, el PNV busca las transferencias pendientes del Estado con el País Vasco. La guinda para los peneuvistas, la competencia sobre la Seguridad Social. Esto dentro de un pacto de mínimos, pues Andoni Ortuzar y Aitor Esteban, presidente del Euzkadi Buru Batzar y portavoz del PNV en el Congreso, también quieren incidir en la cuestión territorial, planteando el desarrollo de una Convención Constitucional, que dé privilegios a las conocidas como comunidades históricas (Cataluña, Galicia y el País Vasco) sobre las demás.