El Gobierno ve improbable aprobar la reforma de la ley de seguridad ciudadana esta legislatura

Fue el PNV quien propuso la reforma en el Congreso y al nacionalismo vasco se sumó el Grupo Socialista y sus aliados de extrema izquierda e independentistas. La Comisión de Interior se puso a ello pero pronto los de Pedro Sánchez se dieron cuenta de que el acuerdo iba a ser muy complicado, por las posturas de máximos de sus socios.

Entre medias, el Tribunal Constitucional respaldó la legalidad de la mayor parte de la ley, salvo en un par de cuestiones menores. Y además el baño de realidad que supone gobernar enfrió las ganas del PSOE de acometer una reforma de una ley tan delicada como esta, sobre la que hay consenso en el sentido de que es mejorable técnicamente para dar mayor seguridad jurídica a las Fuerzas de Seguridad, pero que no podía exceder determinados límites.

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Para complicar más las cosas, el Ministerio de Interior constató el rechazo frontal que producían en las Fuerzas de Seguridad las reformas que se querían acometer, hasta el punto de que en noviembre de 2021 se produjo la mayor movilización en la calle de policías y guardias civiles. Todos los sindicatos policiales, y todas las asociaciones de la Guardia Civil la respaldaron, lo que supuso una unanimidad inédita hasta entonces.

El sábado hubo otra manifestación en Madrid por la misma causa, aunque no de esa entidad, entre otras razones porque solo convocaban Jusapol, Jupol y Jucil, con el apoyo de Csif. Tanto Jupol como Jucil son mayoritarias en sus Cuerpos respectivos, pero en solitario no tuvieron la misma capacidad de convocatoria de la otra vez. Asistieron cerca de 4.000 personas, frente a las decenas de miles de noviembre de 2021.

Esa grieta en la unidad sindical no viene dada porque el resto de sindicatos y asociaciones respalden ahora la reforma, sino porque en los próximos meses se celebrarán las elecciones sindicales en la Policía, lo que está provocando los consiguientes movimientos tácticos para tener los mejores resultados. Adherirse ahora a una protesta convocada entre otros por Jupol era dar una imagen de sumisión a sus intereses y estrategias. Y además, ni Jupol ni Jucil se habían movilizado días antes en las protestas convocadas por el resto de sindicatos y asociaciones delante del Palacio de la Moncloa para pedir las mismas condiciones de acceso a la jubilación que los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía foral de Navarra, además de varias policías locales.

Para el Ministerio del Interior había tres líneas rojas que no se podían cruzar en la reforma: la primera de ellas, prohibir los rechazos en frontera -devoluciones en caliente en el argot de la izquierda y los independentistas-; la segunda, cuestionar la presunción de veracidad de los agentes cuando actúan en esa condición, lo que les provocaría una inseguridad jurídica que sin duda tendría consecuencias en su trabajo diario, y la tercera acabar con la utilización de pelotas de goma para reprimir algaradas violentas, y cambiarlas por proyectiles de foam, menos efectivas y en ocasiones hasta más peligrosas, como se ha visto en casos concretos en Cataluña.

Estos tres elementos de la reforma son irrenunciables para la extrema izquierda y el independentismo, que no obstante había conseguido colar alguna otra cuestión polémica, como la obligación de identificar a cualquier detenido antes de dos horas, frente a las seis actuales, lo que en muchas ocasiones la práctica policial demuestra que es imposible. «La izquierda ha perdido una oportunidad de hacer una ley de seguridad mejor por la postura de máximos de algunos«, dicen las fuentes consultadas por ABC.

«Esos tres elementos eran salvables: las expulsiones en frontera se podían haber remitido a la ley de Extranjería, lo relativo a la presunción de veracidad no tiene mayor recorrido porque cuando hay disfunciones se detectan y se corrigen, si no en vía policial sí en la judicial, y el tema de las pelotas de goma se podía haber estudiado en una comisión 'ad hoc'. Pero no han cedido, y no es posible el acuerdo«, añaden las fuentes.

Pero además la reforma de la ley de seguridad se había convertido en un ariete contra el Gobierno por parte del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Hay que recordar que hay más de 154.000 policías y guardias civiles -una cifra histórica, por cierto- con una muy notable capacidad de movilización de voto. A ellos se suman el colectivo de funcionarios de Prisiones, que se siente abandonado por el Ministerio del Interior, ya que ni siquiera ha dado aún a estos trabajadores la condición de agentes de la autoridad cuando están de servicio. Además ven un agravio comparativo en su tabla salarial respecto a la de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Acometer la reforma de la ley de seguridad ciudadana en el tramo final de la legislatura, con un previsible coste electoral, en especial para el PSOE, hace que la parte socialista del Gobierno haya enfriado las expectativas de llevarla a cabo, si es que sus aliados de extrema izquierda e independentistas no dan su brazo a torcer en esas tres líneas rojas ya señaladas.