UCO: cuando el PP también estuvo bajo la lupa de la unidad de élite

Fueron los agentes del chaleco verde con letras amarillas quienes, en 2017, detuvieron, por ejemplo, a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por supuestas irregularidades en su gestión del Canal de Isabel II cuando estaba al frente. También fueron ellos quienes arrestaron, tres años antes, a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, y encontraron en casa de sus suegros un maletín con 922.000 euros que el político había escondido en un armario.

La misma unidad fue la encargada de llevar a cabo también la operación contra Eduardo Zaplana, exministro de José María Aznar, por la adjudicación de estaciones de ITV a cambio de comisiones cuando era presidente de la Generalitat valenciana y el posterior blanqueo de los beneficios a través de una estructura societaria en Andorra, Luxemburgo o Panamá. La UCO fue quien se personó en su domicilió en mayo de 2018 para proceder a su detención y quien se encontró su despacho prácticamente inutilizado - aún no se le habían quitado los plásticos ni al ratón del ordenador- cuando registró la sala, ubicada en las oficinas centrales de Telefónica en la Gran Vía madrileña, empresa por la que había fichado diez años antes como delegado para Europa.

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Por esta causa, la Audiencia Provincial de Valencia lo ha condenado a diez años y cinco meses de cárcel, así como a pagar una multa de 25 millones de euros por delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental y blanqueo. Le absolvió, eso sí, del delito de pertenencia a organización criminal.

En 2019, un informe de la UCO propició igualmente la imputación de tres expresidentes de la comunidad de Madrid del Partido Popular, en el marco del caso Púnica: Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cistina Cifuentes.

Dicho informe, de 128 páginas, concluía que el partido regional se había financiado con donaciones ilegales y fue dopado a las campañas electorales de 2007 y 2011. El informe policial también informaba de presuntas irregularidades cometidas en el contrato de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid.

No obstante, tras la práctica de diligencias, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional archivó la causa contra Cifuentes al entender que no se había acreditado su participación en la presunta financiación irregular del PP; y no apreció delito en la concesión de la cafetería de la Asamblea al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, cuando ella presidía la mesa de contratación.

También se acabó archivando la causa para Aguirre. Según el auto de sobreseimiento, no se pudo acreditar que tuviera conocimiento de las irregularidades ni del desvío de dinero público para promocionar su imagen. Tampoco se envío a juicio por estos hechos a Ignacio González.

La Sala de lo Penal confirmó la decisión del instructor Manuel García-Castellón, desestimando los recursos interpuestos por el PSOE, que ejercía la acusación popular en la causa.

Pero hubo más. La Unidad Central Operativa también apuntaló los indicios del caso Taula, donde se investigaban presuntas prácticas irregulares por parte de varios cargos del Partido Popular e instituciones bajo su control. Los agentes entraron en la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia, así como en domicilios y empresas públicas. Detuvieron, entre otros, al expopular Alfonso Rus. La operación acabó costando la imputación en el Tribunal Supremo a la fallecida Rita Barberá, exalcaldesa de la ciudad, por el llamado 'pitufeo', relativo a la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales en la campaña electoral de las municipales de 2015.

En 2021, por la compra de material sanitario durante la pandemia, agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil explotaron, además, la operación Lúa, que se saldó con la detención de once personas, entre ellas el vicepresidente del PP de la Diputación de Almería. Se trata de Óscar Liria, a quien acabó investigando un juzgado por el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de contratos de mascarillas en abril de 2020.

Después los guardias civiles se convertirían en la policía judicial del caso Koldo, en el que detuvieron a una veintena de personas, entre ellas la mano derecha del exministro socialista José Luis Ábalos, Koldo García. El Supremo acabó imputando también al político después de que la UCO le otorgará un papel destacado en la trama. Igualmente, llevan las pesquisas en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Y también se encargaron de la investigación de su hermano, David Sánchez.

Lo que destacan las fuentes consultadas por ABC - que trabajaron durante años mano a mano con la UCO desenmarañando distintos casos de corrupción- es la independencia con la que trabajan sus agentes, eso sí, siguiendo siempre los requerimientos del juez instructor correspondiente en cada asunto. No van por libre.

Las mismas fuentes coinciden en algo: la dureza de sus informes, independientemente del signo político de sus protagonistas. Las presiones en casos mediáticos recuerdan, además, no son nuevas. «Eran y son espantosas», zanja uno de los consultados. No obstante, es algo que se asume como parte del cargo.

Como ya informó este diario, la UCO se mantiene al margen de toda la polémica levantada esta semana por las maniobras de supuestos 'fontaneros' del PSOE para conseguir información comprometida sobre el Instituto Armado. Son conscientes de lo sensibles que son sus investigaciones, pero hay tranquilidad y la convicción de seguir haciendo el mismo trabajo que se ha venido realizando hasta ahora, por mucho que, entre unos y otros, se intente difamar a la unidad. Ahora y en el futuro.