Guardias civiles amenazan con detener a vigilantes de Nuevos Ministerios

La razón de la disputa es el cumplimiento del protocolo de seguridad del ministerio, que establece que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo accederán al interior del complejo armados y sin mostrar el DNI cuando vayan en comisión de servicio. Es decir, si entran, por ejemplo, como Policía Judicial para requerir las grabaciones de las cámaras, proceder a una detención o inspeccionar el subsuelo. Por el contrario, si acceden para tomar algo en la cafetería, comer en el restaurante o a cortarse el pelo en la peluquería del edificio, deben mostrar el DNI al personal de seguridad privada de la contrata que gestiona el acceso y haber dejado el arma en el armero de la Guardia Civil.

Este protocolo lleva vigente dos décadas, desde 2004, pero en el pasado no se aplicó o se hizo con laxitud. Ocurre que el actual subdirector general de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis del ministerio, el inspector de la Policía Nacional Rubén Eladio López, ordenó al equipo de seguridad privada su cumplimiento. Nombrado por José Luis Ábalos, fue confirmado por Raquel Sánchez, la actual ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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El motivo es que, según fuentes del ministerio, López, que es el jefe de seguridad del complejo, no quiere que dentro del edificio haya gente armada, incluso con fusiles de asalto, por motivos de seguridad y porque da miedo a algunos funcionarios. También desea conocer la identidad de quien accede al edificio, lo que no es posible sólo con el TIP, el número de identificación profesional de cada agente (a quién corresponde ese TIP es una información que tendría que pedir un juez, pues sólo figura en las bases de datos policiales).

El problema surgió cuando los guardias civiles se negaron a entrar sin armas y mostrando el DNI, lo que ha provocado escenas de gran tensión, según los partes firmados por los vigilantes, quienes refieren que los agentes no sólo no se identifican, sino que también exigen lo mismo para particulares que les acompañan.

Uno de los partes del contratista de seguridad privada, el Grupo Surestes, a los que ha tenido acceso ABC, refleja que el 21 de julio de 2022 el subteniente del destacamento de la Guardia Civil pidió autorización para entrar con una visita «para tomar café». Cuando le dijeron que «debía hacerlo de manera ordinaria», respondió a los miembros de seguridad privada con «actitud beligerante» y les amenazó con llevarse «detenido a todo el que impida la entrada a cualquier persona que vaya acompañándole». El subteniente alegó que «cómo es posible que una empresa de seguridad privada me deniegue el paso a mí, que soy agente de autoridad».

Lo cierto es que el Ministerio del Interior, del que dependen obviamente Policía Nacional y Guardia Civil, ha dado la razón a los agentes de verde y lo ha hecho remitiendo una instrucción al ministerio desde la Secretaría de Estado de Seguridad. Fuentes oficiales del departamento de Interior han dicho a ABC que «un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado uniformado y en el ejercicio de sus funciones no puede ser desarmado por una empresa privada». Añaden que «la identificación de un miembro de la Guardia Civil uniformado es su número profesional, no debe ser identificado de ninguna otra manera». Cabe especificar que el arma no se debe entregar a los vigilantes jurados, sino que el guardia civil en cuestión la tendría que dejar en el armero de las dependencias correspondientes. No obstante, desde la propia Guardia Civil refieren a este diario que sus agentes pueden acceder al ministerio armados y sin presentar el Documento Nacional de Identidad «conforme a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la de Seguridad Privada».

En otro de los incidentes referidos, éste muy reciente, el pasado 8 de mayo, el capitán del destacamento de la Guardia Civil se dirigió a la puerta principal «sin ser personal adscrito al Ministerio de Transportes ni desarrollar función alguna en el interior del ministerio», ante lo que la vigilante de seguridad le pidió acreditarse. La respuesta del capitán fue ésta, según el parte: «Yo soy la autoridad y no tengo necesidad de acreditarme. Ahora aviso a los guardias para que vengan a identificarte a ti».

Los guardias civiles que vigilan el perímetro exterior del complejo de Nuevos Ministerios sí pueden acceder armados a una dependencia propia que tienen en el interior de Transportes, a la que se entra por el conocido como túnel de autoridades. El conflicto está en el acceso por el 'hall' principal para dirigirse a zonas comunes del edificio sin dejar el arma en esas dependencias.

Antes de este último incidente, el pasado 15 de febrero, la Unión Federal de la Policía (UFP) remitió un escrito a la Dirección General de la Policía en el que denunciaba la situación. «Miembros de la Uprose de la Guardia Civil» -dice el documento- han protagonizado altercados que «han motivado un clima laboral insoportable tanto para los vigilantes de seguridad como para los funcionarios adscritos a la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis» del Ministerio de Transportes. Cita la «ostentación de armas de guerra en interior del ministerio» por parte de algunos guardias civiles encargados de la seguridad del perímetro, y denuncia la «pasividad de los responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad».

Víctor Duque, secretario general de este sindicato policial, ha declarado a ABC que este escenario es una «confrontación artificial provocada por la Guardia Civil». Añade que «tanto policías como guardias civiles deben dejar sus armas en el armero cuando acceden, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, a la Audiencia Nacional o a la Agencia Tributaria si no acuden en comisión de un servicio».

También han dirigido escritos de protesta al Ministerio del Interior las secciones de Seguridad de los sindicatos mayoritarios. UGT sostiene que los vigilantes están sufriendo «abuso de poder, injerencias, coacciones y amenazas de mandos y miembros de la Guardia Civil, que no tienen competencia alguna en el ámbito de la seguridad dentro» del Ministerio de Transportes. CC.OO. asevera que «se está produciendo una actuación por la Guardia Civil fuera de contexto, con una clara extralimitación de sus competencias». Ambos sindicatos protestan por las sanciones que algunos agentes han impuesto al personal de seguridad.