El Gobierno reanudará la semana que viene la Conferencia Sectorial para negociar el reparto de menores de Canarias

Como la de todos los españoles, la jornada del 28 de abril de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la de los consejeros autonómicos de Asuntos Sociales e Inmigración, se vio truncada por el apagón nacional. Después de meses de una ya dilatada negociación política para destensar los centros de acogida de menores del archipiélago, el apagón canceló la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia que estaba prevista para este lunes, necesaria para determinar cómo será el reparto de los menores.

En esa cita, la ministra Rego iba a presentar para su debate a los consejeros autonómicos los criterios para declarar un territorio en situación de contingencia migratoria, los pormenores para llevar a cabo la acogida solidaria por todo el territorio español y los criterios de reparto de los menores por comunidad autónoma. Todos estos puntos están ya comprendidos en el real decreto ley convalidado el pasado 10 de abril para la acogida solidaria y efectiva de infancia migrante no acompañada aprobado en el Consejo de Ministros y pactado con los socios nacionalistas del Gobierno.

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El propio decreto obliga al Ejecutivo a convocar esta cita y aprobar o modificar dichos puntos -pactados con las fuerzas nacionalistas- por unanimidad. En cualquier caso, la Sectorial ha quedado en una suerte de reunión con poca capacidad de truncar los planes del Gobierno de trasladar el menor número posible de menores al País Vasco y Cataluña. De no llegar a la unanimidad para aprobar o modificar los criterios cocinados con sus socios de investidura, el Ejecutivo podrá imponer su modelo de reparto sin 'input' de las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el Partido Popular.

Estos criterios, similares a los de la anterior Conferencia Sectorial de Infancia del año 2024, fueron ponderados de manera distinta de forma que premiaba a las comunidades autónomas que más plazas hayan habilitado para acoger a infancia inmigrante y castiga a las que menos camas tienen, ya que uno de los criterios con mayor peso para determinar el reparto por detrás de densidad de población o tasa de paro es el de «esfuerzo previo realizado».

Desde que se hiciera público el acuerdo entre el Gobierno y Junts para reformar el artículo 35 de la ley de Extranjería y hacer estructural el sistema de acogida nacional, el PP se ha declarado en guerra contra esta medida que sospechan desde hace meses está pensada para favorecer a sus socios y «castigar» sus territorios que, según los datos que anunció Junts a bombo y platillo, recibirán a cientos de menores frente a los veinte que aterrizarán en Cataluña.

El Gobierno a día de hoy continúa sin dar carta de naturaleza a esos números, pero tampoco hace públicas las tablas finales. Si bien en un principio se barajó la opción de que para esta Conferencia Sectorial ya se manejarían cifras oficiales, fuentes gubernamentales explicaron a este diario que no es posible presentar esos datos hasta pasada la reunión con las comunidades, ya que estas tienen la capacidad de modificar los criterios de reparto comprendidos en el decreto.