El Gobierno nombra a Delgado fiscal de Memoria Democrática y reivindica que el proceso ha sido «transparente»
La portavoz del Gobierno afirma que la designación «no supone un ascenso» para la exministra de Justicia
La mayoría del Consejo Fiscal avisa al Gobierno de que el nombramiento de Delgado es «nulo de pleno derecho»
El Gobierno ha acordado este martes nombrar a la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, accediendo así a la propuesta realizada por su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, a pesar de la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal, que ha advertido de que podría tratarse de un nombramiento nulo.
Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, reivindicando que el procedimiento ha sido «absolutamente transparente» porque tanto las bases como la concurrencia a esta convocatoria de plazas en la Fiscalía se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Rodríguez también ha querido aclarar que dicha designación «no supone un ascenso» para Delgado. La otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría –fiscal de sala– el pasado septiembre, también por decisión de García y Ortiz y en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que apoyó a otro candidato.
Asimismo, ha defendido que «el Gobierno actúa en la potestad que le corresponde» conforme a la Ley de Memoria Democrática, por la que se creó esa plaza. Al hilo, ha destacado que esta ley «viene a atender y dar respuesta a esas víctimas«. »Y lo correcto es no privarlas de esa oportunidad«, ha añadido.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha llevado la propuesta de nombramiento de Delgado al Consejo de Ministros de este martes después de que la Abogacía del Estado concluyera en un informe, encargado por la propia Llop, que no tenía margen legal para no elevarla a la mesa del Gobierno, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Estos movimientos se enmarcan en la polémica desatada el pasado jueves, cuando García Ortiz acordó adjudicar a Delgado la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que entiende que la ex fiscal general podría incurrir en una causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos.
El lunes, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que suman 7 de los 11 vocales encargados de informar al fiscal general del Estado en materia de cargos discrecionales, enviaron sendos escritos al Gobierno advirtiendo de que la propuesta de nombramiento de Delgado podría ser nula porque no cumplió el trámite legal.
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