El Gobierno inicia el año en el Congreso con otra derrota casi garantizada por las energéticas

En una negociación a varias bandas, en la que el Ministerio de Hacienda terminó salvando su paquete fiscal 'in extremis', el PSOE se vio obligado a hacer promesas cuyo cumplimiento no dependía exclusivamente de sí mismo. De aquellos barros, estos lodos. El Consejo de Ministros, el 23 de diciembre, aprobó un real decreto ley para que en 2025 también haya un gravamen a los beneficios de las empresas energéticas. Es una medida que acordó con ERC, Bildu, Podemos y BNG, después de haber pactado con Junts y PNV lo contrario con anterioridad.

El Gobierno cumple su palabra con sus aliados de izquierdas -a Podemos también le aseguró el impulso de una proposición de ley para crear un impuesto energético del que nada se sabe-, a pesar de que hacerlo suponía asumir de antemano una derrota. ¿Por qué? Porque el PP, Vox, Junts y PNV se oponen a seguir gravando a las energéticas; una medida coyuntural que se aprobó para responder a la inflación consecuencia de la guerra en Ucrania y que hoy solo obedece a una motivación ideológica. Los cuatro partidos suman 182 escaños que superan ampliamente la mayoría absoluta. En otras palabras, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que sabía de antemano que la Cámara Baja no convalidará.

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En otras leyes y decretos, el Ejecutivo tenía margen para negociar con sus socios a cambio de atender otras de sus reivindicaciones. Pero el comodín del acuerdo de última hora, salvo sorpresa mayúscula, no parece esta vez que vaya a cambiar el panorama. El precedente de todo esto se halla en la ley que permitió establecer un impuesto mínimo a las multinacionales, en la que el Gobierno aprovechó, también ante la falta de presupuestos, para introducir un paquete fiscal que le permitiese un aumento significativo de la recaudación. Primero pactó con Junts y PNV la prórroga durante tres ejercicios del gravamen a las entidades bancarias a cambio de levantar el de las empresas energéticas.

Esto soliviantó a los socios de izquierdas del Gobierno, que anhelan un impuesto permanente a la banca y a las energéticas. ERC y Bildu amagaron con hacer saltar por los aires el paquete fiscal en la Comisión de Hacienda, que tras dos aplazamientos terminó con una caótica votación de madrugada, y Podemos les tomó el testigo cuando la ley llegó al pleno. El Ejecutivo despejó ambos órdagos con la promesa de un decreto que prorrogase el gravamen en 2025 y con la de sentar a negociarlo a Junts y PNV. Esto último no lo consiguió y ambos le dieron el portazo definitivo al debate al, lejos de aceptar una prórroga, unir sus votos a los del PP (y Vox) para derogarlo.

Enero es mes inhábil, pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado un pleno extraordinario para el miércoles 22. En él se verán los tres decretos aprobados por el Gobierno a finales de diciembre -hay un mes de plazo para convalidarlos- y, además, el suplicatorio de José Luis Ábalos, que la Comisión del Estatuto de los Diputados aprobó por unanimidad. La Cámara Baja dará el permiso definitivo al Tribunal Supremo para investigar formalmente al exministro socialista por su papel en el caso Koldo. Y aparte del decreto energético, debatirá, y presumiblemente dará luz verde, a los decretos para prorrogar las bonificaciones en el transporte y prohibir los desahucios a colectivos vulnerables, y para mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo.