El Gobierno promete despiezar el poder judicial para congraciarse con el PSC

Una comisión «bilateral» estudiará medidas para eludir la sentencia del TC sobre el estatuto

MADRID Actualizado:

El Gobierno empieza el curso político decidido a aplacar el enfado y el malestar del nacionalismo catalán, incluido el PSC, con el fallo del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de autonomía. Con ese objetivo y la vista puesta en los comicios autonómicos del próximo otoño, el primer Consejo de Ministros estudió un informe del vicepresidente tercero del Ejecutivo, Manuel Chaves, sobre reformas legales y traspasos de competencias a la Generalitat en los capítulos del Estatuto catalán que el Tribunal Constitucional anuló o puso pegas interpretativas.

El plan de Zapatero consiste en prometer al tripartito por la vía de la reforma de leyes orgánicas lo que el TC rechaza en su fallo, tal y como ha exigido José Montilla desde que se hizo pública la sentencia. La primera y principal exigencia es parcelar el Poder Judicial para que la Generalitat cumpla su aspiración de tener y controlar su propio «consejo de Justicia». Zapatero se propone delegar competencias en Justicia a las Autonomías pese a que el TC se haya manifestado en contra de que la Generalitat pretendiera hacerse con funciones exclusivas de la Administración central en la materia.

Legislar sentimientos

En palabras de María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno se propone «dar satisfacción a las aspiraciones de los ciudadanos de Cataluña de más autogobierno y dar también canalización a sus sentimientos “identitarios”». Con un mensaje claramente dirigido al electorado catalán que será llamado a las urnas dentro de dos meses, sobre todo al del PSC, la vicepresidenta insistió en que el Ejecutivo de Zapatero se propone «impulsar» el estatuto catalán en todos los ámbitos.

El Ejecutivo está dispuesto, además de delegar competencias del Consejo General del Poder Judicial en consejos de Justicia de ámbito autonómico, a reformar el procedimiento de casación. También como otra posibilidad de despiece del sistema judicial, el ministro de Justicia estudiará la posibilidad

de cambiar el Estatuto Fiscal para que los fiscales se puedan incorporar a esos nuevos órganos de ámbito regional.

En el caso de las competencias del «Síndic de Gregues», que el estatuto pretendía exclusivas y el Constitucional estimó que invadía las del Defensor del Pueblo, se puede plantear algún tipo de acuerdo de cooperación entre ambas instituciones.

Como entre el anuncio de una reforma de una ley orgánica y su aprobación puede pasar todo un período de sesiones en las Cortes —no estaría en marcha antes del otoño—, el grueso de la operación para congraciarse con el nacionalismo catalán y el PSC, al menos en términos de imagen, será una reunión de la «comisión bilateral Estado-Cataluña» en el mes de septiembre en la que se negociarán cesiones y traspasos para el tripartito en el poder. Previamente habrá otra reunión de la «Comisión Delegada de Política Autonómica» que fijará el calendario y el método para las sesiones «bilaterales».

Presupuestos con el PNV

De la Vega fue mucho más inconcreta al abordar el principal problema que tiene el Gobierno para asegurarse la estabilidad: la negociación sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estados para el próximo año. Si durante el mes de septiembre no se garantiza los siete votos que le hacen falta para tramitarlos en el Congreso —y de momento no los tiene—, Zapatero se verá obligado a prorrogar los vigentes o disolver las Cortes y convocar elecciones. El pasado año las cuentas fueron aprobadas gracias a los votos del PNV y de Coalición Canaria y ante el curso que empieza, tanto los grupos de izquierda como CiU ya han adelantado a Zapatero que no puede contar con ellos, con lo que el Gobierno está, en principio, en manos de los nacionalistas vascos.

La vicepresidenta primera se limitó a comentar que el Ejecutivo tiene tiempo el mes que viene para negociar los apoyos precisos, reconoció que están pendientes de las conversaciones con el PNV, pero también comentó que el

objetivo es buscar «el máximo consenso posible». De la Vega recordó que el margen económico para la negociación es estrecho por la crisis económica y el compromiso ineludible de limitar el déficit público al 6 por ciento del Producto Interior Bruto.

Albí, embajador

El Consejo de Ministros aprobó una serie de nombramientos entre los que destaca el de Julio Albí, hasta ahora portavoz de Miguel Ángel Moratinos en Exteriores, que pasa a ser embajador en Siria. Además, Juan Ramón Serrat Cuenca-Romero fue destinado a la de Venezuela.