El Gobierno, incapaz de explicar el cupo catalán, se lanza al ataque contra la política fiscal del PP

Los populares acusaban al Gobierno de fomentar un secesionismo fiscal en Cataluña, mientras los neoconvergentes, por el contrario, intentaban demostrar que a los republicanos les han dado gato por liebre. En este fuego cruzado, Montero respondía al principal partido de la oposición con crudos ataques y a la formación del prófugo Carles Puigdemont, que le dio a Sánchez la Moncloa a cambio de la amnistía al 'procés', con buenos deseos; felicitación por la Diada incluida.

En cualquier caso, las explicaciones han brillado por su ausencia, con un Gobierno en un complejo equilibrio, en medio de tensiones internas en el PSOE, para contentar al independentismo sin expulsar a otros socios de su frágil mayoría parlamentaria. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, espetaba a Montero que el pacto con ERC es el mismo concierto económico que la vicepresidenta rechazaba hace unos meses por su «desigualdad e insolidaridad». Incluso el alto representante de la Unión Europea, el socialista Josep Borrell, ha recordado Gamarra, ha criticado el acuerdo. También barones como Javier Lambán y Emiliano García-Page, que lo han situado en las antípodas del socialismo.

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«Quieren imponer un sistema de financiación a través del cual el que menos tiene menos reciba», ha criticado Gamarra, quien también ha cargado contra la comparación que ha hecho el Ejecutivo del «cuponazo independentista», que ha cifrado en 30.000 millones de euros, con los incentivos fiscales en Soria, Cuenca y Teruel para combatir la despoblación. «El acuerdo dice que será el Gobierno catalán el que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos de Cataluña. No hay por dónde cogerlo (...). ¿No tenemos que beber todos de la misma fuente y comer de la mista tarta? Esto decía en 2016. Quién la ha visto y quién la ve», ha arremetido Gamarra.

Montero, sin entrar a explicar el detalle del pacto ni cómo se concretará, ha echado en cara a la popular que intente «dividir y enfrentar» a territorios y ciudadanos, y ha dicho que su partido es «una máquina de injusticia social y enfrentamiento territorial». «¿Cómo pueden hablar de quien más tiene más contribuya cuando el Gobierno del PP está dando regalos fiscales al 0,2 por ciento de la población? Están perdonando 6.000 euros promedio a la gente más rica de este país donde gobiernan», ha esgrimido Montero, desviando el foco del debate a la política fiscal del PP, antes de presumir la subida del salario mínimo interprofesional, el aumento de los contratos indefinidos con la reforma laboral y el descenso de la tasa de paro.

La cuestión de la financiación autonómica la han abordado también Juan Bravo (PP) y Míriam Nogueras (Junts). Bravo preguntaba a la vicepresidenta por sus cambios de opinión respecto al concierto económico, que negó, avaló y volvió a negar, y esta le ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy, durante la crisis financiera, subió los impuestos «70.000 millones de euros». Sánchez, ha presumido, se los ha bajado a la clase media «30.000 millones de euros» con reducciones de IVA e IRPF, aunque se le ha olvidado decir que muchas de ellas se acometieron tras meses exigiéndolas la oposición.

Nogueras, antes de decir que Cataluña lleva «310 años resistiendo» —este miércoles es la Diada, tocaba píldora nacionalista—, ha preguntado directamente a Montero en cuánto se ha cifrado el supuesto «expolio fiscal» a Cataluña y si lo pactado con ERC es un concierto económico «como el vasco». Montero no ha respondido a lo uno ni a lo otro, y le ha dicho a Nogueras que puede «leer e interpretar» el texto publicado por socialistas y republicanos, al contrario que lo que pasaba con las negociaciones «en la intimidad» entre el PP de José María Aznar y Convergència.

También el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tenido que responder a una pregunta al respecto, del popular Manuel Cobo, y ha optado por recordar que el PP catalán, en su programa del año 2012, ya hablaba de «financiación singular» y de respetar el principio de ordinalidad en la financiación autonómica. También Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado, señaló en el pasado que si bien el concierto económico para Cataluña no está contemplado en la Constitución, eso puede cambiarse. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha reivindicado ante Elías Bendodo (PP) que siempre ha sido el PSOE, frente a la inacción popular, quien ha reformado el sistema de financiación autonómica.

Al margen de este asunto, la sesión de control ha vivido debates sobre Venezuela, la crisis migratoria y la colonización de las instituciones perpetrada por el sanchismo, con el nombramiento del exministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España como último ejemplo. El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha preguntado a Bolaños si considera a Nicolás Maduro un dictador (silencio) y qué motivos justifican que el Gobierno, pese al mandato que emitirá este miércoles el Congreso, no reconozca al opositor Edmundo González como vencedor de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. El titular de Justicia se ha limitado a reclamar la publicación de las actas y a decir que la posición de España es la de la Unión Europea, Naciones Unidas y observadores internacionales.

«Las actas las ha publicado la oposición. No busquen excusas», ha dicho después Jaime de Olano, del PP, quien ha afirmado que con el nombramiento de Escrivá ya se han «colonizado» cincuenta instituciones. Bolaños ha defendido el nombramiento de personas «progresistas», como según él el PP situaría en esos puestos a gente de «derechas», pero el debate se ha recrudecido después, cuando De Olano ha criticado las recientes palabras de Sánchez ante el Comité Federal del PSOE, cuando aseguró que iba a gobernar otros tres años «con o sin» el Poder Legislativo.

«Franco ha pasado de ser el comodín a ser el modelo a seguir», ha acusado el popular, provocando la indignación en la bancada socialista y la airada respuesta de Bolaños: «Le pediría que dejen de faltar el respeto, insultar, de llamar autócrata, dictador… ¿no se dan cuenta ustedes que son ridículamente apocalípticos?».

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha traído el debate migratorio a la sesión y ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cómo va a afrontar el Gobierno la crisis que asola las islas Canarias. «Frente a la xenofobia y el racismo, el Gobierno seguirá haciendo una política humanitaria», ha dicho, tirando de otro comodín, y ha defendido la acción en los países de origen, con la que según él, se ha evitado el cuarenta por ciento de las salidas hacia España. El Congreso empieza a carburar, sin resolver eso sí la persistente parálisis legislativa, mientras Sánchez sigue de giras internacionales.