El Gobierno redobla sus ataques a la Justicia y carga contra el Supremo

Éste último puso el acento más alto en una entrevista en profundidad a primera hora en el programa 'Más de Uno', de Onda Cero, donde acusó al Tribunal Supremo (TS) de «bailar al son» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le habían preguntado si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería dimitir en caso de ser citado finalmente como investigado por el TS en la causa que indaga la filtración de un documento confidencial sobre el litigio con Hacienda del novio de Ayuso, Alberto González Amador, quien defraudó presuntamente 300.000 euros en el impuesto de Sociedades.

Repreguntado sobre si efectivamente había dicho lo que había dicho, se reafirmó y amplió la nómina de a quiénes marcaría el paso la presidenta madrileña: «El país entero… los medios de comunicación, aquí estamos hablando de un correo que no se sabe quién lo ha filtrado, pero aquí parece que es el fiscal general del Estado», aseveró. E incluso remató su diatriba afirmando que «hay que poner en jaque a todo el Estado porque este señor está en evidencia», dijo en referencia a González Amador y al hecho de que fue él quien propuso un pacto a la Fiscalía y no al revés, como filtró la Comunidad de Madrid y publicaron algunos medios, algo que no hizo ABC.

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Mariano Alonso

A mediodía la acusación de Puente ya estaba sobre la mesa y en ese escenario, Bolaños compareció con inusitada solemnidad en la sede del Ministerio de Justicia justo después de reunirse con el consejero catalán del ramo, Ramón Espadaler. Acompañado de los altos cargos de su departamento y aceptando apenas tres turnos de preguntas de la prensa, realizó un balance optimista de 2024, «el gran año de la transformación de la Justicia en nuestro país». Un aserto que justificó tanto en la renovación pactada con el Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como en la ley de eficiencia recién aprobada o en el impulso que prometió dar en 2025 a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), esto último con la indisimulada intención de limitar severamente la acusación popular. Se trata de una herramienta que el Gobierno considera instrumentalizada de manera espuria por asociaciones de extrema derecha, como algunas de las que ejercen la acusación en el caso de la mujer del presidente, Begoña Gómez.

Preguntado varias veces por las palabras de Puente, su compañero de mesa en el Consejo de Ministros evitó ser tan explícito, pero no le desautorizó. «Respecto a la pregunta que me ha hecho [sobre las palabras de Puente contra el TS] creo que el trabajo que ha hecho este Gobierno para reforzar la Justicia en el año 2024 está fuera de toda duda, hemos trabajado para reforzar, desde el punto de vista institucional, el Poder Judicial, la renovación del Consejo General era imprescindible después de cinco años y medio de bloqueo, y no es necesario recordar quién era el causante, toda España lo conoce», reiteró, evitando nadar en el mismo agua que su colega de Gabinete, pero sin desmentirle.

El enconamiento del Poder Ejecutivo con el Judicial suma así y sigue, en los últimos días de un año en el que Moncloa, con Sánchez a la cabeza, ha dado el salto cualitativo de adoptar la retórica de la denuncia de un 'lawfare' o guerra sucia judicial en su contra. Un discurso que comenzó en abril ante la investigación a Begoña Gómez y que hasta entonces era exclusivo de las formaciones a la izquierda del PSOE, singularmente Podemos. Ahora lo enarbolan los socialistas, a veces citando el anglicismo y en ocasiones no, pero con idéntica denuncia de fondo.

Las palabras de Óscar Puente en el 'prime time' radiofónico y el asentimiento por omisión del también jurista Bolaños, ministro del ramo, dejan claro que el choque de trenes entre poderes del Estado no va a remitir en el año que comenzará en apenas tres días.

Tanto en público como en privado, con 'lawfare' en los labios o sin él, y en definitiva con palabras más gruesas o más crípticas, el Gobierno está lanzado en tromba contra una judicatura que considera llena de elementos que le son hostiles y que no dudan en retorcer sus actuaciones o procedimientos. Y eso vale para la imputación del fiscal general del Estado, pero también para las investigaciones en curso sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, sin olvidar otros asuntos de no menor envergadura. Entre ellos el de la ley de Amnistía que se concedió a Carles Puigdemont a cambio del voto de los siete diputados en el Congreso de Junts per Catalunya y que no se ha aplicado del todo, como se ha quejado reiteradamente el expresidente de la Generalitat prófugo, que ha hablado gráficamente de «amnistías que no amnistían».

Todo por la decisión del TS, y en concreto del instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, de no considerar dentro del olvido legal el delito de malversación, el único que pesa ya sobre Puigdemont y por el que el Alto Tribunal condenó en octubre de 2019 a los cabecillas no huidos del golpe secesionista de 2017 en Cataluña, entre ellos el líder de ERC, el indultado Oriol Junqueras. El Gobierno reprime su descontento con la decisión, pero deja claro, como hizo el propio Sánchez el pasado lunes en su rueda de prensa de balance del año, que la amnistía ya ha tenido lugar y que sus «efectos políticos» ya están operando. Entre esto último entraría, siempre según la versión gubernamental, la entente actual entre el PP y Junts, que hasta el momento se limita a la transacción o pacto de determinadas enmiendas en el Congreso y en el Senado en materia fiscal.

Como tampoco sorprende, la denuncia del Gobierno contra la judicatura se quiebra parcialmente ante otro de los escándalos que le salpican, el caso de Ábalos, Koldo y Aldama. El mismo Puente dijo en la entrevista radiofónica de marras que si el exministro la ha hecho, «que la pague», pero él mismo extendió las dudas sobre la puesta en libertad del comisionista Víctor de Aldama tras su declaración en la Audiencia Nacional en la que acusó de cobro de mordidas a varios dirigentes del PSOE.