El Cesid usó dos sociedades pantalla para pagar el chantaje a Bárbara Rey

El negociador por parte de Bárbara Rey fue el periodista Santiago Arriazu, quien, según fuentes de su entorno, cobró un 20 por ciento de comisión por sus gestiones. A principios de octubre de 1997 se llegó al acuerdo para que el vídeo que Bárbara Rey hizo mediante cámara oculta en su casa en una visita del Rey Juan Carlos no saliera a la luz. La grabación se había producido tres años antes, el 22 de junio de 1994, el mismo día de las fotografías en el porche de su casa que publicó recientemente la revista neerlandesa 'Privé'.

Noticia Relacionada

El Cesid entregó a Bárbara Rey varias bolsas con hasta 50 millones de pesetas a cambio de su silencio

Javier Chicote

Fuentes que intervinieron directamente en las negociaciones han descrito a ABC cómo se produjeron y cómo se realizaron los pagos. A finales de octubre, concretamente el día 24, dos agentes del Cesid, 'Aurelio' y 'Andrés', se personaron en el domicilio de Santiago Arriazu, un chalet en la urbanización Las Lomas de Boadilla del Monte (Madrid). Trajeron consigo una bolsa con 50 millones de pesetas en metálico. Era el primer pago de los 600 millones pactados. Bárbara Rey y la entonces esposa de Arriazu, Danielle Sánchez, contaron el dinero. Esta última dijo hace unas semanas en el programa 'Dviernes', en Telecinco, que «los billetes estaban muy manoseados, sucios».

Cuarenta millones se los quedó la vedete y los diez restantes, el 20 por cien pactado, el matrimonio Arriazu. El propio Santiago, delante de los dos agentes de los Cesid, quemó la cinta en su barbacoa después de que fallara el aparato que habían traído los espías para destruirla. La cinta contenía el vídeo -de mala calidad- y el audio -bueno- del jefe del Estado y Bárbara Rey en el dormitorio de la vedete. A esas alturas la actriz ya se había ocupado de realizar hasta once copias, como desveló este diario. Se encargaron de realizarlas Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey, y Carlos Hugo Arriazu, vástago de Santiago Arriazu. Éste, el padre, en teoría no era conocedor de que existían más copias.

Noticia Relacionada

El administrador del Rey Juan Carlos metió «miedo» a Bárbara Rey

JAVIER CHICOTE

Colón de Carvajal la «asustó», según reconoció a Manglano, durante las negociaciones para frenar la publicaciones de grabaciones y fotografías

A partir de ahí, según las fuentes consultadas, los pagos ya no se hicieron en metálico, sino por banco, dándoles una apariencia de legalidad. Para ello intervino una persona «del entorno del Cesid» que tenía una agencia de comunicación. Esta empresa recibía los pagos, en torno a cinco millones de pesetas mensuales (30.000 euros), y los canalizaba siempre según el reparto pactado, el 80 por ciento para Bárbara Rey y el 20 por cien para Santiago Arriazu. El periodista editaba una revista llamada 'Meda', que cobraba ese 20 por ciento mediante contratos publicitarios. Según fuentes cercanas a Arriazu, los anunciantes eran grandes empresas españolas, que estarían haciendo al Cesid y al Rey el 'favor' de facilitar los fondos camuflados como publicidad. Desde el entorno de Arriazu aseveran que era «legal». Cobraba por anuncios y los publicaba. Fuentes conocedoras de los pagos aseguran a ABC que también se utilizó publicidad institucional, pero desde el entorno del periodista se refieren únicamente a empresas privadas. Según estos testimonios, la agencia colaboradora también firmaba contratos con la artista para hacerle llegar su parte con una apariencia de legalidad.

El Gobierno de José María Aznar estaba al tanto del chantaje y de la fórmula para 'solucionarlo'. No sólo intervino el Cesid, precursor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que depende del Ejecutivo, sino que también trataron el asunto con Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad del primer Gobierno de Aznar.

Ni el Cesid, ni La Zarzuela ni ningún otro organismo público denunciaron estos hechos como una extorsión. Además, por el tiempo transcurrido, habrían prescrito, incluido, por supuesto, los aspectos fiscales.

Los pagos del primer chantaje -25 millones de pesetas y contratos con TVE- se produjeron en la recta final del Gobierno de Felipe González, en 1994, mientras que el segundo, el recién relatado, se extendió en la etapa de Aznar y los primeros meses del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando, según su primer director del CNI, Alberto Saiz, se terminó con esta práctica. Zapatero ganó las elecciones del 14 de marzo de 2004.

El pacto con Bárbara Rey era por diez años, esto es, desde 1997 hasta 2007, a razón de unos 50 millones de pesetas anuales. Según fuentes cercanas a Santiago Arriazu con pleno conocimiento de los hechos, los últimos pagos se produjeron «en 2005». Es decir, es cierto que fue Zapatero el que terminó con ellos, pero no nada más llegar al Gobierno, sino un año después, según esta versión. Fuentes oficiales del Ministerio de Defensa, de quien depende el CNI, han declinado, a preguntas de ABC, entrar en esta cuestión, pero las de aquella época, cuando el director del Centro era Alberto Saiz y el ministro José Bono, aseguran, tras conocer la versión del entorno de Arriazu, haber terminado con esta práctica en 2004, en cuanto comprobaron que se hacía.

La cifra de 600 millones de pesetas se la reveló el propio Rey Juan Carlos al teniente general Emilio Alonso Manglano en una conversación el 2 de octubre de 1997. Consultadas varias fuentes, cabe la posibilidad de que no se llegara a completar, pero sí se abono la inmensa mayoría.