La Guardia Civil escuchó a Cueto pedir a Koldo que frenase la reclamación de Baleares por las mascarillas
Los pinchazos telefónicos vinculan al exasesor de Ábalos con la contratación de las mascarillas por parte del Gobierno de Francina Armengol
El comisionista del caso Koldo tenía un «pase especial» en el Ministerio y línea con la cúpula de Puertos del Estado
Un cabecilla del caso Koldo declara ante el juez que sólo pretendía ayudar a España a conseguir mascarillas
Koldo García en la Audiencia Nacional
El empresario, Juan Carlos Cueto, titular real de la empresa que facturó más de 50 millones de euros en contratos públicos de mascarillas por intermediación, se presume, del asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, le pidió directamente que usase su «influencia» ... para que la reclamación impulsada por el Gobierno balear al que habían colocado 3,7 millones de euros en tapabocas que resultaron ser defectuosos, no llegase a buen puesto.
Según expone un auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno al que tuvo acceso ABC, Cueto supo el 17 de octubre de 2023 que el Ejecutivo balear estaba reclamando a Soluciones de Gestión SL aproximadamente tres millones de euros porque las mascarillas que se entregaron en 2020 no tenían la calidad que se pidió. «Desde ese momento hasta el día 12 de enero de 2024», señala el auto citando oficios emitidos por la Policía, el empresario «ha solicitado la influencia de Koldo para que no prospere».
De este modo, los pinchazos telefónicos realizados por la Policía confirman la vinculación del exasesor del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con la venta de mascarillas defectuosas al Gobierno que entonces presidía la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Según el auto, Cueto quiso aprovechar la «situación derivada de su relación personal con funcionarios públicos y/o autoridades» para presionar e influir con el objetivo de lograr «una resolución beneficiosa para Soluciones de Gestión SL».
La cronología del caso mascarillas, que salpica a Baleares, tiene como punto de partida un lote de recibido el 4 de mayo de 2020. La compra se hizo directamente a través de un contrato a dedo a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. bajo el criterio de excepcionalidad que se vivía en esos momentos por la pandemia del coronavirus.
Según se desprende de la investigación en curso, esta empresa no tenía actividad previa, ni tampoco tuvo actividad posterior. Por tanto, su única actividad fue mediante contratos de administraciones del PSOE durante la pandemia, pasando de facturar cero euros en 2019 a más de 53 al año siguiente.
La calidad
Poco después de recibir el pedido, el día 25 de mayo de 2020, el gobierno regional solicitó al Centro Nacional de Medios de Protección que analizara la calidad de estas mascarillas. El 8 de junio recibió el resultado del análisis, que determinó que no reunían las condiciones de calidad suficientes. En consecuencia, el Servicio de Salud retiró estas mascarillas de la distribución y las almacenó como «stock de seguridad».
Según informó ayer el vicepresidente del Gobierno balear, el 20 de noviembre de 2020 la dirección general de Fondos Europeos verificó el gasto y determinó que se podía financiar al 100 % con fondos europeos porque el Servicio de Salud no incluyó en el expediente el informe que certificaba que las mascarillas eran defectuosas. De este modo, el Ejecutivo de Armengol ocultó que la mercancía recibida no era correcta para conseguir financiación europea. El actual Ejecutivo balear, del PP, ya ha anulado esta certificación, lo que supone perder ese dinero, que tendrá que reclamar por otras vías.
Una reclamación con la investigación de Fiscalía abierta
En julio de 2022, cuando habían pasado más de dos años de la recepción de la mercancía, la Guardia Civil reclamó por escrito al entonces director de presupuestos del Servicio balear de Salud, Manuel Palomino (PSOE) que entregara el expediente de la compra de estas mascarillas.
Pese a tener conocimiento de que había una investigación en curso por posibles estafas en otras comunidades autónomas, Salud no tramitó la reclamación hasta un año después, justo el mismo día que Armengol era relevada por Marga Prohens en la sede del Gobierno de Baleares.
El 6 de julio de 2023, el Servicio de Salud emitió un informe de propuesta de resolución parcial del contrato de emergencia por los defectos en la calidad del producto. Explicó que había contratado un tipo de mascarilla FFP2 que no se correspondía con las mascarillas quirúrgicas que el intermediario le había proporcionado. Y un mes después, el Ejecutivo balear rubricó el proceso el 24 de agosto.
Aún hoy este lote sigue abandonado en un almacén de los servicios generales del IB-Salut de Palma sin posibilidad de darle uso porque, de hecho, muchas de las mascarillas ya están caducadas. El actual departamento de Salud del Gobierno de Prohens ha anunciado que acudirá también a la vía penal para reclamar el coste total de la operación, cercano a los 4 millones de euros.
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