La Guardia Civil entró en el teléfono de una veintena de sospechosos

Lo revela una de las piezas separadas del procedimiento al que tuvo acceso ABC: a lo largo de varios meses entre finales de 2019 y principios de 2020 se intervinieron los teléfonos móviles de al menos 15 personas. No eran sólo escuchas telefónicas: era un software instalado sin su conocimiento que daba acceso a la Guardia Civil a todo el contenido del terminal y permitía, incluso, activar el micrófono.

Llama la atención que en esa lista de personas está Elías Campo, experto en telecomunicaciones y coautor del polémico informe de la entidad canadiense CitizenLab que acusaba al Estado de espiar mediante Pegasus al independentismo de forma injustificada.

En aquel informe aparecían asimismo los también expertos en informática Pau Escrich y Jordi Baylina; los exdiputados en el Parlamento de las CUP, David Fernández; y Podemos, Albano Dante Fachín; y Joan Matamala (hermano del amigo de Puigdemont José María Matamala).

Todos ellos estaban siendo investigados en este procedimiento, pero no era Pegasus lo que tenían en su teléfono móvil. Lo que manejaba la Guardia Civil no es el software israelí sino una aplicación de Sitel (el sistema de escuchas por excelencia de las fuerzas policiales) que en cierto modo, se le parece, porque permite un acceso casi total al contenido del terminal, desde la agenda y los contactos a las notas y los documentos, pasando por la posibilidad, llegado el caso, de activar el micrófono. Para los agentes, la intrusión en los dispositivos móviles de estas 15 personas era entonces de «máxima importancia y trascendencia para la investigación».

Lo justificaron, en todas las ocasiones, con los mismos argumentos: dada la escasez de conversaciones telefónicas detectadas así como la posibilidad de que los encartados estuvieran utilizando aplicaciones de mensajería securizadas como Signal o Wire para mantener conversaciones sensibles o que pudieran comprometer la seguridad jurídica de los investigados. Y así lo trasladaron.

En todas estas intervenciones, consta informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a favor y auto del juez Manuel García Castellón que habilita la instalación. A veces, no conseguían infiltrarse en el terminal, como reflejan diversos informes, y habían de pedir prórrogas de la autorización para volverlo a intentar.

En otros casos lo que se encontraron fue que el móvil objeto de la escucha no lo utilizaba el sospechoso y debían darlo de baja. También constan casos en que quisieron seguir escuchando más tiempo y el juzgado no autorizó la prórroga, y otros en que directamente se negó autorización, como ocurrió con el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay. Sin la intervención ha acabado igualmente imputado, como el expresident de la Generalitat.

De hecho, de acuerdo a la documentación revisada por ABC, sólo uno de los que se vieron intervenidos mediante ese software ha acabado en el auto de imputaciones del juez. Se trata de Jaume Cabaní, presunto gestor financiero de Tsunami Democràtic y, como el resto, está señalado por terrorismo.

En cuanto a los demás, constan por ejemplo el que era en las fechas presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, la secretaria del propio Puigdemont y la hermana y la secretaria del exconseller también prófugo Toní Comín, entre otros.