El Gobierno recula en 24 horas para salvar la relación con Junts

Aun así, el nuevo capítulo del órdago constante de Puigdemont, que sigue tensando la cuerda en búsqueda de nuevas contrapartidas a su favor, demuestra una vez más la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, que depende sin remedio de la voluntad de un fugado de la Justicia. El presidente de Junts amenazó este viernes con un bloqueo legislativo y desde la Moncloa se optó por medir con escuadra y cartabón cada palabra. Quien sí dio por muerta la legislatura fue el PP, que por boca de su secretaria general, Cuca Gamarra, pidió a Pedro Sánchez que convoque elecciones lo antes posible.

Este diario pidió reacciones en el Gobierno y en Ferraz a las palabras de Puigdemont, pero la tónica general fue un escrupuloso silencio escudado en la necesidad de guardar prudencia. La sensación es que las negociaciones siguen abiertas, como constató este diario en fuentes parlamentarias en el caso de la última exigencia del 'expresident': que la Mesa del Congreso tramite la proposición no de ley –iniciativa no vinculante que refleja una posición política– para instar al jefe del Ejecutivo a someterse a una cuestión de confianza. Esta última, y no la iniciativa en sí de Junts, lo obligaría a dimitir si no revalida el apoyo mayoritario de la Cámara Baja.

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J. Casillas / P. Romero

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El asunto encallado en la Mesa del Congreso, que este jueves volvió a posponer la calificación de la proposición no de ley de Junts por segunda vez consecutiva –en una decisión «sin precedentes», según denuncian fuentes jurídicas consultadas por ABC–, es fiel reflejo del cambio de tono del Gobierno, que en apenas veinticuatro horas pasó de dar por enterrada la iniciativa a obviar la patada adelante del órgano rector de la Cámara Baja y limitarse a recalcar el profundo respeto a la posición de Puigdemont.

La vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, dijo el jueves a primera hora en Canal Sur, antes del giro 'in extremis' de la Mesa, que era «de sentido común» el rechazo de la proposición no de ley de Junts porque la cuestión de confianza que reclama la formación independentista es una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejecutivo. Ese «sentido común» pasó a mejor vida cuando Sumar abogó por ganar tiempo, volver a postergar la decisión y evitar así una ruptura total con Junts, y los dos partidos representados en el Consejo de Ministros impusieron su mayoría, pese a las quejas del PP, para dejar sin calificar otra vez una iniciativa que se apruebe o no carece de efectos jurídicos.

Montero, un día después de enviar a Junts a «recapacitar» –dos días antes que ella otro miembro del Gobierno daba por rechazada la proposición no de ley de Junts–, aireaba en Málaga, antes de asistir a la firma de un convenio entre la Junta de Andalucía y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, la «inagotable capacidad de acuerdo y de diálogo» del Gobierno y, particularmente, del departamento que ella dirige: el Ministerio de Hacienda. De fondo subyace el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, todavía en elaboración, para el que el voto de Junts es vital.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también habló en Valladolid de la necesidad de «acercar posturas» para «seguir avanzando» en la negociación. Del 'hasta aquí hemos llegado' que parecía defender el Gobierno el martes, cuando dejó caer por primera vez –y así se defendió hasta la cita de la Mesa del Congreso– que iba a rechazar la tramitación de la propuesta de Junts, nada queda. Este viernes nadie se pronunció públicamente –tampoco en privado– sobre el porvenir de esa proposición no de ley, y desde Ferraz advertían a ABC: «Vamos a seguir en la discreción que siempre mantenemos en las conversaciones. Cuando haya un acuerdo, lo comunicaremos».

Uno de los asuntos pendientes es el traspaso de la gestión de la inmigración, pero ahí el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sí negó la petición de máximos de Puigdemont y garantizó, en una entrevista en RNE recogida por Ep, que no se cederá el control de las fronteras. Unas declaraciones que fueron desdeñadas por el propio Puigdemont, quien aprovechó para cargar contra el ministro: «No le han pasado las ultimas noticias y aún vive en otra moda. Estas declaraciones no son oportunas. El Gobierno tiene un problema con este ministro, este es el ministro de los espías y de los infiltrados». Una referencia directa a los policías que se infiltraron en movimientos independentistas radicales y que han sido detectados.

En cualquier caso, fue Gamarra (PP) quien elevó el tema en concreto a la posibilidad de un adelanto electoral. Una opción deseada por los populares, imposible mediante una moción de censura, según Puigdemont, pero que el líder de Junts planteó como alternativa cuando un presidente pierde el apoyo de la mayoría parlamentaria. La número dos de Alberto Núñez Feijóo, desde Badalona (Barcelona), reiteró la necesidad, desde su punto de vista, de que los ciudadanos vuelvan a las urnas, una vez que parece claro –por lo aseverado desde Bélgica– que la aprobación de los presupuestos de 2025 se aleja cada vez más.

«Este es un Gobierno que está muerto. Si un Gobierno no puede aprobar un presupuesto, si no puede aprobar leyes, si no puede aprobar decretos, el único camino que tiene es consultar a los españoles», defendió Gamarra. «Lo único en lo que Sánchez está preocupado y centrado es en luchar contra la corrupción que le está asediando», añadió, haciendo así referencia a los casos que se investigan en sede judicial y afectan al ex número tres del PSOE José Luis Ábalos, al hermano y a la esposa del presidente. «Sánchez no puede gobernar porque no tiene mayoría parlamentaria: puede sobrevivir en la Moncloa, pero nada más», insistió la dirigente popular.

Con todo, la opción de aplazar la decisión de la Mesa sobre la iniciativa de Junts, que a su vez impidió que Puigdemont y los suyos rompieran definitivamente y por completo la relación con el PSOE, permite a los implicados ganar tiempo para encontrar una salida al callejón en el que se han situado. Puigdemont valoró, en su intervención pública de este viernes, la decisión del órgano rector del Congreso, que aunque no desbloquea nada, sí permite ver, explicó, que «el PSOE ha entendido que esto no era una simple amenaza». «Han entendido que el riesgo de ruptura era real. Han rectificado. No han tomado una decisión, pero no la han rechazado como anunciaron».

De alguna forma, con la doble decisión, socialistas e independentistas ganan tiempo. De entrada, porque la suspensión o ruptura, como explicó el propio Puigdemont, no es completa y, por ahora, se limita al Congreso. Así, por ejemplo, las conversaciones para el traspaso de las competencias en inmigración, la amnistía total –es decir, que le afecte también al expresidente de la Generalitat– y, entre otros asuntos, que el catalán sea oficial en Europa al mismo nivel que el español no se detienen y siguen siendo el nudo gordiano de fondo. Está por ver si esta relación se mantiene en el tiempo. Y hasta cuándo.