El Gobierno obligará por ley a los usuarios de redes con más de 100.000 seguidores a rectificar inexactitudes, mentiras y «bulos»

El objetivo es doble: introducir ajustes para agilizar y facilitar los procedimientos de rectificación y contemplar las nuevas formas de información. Por ello, además de los medios de comunicación tradicionales, ahora también estarán regulados los digitales y las nuevas plataformas en línea, donde proliferan, según el ministro, «buleros profesionales que todos los días enfangan el debate público» de los que la ciudadanía tiene derecho a defenderse. Los llamados usuarios relevantes de redes sociales «son personas que comunican, que publican hechos e informaciones» y que incluso tienen «difusión mayor que muchos medios de comunicación tradicionales».

«Algunos [lo hacen] de buena fe y que contribuyen al debate público, pero otros se dedican a mentir y a propagar bulos todos los días», ha defendido el Bolaños en rueda de prensa en la sala de prensa de La Moncloa, donde ha estado acompañado por la ministra portavoz, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha presentado su plan laboral para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana valorado en 50 millones de euros.

Entre las otras novedades de la ley, se alarga el plazo presentar la solicitud de rectificación. Mientras la ley vigente habla de siete días, el anteproyecto lo establece en diez días. La remisión del escrito de rectificación ya no ha de ir dirigida al director de un medio de comunicación. En la nueva ley, será potestativo porque «hay 'pseudomedios', que no llegan ni a pseudo, que hay dificultades para conocer incluso quién es el director», ha explicado Bolaños.

Se amplía asimismo el rango de personas legitimadas para ejercer el derecho a la rectificación. Podrán hacerlo a partir de ahora no sólo los herederos de un ciudadano fallecido, sino también personas de su entorno cercano. Por otro lado, en caso de que la rectificación llevada a cambo por un medio o usuario de redes sociales no satisfaga al ciudadano afectado por la noticia falsa o inexacta, se suprimirá el requisito de contestación por escrito de la demanda, dando paso a la continuación de los trámites de juicio verbal para que la sentencia judicial que reconozca el derecho a la rectificación sea mucho más «rápida».

Por último, además de difundir la rectificación, se establece la obligatoriedad de un aviso para que la información ha sido rectificada y que se pueda enlazar con la rectificación íntegra. En este sentido, todos los medios y usuarios relevantes de redes sociales deberán disponer de un mecanismo «accesible» para que los ciudadanos accedan al ejercicio del derecho a la rectificación. Esto es, por ejemplo, una pestaña en su respectivas páginas webs.