El Gobierno negocia contra reloj para evitar una doble derrota en el Congreso

El Pleno del Congreso se cita este miércoles de manera extraordinaria para debatir si convalida o deroga tres reales decretos leyes, los aprobados por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre, y si acepta el suplicatorio del Tribunal Supremo para investigar en el caso Koldo al exministro socialista José Luis Ábalos. Esto último será avalado con total seguridad –ya en la Comisión del Estatuto de los Diputados hubo unanimidad–, pero sobre los decretos reina la incertidumbre.

El primero de ellos, el llamado ómnibus, contiene medidas sociales como la revalorización de las pensiones y las prórrogas de las bonificaciones al transporte público y de la prohibición de desahucios a familias vulnerables. Pero también recoge cesiones a los aliados habituales de Pedro Sánchez, como el traspaso al PNV de la propiedad de un palacete en París en la céntrica avenida Marceau, actualmente sede del Instituto Cervantes. Esto último solivianta sobremanera a PP y Vox, como han dejado claro este martes sus portavoces en la Cámara Baja, Miguel Tellado y Pepa Millán, y las duras críticas del diputado popular permiten entrever que el Gobierno no podrá contar con su ayuda. Fuentes del PP, aunque no confirman su voto, sí subrayan que el PSOE no ha contactado con ellos en ningún momento. «Entendemos que se habrán centrado en convencer a los que residen en Waterloo», dicen, informa Emilio V. Escudero.

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El problema para Sánchez es que Junts ha dejado en suspenso todas las conversaciones sectoriales con el PSOE hasta que se vea satisfecha, o eso dice, su demanda de que el presidente se someta a una cuestión de confianza. Un trance que, de no superar, lo obligaría a dimitir y abriría un nuevo proceso de investidura. En esta coyuntura, el partido del prófugo Carles Puigdemont eleva a niveles desconocidos su habitual opacidad y no permite vislumbrar qué hará en dos de los tres decretos a debate –en uno, el energético, ya adelantó en diciembre, como PP, Vox y PNV, que se opondrá por entender que mantener el gravamen es perjudicial para las empresas–.

Fuentes de PSOE y Sumar garantizan que apurarán hasta el final las negociaciones con todos los grupos –desde el Gobierno dicen que están «avanzando»–, pero no ofrecen más detalles. «Jamás nos levantaremos de la mesa de negociación», solemnizaba este martes, en la sala de prensa del Congreso, la portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, Verónica M. Barbero.

De fondo subyace algo que va más allá, los presupuestos generales del Estado, que a pesar de correr ya el último tercio del mes de enero siguen sin asomar en el horizonte. El Ministerio de Hacienda ni siquiera ha sido capaz de lograr el respaldo a una senda de estabilidad, paso que hasta ahora se consideraba condición 'sine qua non' para las cuentas públicas, y en los mentideros políticos empieza a cundir la sensación de que el Ejecutivo deberá olvidarse del presente ejercicio para centrarse en el año 2026.

Una de las condiciones que había puesto Podemos sobre la mesa para negociar los presupuestos era, precisamente, que en 2025 siguiese habiendo un gravamen a las empresas energéticas. Salvo sorpresa mayúscula, ese decreto decaerá este miércoles con los votos de PP, Vox, Junts y PNV. El único que parece tener garantizada su continuidad es el pacto con patronal y sindicatos para incrementar las bonificaciones a las personas que alarguen su vida laboral y, consecuentemente, retrasen de forma voluntaria su jubilación. Ahí se da la paradoja de que es el PP quien está de acuerdo, mientras socios como Bildu y BNG se desmarcan.