El Gobierno salva su ley de eficiencia judicial a cambio de ceder con Podemos en desahucios y ayudas al transporte
La formación de Ione Belarra amenazó con apoyar el veto del PP en el Senado a la norma
Podemos amenaza al Gobierno con tumbar una ley sobre Justicia si no retira los «desahucios exprés» que ERC y Bildu votaron «por error»
Madrid
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Iniciar sesiónPodemos convierte cada votación en el Congreso en un martirio para el Gobierno, exprimiendo al máximo el poder de sus cuatro diputados. Más aún ahora, que la confianza en el PSOE está «rota». Y la de este jueves no iba a ser la excepción. La ... formación de Ione Belarra ha permitido levantar el veto de la mayoría de Partido Popular (PP) en el Senado al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como ley de eficiencia judicial, tras pactar con el Ejecutivo la prórroga mediante decreto ley del escudo social. En concreto, los socialistas se han comprometido a extender un año la prohibición de los desahucios a familias vulnerables y —«lo que ha sido más difícil de cerrar»— seis meses las actuales ayudas al transporte público, según ha asegurado su secretaria general, Ione Belarra.
«Cuando el Gobierno escucha a Podemos es bueno para el Gobierno. La gente espera este tipo de políticas de un Ejecutivo que se autodenomina progresista», ha celebrado la líder morada, satisfecha con este nuevo acuerdo de última hora con el PSOE, a la vez que se la lamentado por no haber logrado que el acuerdo fuera más «ambicioso»: «Ojalá tener más votos», ha dicho.
En esta ocasión, no ha sido ella la interlocutora con el Gobierno al igual que con el impuesto energético, sino la eurodiputada y exministra Irene Montero, cuya vuelta a España se perfila más pronto que tarde si bien no se sabe en calidad de qué. «Mucha gente la quería exiliada, donde la tenemos ahora en el Europarlamento, pero me ha pedido que os diga de su parte que dentro de muy poco va a volver», avisó Belarra el miércoles por la noche, durante la gala de los premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) en los que Montero recibió el galardón a la mejor eurodiputada.
Junts y PNV se unen al PP para derogar el gravamen energético e invalidan la promesa de Hacienda
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Belarra ha explicado tras el pleno que el PSOE les ha prometido aprobar ambas medidas en un decreto ley en el Consejo de Ministros del próximo lunes, el último del año y el mismo en que saldrá adelante el gravamen de un año a las empresas energéticas. No obstante, se da el mismo escenario que con este tributo energético. Nadie garantiza que Junts y PNV vayan a votar a favor de convalidarlo. Sobre todo, después de haberse aliado ya este jueves con el PP para derogarlo, votando a favor de una enmienda que los populares introdujeron en la Cámara Alta e invalidando la promesa que el Ministerio de Hacienda hizo a Podemos a cambio de que los de Belarra salvaran el paquete fiscal.
Pero la formación morada insiste: «Vamos a seguir peleando para que el PSOE cumpla el acuerdo». «Si no —advierte—, no se darán las condiciones para negociar el gran acuerdo de esta legislatura: los Presupuestos Generales del Estado (PGE)». Mientras tanto, confían en que la prórroga del escudo social sí que salga adelante en la Cámara Baja: «Es el mismo paquete que ya ha salido adelante con los votos de las formaciones de esta cámara. Supongo que no habrá ningún problema», apunta Belarra.
El decreto incluirá, además, la suspensión inmediata de los desahucios en precario (también conocidos como 'desahucios exprés'), «que se acaban de aprobar aquí tras el error que cometieron Esquerra Republicana y Bildu» al votar a favor de una enmienda del PNV, ha denunciado la líder morada. El partido espera que Este fue precisamente el motivo por el cual Podemos amenazó el martes con tumbar la ley sobre justicia.
Unas palabras que han merecido, instantes después, la correción del portavoz 'jeltzale' en el Congreso, Aitor Esteban, que ha acusado a Belarra de mentir: «La enmienda del PNV no es sobre desahucios, es sobre okupas. No afecta a la familia que no puede hacer frente al pago de su vivienda. Le afecta a aquel que delinque okupando una vivienda ajena», ha escrito en X.
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