El Gobierno mandó a Murcia unos 300 supuestos adultos que en realidad eran menores

Una realidad repetida a lo largo del tiempo, que destapa hoy este periódico y que ha obligado al gobierno regional a tener que improvisar para dar respuesta a las necesidades de los menores no acompañados.

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Érika Montañés

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Durante estos últimos dos años, según han confirmado a ABC fuentes del ministerio y de los gobiernos de Murcia y Canarias, alrededor de 300 menores de edad sin la compañía de uno de los progenitores han viajado desde el archipiélago al recurso del Estado del antiguo hospital de la Naval junto a adultos, algo que los protocolos impiden.

Es a la llegada a este centro situado en Cartagena, abierto en noviembre de 2023, cuando la Policía empezó a detectar la presencia de menores entre los grupos de inmigrantes derivados desde Canarias.

En esos primeros años de funcionamiento en total se colaron 24 niños como presuntos adultos. Cuando los funcionarios comprobaron la edad real del menor, bien mediante la propia documentación o la prueba ósea, estos fueron puestos a disposición de la autonomía, que se ha tenido que hacer cargo de ellos.

Un año más tarde, en 2024, entre los adultos reubicados desde las islas al centro de la Naval, cuyas instalaciones utiliza el Ministerio de Migraciones para destensionar la situación en Canarias, llegaron 184 menores según las cifras autonómicas «que pagamos su manutención cada día». En lo que llevamos de 2025 la cifra ya se sitúa en 132.

La situación, según fuentes del Gobierno de la Región de Murcia, es «insostenible». Recuerdan la complejidad para la reubicación de los más de 4.000 menores hacinados en Canarias, Ceuta y Melilla que deben ser distribuidos por la Península, cuya gestión está llevando muchos meses y la implicación de varios departamentos del Ejecutivo, para compararlo con «el esfuerzo» que han tenido que hacer los servicios sociales autonómicos para asumir la tutela de todos estos niños. De ahí que sigan rechazando la cifra de menores que les toca acoger, según lo que se recoge en el decreto de ocupación pactado entre el PSOE y Junts, afirmando que «estamos saturados».

Lo ocurrido, más allá de obligar al gobierno regional a crear nuevas plazas para la atención de menores sin los recursos económicos necesarios para ello, también ha generado que los niños hayan estado «desatendidos» durante algunos días y en compañía de mayores sin la vigilancia que requiere la ley del menor.

Ante las críticas del Gobierno de la Región de Murcia, el Ejecutivo central defiende su gestión. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consultadas por ABC, aseguran que aunque se suman por centenares «estos casos son minoría y existe un protocolo para tratarlo de forma rápida y estandarizada».

En el departamento que dirige Elma Saiz recuerdan que «desde el Ministerio de Migraciones solo acogemos a personas identificadas previamente por Policía Nacional como mayores de edad« y culpan a los inmigrantes de cambiar su versión sobre la edad que tienen con posterioridad.

Cuando ocurre eso, dicen, «se activa un protocolo para separar a estas personas de los adultos, siempre que la Fiscalía determina que ese presunto menor debe aguardar en un centro del sistema estatal de acogida y teniendo especial atención al interés superior del menor«. Algo de lo que discrepan en la autonomía, que dicen que automáticamente se han tenido que hacer cargo ellos en sus propios recursos y que hasta ese momento »no se han tenido en cuenta los derechos de los menores«.

Fuentes del gabinete de Saiz también señalan a la Policía y la Fiscalía de menores como los «competentes» de «acreditarles en el momento de la llegada como adultos o como menores» y durante su estancia en nuestro país.

Alegan, además, que «resulta imposible que se demuestre que son menores vía documentación puesto que se dan estos casos de forma puntual porque, precisamente, son personas que llegan indocumentadas». Desde Murcia también discrepan respecto a esto último, señalando que «muchas de las confirmaciones de la edad real, cuando acceden al centro de Cartagena, la Policía las consigue al revisar su documentación oficial«.

Ante la información revelada este martes por ABC sobre la presencia de mayores de edad en el reparto de los niños no acompañados, la Comunidad de Madrid está revisando uno a uno los 90 expedientes de «los supuestos menores que el Gobierno central quiere trasladar a Madrid». Unos traslados que por ahora están paralizados a la espera de la resolución de las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid.

De los 90 expedientes, según fuentes del gobierno regional, «hay una docena pendientes de confirmación de edad y con serios indicios de que sean menores«. Además, según informan, de la documentación recibida por parte de los ministerios de Política Territorial y Juventud e Infancia »dos de los jóvenes ya han cumplido la mayoría de edad« y »otra docena cumplirá los 18 años de forma inminente«.