Historiadores y constitucionalistas desmontan el discurso de Puigdemont

Puigdemont plantea un acuerdo «histórico» con el PSOE para investir a Sánchez «como el que ningún gobierno ha intentado desde 1714». ¿A qué se refiere? Al estatus político previo a la capitulación de Barcelona ante las tropas borbónicas el 11 de septiembre de ese mismo año del que gozaba Cataluña: constitución e instituciones propias. Acontecimiento que dio fin a la Guerra de Sucesión española y que, según el relato soberanista, supuso el expolio de Cataluña a manos de España.

Algo totalmente falso a juicio del hispanista Henry Kamen: «El ejército borbónico ocupó Cataluña, pero contribuyó a su crecimiento económico. Tampoco hubo represión del pueblo porque la mayoría de la población daba su apoyo a las tropas de Felipe V».

Aun así, la versión separatista defiende una auténtica guerra de secesión: la confrontación del nacionalismo catalán y el centralismo castellano. Pero historiadores como Jordi Canal desmienten que fuera un conflicto de identidades nacionales. Es más, tuvo carácter internacional para acabar derivando en una especie de guerra civil: «Una parte de la Corona de Aragón traiciona a Felipe V, pero Cataluña estaba completamente dividida». Este último fue el motivo que llevó al monarca a abolir los fueros a modo de castigo. Sin embargo, ellos, los independentistas, «hacen el juego» de decir que toda Cataluña era ostracista y antiborbónica, valora el experto.

Los separatistas «dicen que Cataluña es una de las naciones más viejas de toda Europa, pero nunca lo han sido en el sentido que ellos dicen. Antes del siglo XVIII, no existía el concepto de nación política», dice Canal. También aseguran que en 1714 se pone fin al Estado catalán. «Es falso. No había nación ni Estado, así que no lo perdieron», explica el historiador. El problema reside, según este experto, en que «hacen un uso de las palabras con sentido contemporáneo, aplican al pasado una visión anacrónica y lo distorsionan siempre». «El relato dominante del soberanismo catalán, desde el punto de vista de la Historia, es una invención. Hacen trampa. Manipulan permanente del discurso», asevera.

En la misma línea se expresa Kamen: «Cataluña nunca fue un territorio separado de España. En 1714, sólo eran un Principado con ciertos derechos que perdieron con la ocupación de Barcelona. Insistir en que tenía características de un Estado casi independiente es totalmente falso. No tiene base histórica. Exagera aspectos de su historia para contribuir a su relato».

Catedráticos de Derecho Constitucional consultados por este diario afirman que un indulto general para un grupo de personas, como supondría realmente la amnistía, además de inconstitucional sería contrario a los principios de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y cumplimiento de setencias.

«Existe consenso en que si se aprobase una amnistía, requeriría una ley y que los amnistiados deberían pedir perdón y renunciar a cometer los mismos delitos», afirma Elviro Aranda, de la Universidad Carlos III de Madrid. Precisamente Puigdemont no sólo no se arrepiente de impulsar el referéndum del 1 de octubre de 2017, sino que pide otro «pactado» al Gobierno, para lo que habría que reformar la Constitución. «Nos regimos por leyes, no por los deseos de políticos», ahonda José Manuel Vera Santos, de la Universidad Rey Juan Carlos.

El líder 'espiritual' de Junts desde Bruselas también puso como condición que el independentismo sea «legítimo», cuando el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional constataron que no se juzgó a los impulsores de la ruta independentista por su ideología. «Legitimidad democrática tienen todos los partidos que participan en la vida política y los procesos electorales, y ellos acaban de participar en las elecciones generales obteniendo representantes. La legitimidad la dan las urnas», recuerda Aranda.

Los expertos ven ambigua la definición de «mediador» para la negociación. Si Puigdemont se refiere a un secretario, no le ven valor jurídico. Pero si habla de un supervisor internacional, ven que una negociación entre Cataluña y España como si fueran estados equiparables no cabe en nuestro ordenamiento.

«Puigdemont dice que la negociación tiene que ser en el ámbito internacional y de los derechos humanos. Y no. El marco es el marco constitucional y él ya está diciendo que no se ajusta a la Constitución. Por eso habla del abandono de la vía judicial, lo que no puede significar otra cosa que no se somete al Estado de Derecho», recuerda Aranda. En cuanto al catalán como idioma en la Unión Europea, Vera Santos ve que debería ser «previa reforma del artículo 3 de la Constitución» que establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado.

«Cataluña es un país rico pero de ciudadanos con muchas necesidades y unas instituciones sin recursos para atenderlas». Junto al paquete de reivindicaciones políticas, Puigdemont añadió las materiales. Como marco general, planteó que Cataluña padece un déficit fiscal anual de 20.000 millones de euros, es decir, la diferencia entre los recursos aportados a las finanzas del Estado y lo que la administración central gastó en territorio catalán. La cifra representa el 8,5% del PIB catalán, una cantidad que se considera del todo exagerada -de hecho hay múltiples maneras de contabilizar las balanzas fiscales- y que cojea por una cuestión de base: son los ciudadanos los que pagan impuestos, que a su vez reciben una serie de servicios, bien sean del Gobierno o de la Generalitat en este caso. Tener que compensar a la Generalitat por el hecho de que sus ciudadanos paguen más impuestos por su mayor nivel de renta rompe cualquier principio de solidaridad: los territorios por delante de los ciudadanos.