El instructor del Supremo emplaza a García Ortiz a que designe un abogado a efectos de su imputación
El juez Hurtado resolverá aparte la petición de suspensión del fiscal general, como solicita Manos Limpias
Las polémicas que cercan la gestión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, ha dictado este miércoles un auto en el que incoa diligencias previas y requiere a Álvaro García Ortiz para que designe ... abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión.
En la misma resolución, da traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Manos Limpias, Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo de cinco días se pronuncien sobre la posibilidad de agruparse en una sola acusación popular.
Hurtado deja pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador (acusación particular) así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.
El pasado 16 de octubre la Sala Penal admitió la exposición razonada que envió a Alto Tribunal el instructor del TSJM apuntando la responsabilidad del fiscal general en la difusión de la nota de prensa en la que se revelaron datos de carácter reservado sobre el procedimiento fiscal abierto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Indiciariamente existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa del Sr. González Amador, como consecuencia de la revelación del correo existente entre su letrado y el fiscal de delitos económicos (...)", apuntaba la Sala.
En su resolución, la Sala dejaba el peso de la filtración de los correos (entre el fiscal del caso y el letrado) en el propio García Ortiz y en la jefa de la Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pues en el momento en el que un medio recogió la textualidad de los mismos (a las 23:51 horas) ellos eran los únicos, al margen del fiscal del caso y el abogado, que disponían de los mismos, pues los habían reclamado precisamente para elaborar la nota informativa que difundirían al día siguiente.
Según los magistrados, la actividad instructora del TSJM quedó inconclusa «en cuanto a extremos relevantes y necesarios para valorar el elemento del tipo que estamos analizando (la revelación de secretos), en concreto, cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial, enviados por el Sr. Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa".