Imputado el hijo del líder del Polisario por su implicación en el 'caso Gali' que urdió el Gobierno de Sánchez

Esa operación clandestina tuvo lugar en abril de 2021. La investigación principal puso en el punto de mira penal al Gobierno de Pedro Sánchez. Llegaron a estar imputados la exministra Arancha González Laya y quien era su número dos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el diplomático Camilo Villarino. Tras más de un año de pesquisas, el juez que instruía la causa en Zaragoza, Rafael Lasala, decidió su archivo tras haber apuntado incluso contra Pedro Sánchez. Vio indicios de delito por prevaricación, encubrimiento y falsedad, pero finalmente dijo no haber encontrado pruebas suficientes para el procesamiento, y la Audiencia de Zaragoza dio el carpetazo definitivo al concluir que el Gobierno estaba protegido por una suerte de impunidad: fue «un acto político que excede el ámbito de la prevaricación».

Pero ahora el juez Lasala retoma el caso desde otra vertiente: la falsedad documental. Y el imputado es Luali Brahim Sid Mustafa, el hijo del líder del Frente Polisario que lo acompañó en el avión de la Presidencia Argelina que lo introdujo clandestinamente en España, a través de la Base Aérea de Zaragoza, en una operación secreta urdida de acuerdo con el Gobierno de Sánchez y con la participación de la cúpula del Ejército del Aire.

La imputación de Luali radica en el pasaporte falso con el que el líder del Polisario fue ingresado en el hospital de Logroño, al que fue trasladado con un grave cuadro de Covid. Fue trasladado en avión de Argelia a Zaragoza, y en ambulancia desde Zaragoza a Logroño, todo ello vigilado por agentes españoles que dieron cobertura a la operación.

En un principio, hace meses, el juez aceptó que Luali fuera llamado a declarar solo como testigo, porque consideraba que Gali llegó al hospital de Logroño acompañado de un grupo indeterminado de personas, miembros de la representación saharaui del Frente Polisario en España. Sin embargo, cursadas diligencias ante esa delegación saharaui, ésta ha contestado que no acompañaron a Gali porque –dicen– desconocían por completo su llegada a España. Ante esta respuesta, el juez considera que solo Luali pudo aportar ese documento falso, en tanto que era «la única persona que en aquel viaje tenía permiso para acceder a suelo español».

Ese pasaporte, del que quedó constancia documental, era notoriamente falso. El saharaui Brahim Gali se identificaba en él como un supuesto embajador jubilado de Argelia, de nombre Mohamed Benbatouche. El pasaporte llevaba el membrete oficial del régimen argelino, protector del líder del Polisario que es enemigo de Marruecos. De ahí que esa acogida clandestina de Gali en España, saltándose los controles legales de fronteras, desencadenara una agria crisis diplomática con Marruecos.

En definitiva, ahora, el juez Lasala considera que, de las pesquisas practicadas hasta la fecha, se desprende que Luali tuvo que ser quien aportó ese pasaporte falso en el hospital de Logroño. Y que, por tanto, él es presunto responsable de un delito de falsedad. Como tal le requiere ahora. En un auto que acaba de dictar, le da un plazo de diez días para personarse ante el juzgado, bajo advertencia de que, si no lo hace, será declarado rebelde.

El mismo auto insta a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a buscar activamente a este hijo de Brahim Gali para ponerlo a disposición de la Justicia. Para ello, dice el juez, «se dictarán órdenes generales de localización del citado en todo el territorio nacional».

Tras un año de severa crisis diplomática, Pedro Sánchez cedió ante Marruecos con una controvertida carta en la que rompía la tradición de la política exterior de nuestro país sobre el antiguo Sáhara español: en vez de abogar por un referéndum de autodeterminación, Sánchez dejó escrito ante el rey marroquí Mohamed VI que la mejor opción es la del régimen autonómico para ese territorio. Es decir, la misma tesis que defiende el régimen alauí.

Aquello conllevó, de inmediato, una crisis diplomática entre España y Argelia, especialmente delicada por las reservas de gas de ese país en plena crisis energética. Argelia, fiel aliada del Frente Polisario contra Marruecos, se sintió traicionada por el Gobierno de Sánchez.

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Mientras tanto, el régimen argelino ha optado por bloquear la investigación del juez Lasala, que el pasado agosto, a instancia de la Fiscalía, libró una comisión rogatoria a Argelia para que aclarara el origen del pasaporte falso con el que Brahim Gali fue acogido clandestinamente en España. No ha habido respuesta y el juez se ha visto forzado a archivar esa parte de la causa, aunque podrá ser reabierta si aparecen nuevos datos o un día Argelia llega a responder a esa comisión rogatoria.