El hermano de Sánchez pide invalidar los correos que intervino la UCO

En el escrito de 12 páginas, al que tuvo acceso ABC, el abogado del músico sostiene que no existen indicios suficientes que justifiquen una medida tan lesiva, pues los investigadores, con autorización de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, procedieron también a la descarga de las cuentas electrónicas de otros ocho miembros de la institución pública entre 2016 y 2022, incluida la de su presidente Miguel Ángel Gallardo (PSOE), por la «coyuntura de ostentar o haber ostentado un puesto» en este organismo provincial.

La defensa de David Sánchez apunta, en concreto, a una vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva. Y acusa a la UCO de «inaugurar una nueva línea indagatoria» por centrarse en las gestiones que existieron en torno a la creación y adjudicación del puesto que acabó ocupando el hermano de Pedro Sánchez, «sin aval alguno» y basándose en argumentos «abstractos».

Fue el pasado día 10 cuando agentes de la Guardia Civil entraron en la Diputación de Badajoz y, durante casi cuatro horas, volcaron los mensajes tanto del hermano del presidente del Gobierno como de las personas que intervinieron en su proceso de selección. Hace dos días, debido a un fallo informático, volvieron al organismo para repetir la descarga del correo corporativo de David Sánchez tras detectar que había espacios temporales de las comunicaciones sin contenido.

Según alegaron entonces los investigadores, la diligencia era necesaria porque la documentación aportada por la institución pública resultaba insuficiente para poder conocer las tareas desarrolladas por el músico. Además, por «experiencia en causas similares y la propia lógica» -explicaban-, tenían la sospecha de que los responsables de la diputación pudieron participar en «una serie de actos preparatorios en una esfera previa» a que el hermano del presidente del Gobierno fuera designado coordinador de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. Con informe favorable de la Fiscalía, la jueza instructora Beatriz Biedma autorizó la entrada e incautación de los correos que la UCO ya analiza.

No obstante, para el abogado de David Sánchez en el procedimiento «se detecta sin esfuerzo la ausencia de indicios habilitantes para la práctica de esas diligencias indagatorias». En su recurso, fechado el pasado jueves, recuerda que la causa judicial tiene su origen en una denuncia presentada por Manos Limpias en la que no hay «mención al modo en el que fue convocada o adjudicada» dicha plaza «ni a su cambio de designación, que resulta, a lo que se ve, turbio» - reprocha-, en referencia al cambio de nomenclatura que sufrió el cargo en cuestión y por el que la jueza se ha interesado también. En la misma tampoco se hace alusión, insiste, «a las autoridades o funcionarios a los que la UCO intervino sus comunicaciones».

Por todo ello, el abogado del músico, Emilio Cortés, defiende que no era necesario intervenir esa «extraordinaria cantidad de correos electrónicos pertenecientes a nueve personas durante 84 meses, arrojando el resultado de la multiplicación de una cifra y otra un volumen de datos impropio de esta clase de diligencias, casi infinito». Teniendo en cuenta, además, que existían alternativas «menos comprometedoras», expone, para poder recabar la información relativa a la adjudicación del puesto, como citar en calidad de testigos a las personas que intervinieron en el proceso de selección o librar un tercer requerimiento a la diputación si se consideraba insuficiente la documentación aportada hasta el momento.

No es la primera vez que David Sánchez se dirige a la jueza. Ya el pasado 20 de junio presentó un recurso en el juzgado pidiendo el archivo del caso, que enmarcó en una «contienda política» motivada por ser el hermano del presidente. Por su parte, la instructora Beatriz Biedma, que incoó diligencias por presuntos ilícitos contra Hacienda, la Administración Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, aseguraba en un reciente auto que los datos recabados este último mes y medio «no hacen sino reafirmar la existencia de los indicios de la comisión de los delitos investigados».