El Gobierno vasco concede el tercer grado a Susper, el 'notario' de ETA

Según informan en fuentes jurídicas a ABC, en el caso de Susper, que no tiene delitos de sangre en España y ya cumplió pena de prisión por lesiones a una víctima en Francia, ha pesado en su favor además del dictamen de la junta de tratamiento de la cárcel de Martutene y su compromiso de pago de las responsabilidades civiles, el hecho de que presentó un escrito de reconocimiento de los hechos y repudia del terrorismo que a diferencia de lo que venía ocurriendo con otros presos de ETA, que reproducían plantillas anodinas, ha resultado creíble.

Asimismo, a cumplido las dos terceras partes de la pena que confirmó en su contra el Tribunal Supremo en el año 2013, seis años y medio de prisión por colocar explosivos y generar daños, después que de Francia le hubiese entregado temporalmente a España para que fuese juzgado. En 2022 fue trasladado a Guipúzcoa para saldar esa pena desde la prisión francesa donde cumplía dos condenas de 30 años cárcel y una de 15, entre otros delitos, por el homicidio frustrado de un gendarme tiroteado en noviembre de 2001.

Susper, que según informó Etxerat tras su acercamiento, padece una enfermedad incurable; llegó a jefe militar de ETA en una época en que la que se sucedían las operaciones policiales que descabezaban la cúpula de la banda terrorista cada vez que se recomponía. Llamado a suceder a José Antonio Olarra Guridi, su caída en el año 2002 marcó un antes y un después por la cantidad de documentación que se le incautó y que sirvió para desencadenar un centenar de detenciones.

Se trataba de notas a mano en las que minuciosamente, había trazado una fotografía de las entrañas de ETA en la época: listados de 'legales', nombres en clave, taldes activos, personas que estaban en fase de captación, mapas... Los papeles fueron desentrañados por las Fuerzas de Seguridad del Estado en un ingente esfuerzo que les llevó a conocer el diseño y la estructura del subaparato de captación de la rama militar de la banda terrorista hasta incluso identificar a sus responsables en los distintos territorios y las funciones que tenían asignadas.

En total, el País Vasco ha concedido ya 69 terceros grados a 56 presos de la banda terrorista ETA, pues en más de una docena de casos, ha progresado al régimen de semilibertad a reos a quienes la Audiencia Nacional les había revocado el beneficio. De hecho, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la Sala de lo Penal han tumbado un total de 16 de estas decisiones y ocho más están suspendidas por recurso de la Fiscalía, según el Observatorio de AVT.

Los últimos en incorporarse a este listado han sido Fernández Iradi e Iratxe Yañez Ortiz de Barron, que fue condenada tras ser sorprendida en 2010 a su paso por Zamora trasladando un furgón de explosivos camino de la base que ETA había montado en Óbidos, en Portugal.

Sin delitos de sangre en su haber, tiene cumplidos dos tercios de la pena y la Fiscalía no ha recurrido la progresión de grado, concedida este mes, de acuerdo a las fuentes consultadas, considerando que no tiene contraídas responsabilidades civiles y que su carta de arrepentimiento y rechazo de la violencia, como la de Susper, es creíble.

Hay un tercer grado más pero concedido por Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior). Se trata de Aurken Sola Campillo, que fue condenado a 26 años de cárcel por haber integrado en 2008 el comando «Hego Haizea» y ya tiene cumplidas tres cuartas partes de la pena. Se encontraba en la cárcel de Pamplona, tras ser acercado desde la de Burgos y ya vive fuera de prisión, después del informe favorable de la Junta de Tratamiento.