El Gobierno justifica las exhumaciones en Cuelgamuros a 42 días de las elecciones por los «obstáculos jurídicos» que han tenido que superar

Los forenses accederán a la capilla del Santo Sepulcro de la Basílica de San Lorenzo de El Escorial, donde se encuentran los huesos de asesinados en Calatayud (Zaragoza) que fueron trasladados a Cuelgamuros, según está documentado. Entre ellos estarían los de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, cuyos familiares obtuvieron una sentencia de 2016 ya firme que autorizó su exhumación.

«Queremos comunicarle que hoy lunes 12 de junio de 2023 seponen en marcha las exhumaciones forenses en las criptas del Valle de Cuelgamuros, que incluyen la búsqueda de los familiares de Purificación Lapeña Garrido, cuyos nombres son D.Antonio Ramiro Lapeña Altabás D.Manuel Lapeña Altabás», arranca la carta firmada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, a la que ha tenido acceso ABC.

En ésta se explican las fases en las que se realizarán los trabajos. Una vez acabada la fase en la que se ha asegurado la estructura arquitectónica de los columbarios, entrarán los forenses: «A partir de esta comunicación, comenzará la intervención forense propiamente dicha, que consistirá en la búsqueda y localización de los cuerpos, hasta donde sea posible técnicamente, y a los correspondientes análisis genéticos que puedan dar lugar a las identificaciones. Podemos garantizar que los forenses que se harán cargo de esta tarea se encuentran preparados y tienen una gran experiencia contrastada en este tipo de investigaciones. La intervención forense se va a desarrollar mediante protocolos reconocidos internacionalmente y los laboratorios de referencia se encuentran acreditados en este ámbito«, asegura el Gobierno.

«Tras superar los múltiples obstáculos jurídicos que se prolongaron durante muchos meses, hace unas semanas se retomaron las tareas de acondicionamiento de las criptas para, mediante la intervención forense, tratar de identificar en ellas los restos de su familiar, tal y como usted solicitó a través de Patrimonio Nacional», se informa.

Descendientes de muertos en el bando republicano y en el nacional que cuentan con documentación que acredita que sus restos fueron trasladados de cementerios de toda España -sin el consentimiento de sus seres queridos- al Valle de los Caídos en 1959 y años posteriores reclaman al Gobierno que sus restos se exhumen de manera inmediata para «rendir homenaje a sus familiares de la forma que deseamos y tenerlos cerca. Es algo sagrado y universal», explicaba el pasado 30 de abril a ABC Rosa Gil, nieta del soldado del bando nacional muerto en el Hospital de Zaragoza cuyos restos fueron trasladados al Valle, según tiene documentado la familia.

Tanto ella como los familiares de asesinados en el bando republicano que también reclaman las exhumaciones y han presentado material genético para que se realicen las pruebas oportunas se vieron relegados cuando se procedió a la exhumación de los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, seis meses después de que su familia lo autorizara y cuatro años después de traslado de los restos del dictador Francisco Franco al cementerio madrileño de Mingorrubio. «¿Cómo es posible que después de ochenta y tantos años no haya humanidad para devolvernos lo que es nuestro?», se preguntaba también en conversación con este diario días después de la exhumación de Primo de Rivera Mercedes Abril, de 89 años, una de las pocas descendientes directas de asesinados en la Guerra Civil que siguen vivas. Prometió a su madre Eusebia, que falleció a los 101 años, que trataría de sacar los restos de su padre, ferroviario asesinado en Catalayud, y llevarlos al cementerio de Valladolid junto a los suyos.

El pasado 24 de mayo, el abogado Eduardo Ranz, que representa a ocho familias reclamantes de la exhumación, seis de descendientes en el bando republicano y dos en el nacional, se dirigió al Defensor del Pueblo para solicitar que se diera cumplimiento al auto del juez José Manuel Delgado de San Lorenzo de El Escorial de 2016 ya firme puesto que no ha sido recurrido.

En éste se reconocía «el derecho a la digna sepultura» de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás ante la «alta probabilidad» de que sus restos se eancontraran en la cripta del Santo Sepulcro. Manuel, fundador de la CNT de Calatayud (Zaragoza) fue fusilado en agosto de 1936 en la ciudad aragonesa por las fuerzas franquistas y su hermano tres meses después en el mismo sitio. Sus cuerpos se trasladaron en 1959 al Valle de los Caídos. Un escrito de Patrimonio Nacional expone que los restos de una fosa de Calatayud con una numeración concreta se llevaron a la cripta y se sitúan en el nivel tercero de los osarios. Quienes, como los parientes de los hermanos Lapeña, encontraron soporte documental del traslado no consentido de los restos de sus familiares hasta el Valle se aferraban a ese auto para pedir la exhumación y realizar las comprobaciones de ADN que confirmen la consanguineidad.

La carta que recibieron la madrugada de este lunes las familias reclamantes detalla las fases en las que se realizarán los trabajos. «La intervención forense comenzará por resolver los casos solicitados que se encuentren en la Capilla del Santo Sepulcro. Por un lado, hay una sentencia judicial de 2016 que hay que cumplir, relativa al caso de los hermanos Lapeña de Calatayud. Y por otro, es la capilla en la que hay más solicitudes de todo el conjunto de la Basílica», confirma el secretario de Estado.

«La intervención se hará desde piso inferior hacia arriba, para ir consolidando y apuntalado cada una de las 5 plantas donde hay entierros. Es una decisión de los arquitectos y responsables de seguridad laboral. El compromiso y la voluntad del Gobierno de España para intentar dar solución a su reclamación, siempre que sea técnicamente posible, sigue intacta y es inequívoca, a pesar de los múltiples obstáculos que se han presentado o puedan presentarse en el proceso. Pueden tener la seguridad de que les mantendremos informados de cualquier novedad que se produzca», se comprometen.