El hijo de Pumpido, en manos del abogado top de los narcos

Natural de Cádiz y a punto de cumplir 52 años, es dueño de un despacho, Sotogrande Abogados, ubicado en la exclusiva urbanización gaditana y es conocido por ser el representante legal de mafiosos.

Entre los investigados para quienes ha conseguido logros figuran Mohamed Taieb, 'El Nene', a quien se da por muerto y que orquestó las mayores entradas de hachís a España por El Estrecho o Alex Male, uno de los prófugos más buscados de Reino Unido, para quien consiguió la libertad en Portugal, donde fue detenido y acusado de blanqueo del narcotráfico.

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Ricardo Álvarez-Ossorio es hoy un penalista exitoso -sin ir más lejos el año pasado ganó el premio Toga de Oro a la Excelencia Jurídica, según figura en la web de su bufete- aunque comenzó su carrera combinando la pasantía con su puesto en una sucursal bancaria en Rota (Cádiz). Durante una entrevista en Cope, explicó que empezó a ejercer la abogacía en los años 90, como abogado de oficio de unos hispano-marroquíes acusados de narcotráfico. A partir de ahí, casi todas sus causas han sido relativas a Salud Pública y se ha ganado el apodo de «abogado del diablo», que asume.

Estos días, por el perfil público de su defendido, no sólo está ejerciendo como su abogado, sino también como su representante. Sin ir más lejos, este lunes afirmó durante una entrevista en Telecinco que sospecha que la denuncia por agresión contra Conde-Pumpido tiene un doble interés para dañar la imagen de su padre en pleno proceso de negociación de la amnistía entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes.

También es uno de los abogados más destacados por intentar invalidar las pruebas obtenidas de encrochat, una red de mensajería encriptada que se utiliza en el crimen organizado, y que ha venido destapando numerosas causas de narcotráfico. La legalidad del chat ha sido avalado recientemente por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por el caso Villarejo, Álvarez-Ossorio fue detenido en julio de 2018 y tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados en el primer juicio de Tándem. Se le acusaba de haber participado en el encargo que los hermanos y empresarios Muñoz Tamara hicieron al comisario jubilado para, presuntamente, extorsionar a un juez.

Por estos hechos, la Fiscalía pedía para él 14 meses de cárcel. Si bien el tribunal le acabó absolviendo del delito de descubrimiento y revelación de secretos porque el perjudicado concedió expreso perdón a todos los acusados, y no había suficientes indicios de la comisión de un delito de extorsión en grado de conspiración. El abogado al frente de su defensa en este caso fue Gonzalo Boye, conocido por ser el representante legal del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.