El Gobierno garantizó el apoyo de la embajada a la delegación del Senado

Al llegar a Caracas, tuvieron que conformarse con el único apoyo del cónsul general, con un rol de acompañante muy distinto al que hubiera podido desempeñar el embajador, cuya mera presencia habría provocado un conflicto con el régimen. Al despacho donde retuvieron a la delegación sí accedió el cónsul español, no así al embajador de Portugal -entre los europarlamentarios había un luso-, ni tampoco al encargado de negocios de la UE, presentes ambos en el aeropuerto. «Que el cónsul sí estuviera presente junto a nosotros y que los otros dos tuvieran que quedarse fuera demuestra la connivencia del Gobierno español con el régimen de Maduro», explica uno de los desplazados a ABC.

Mientras la delegación del Senado se encontraba aún retenida en el aeropuerto de Caracas, sin más apoyo que el del cónsul general, el Gobierno de Pedro Sánchez se apresuraba a mandar una nota en la que se dejaba entrever que el viaje había sido un capricho de los políticos del Partido Popular, pues todos ellos sabían de antemano que no tenían el permiso para viajar. Ni un reproche al régimen de Maduro en esa comunicación. Ni un intento diplomático por intentar que el grupo pudiera cumplir con su misión de acompañamiento a la oposición. Todo, a pesar de que con fecha 17 de julio, apenas nueve días antes de emprender el viaje, el ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes expresaba en una carta dirigida al presidente del Senado su conformidad al desplazamiento. «El ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación manifiesta que no ve inconveniente a la misión y que, en caso de producirse, contaría con todo el apoyo de la embajada de España en Venezuela», resume la misiva firmada por Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en la que se confirma que Exteriores ya se había comunicado el 5 de julio con a las autoridades venezolanas para darles «traslado del acuerdo de la Mesa del Senado» por el que se aprobaba el viaje.

Un acuerdo que Pedro Rollán había comunicado a Félix Bolaños en una comunicación del 12 de junio, justo un día después de que se adoptara. «La Mesa del Senado de España, celebrada en el día de ayer, ha aprobado por unanimidad que varios senadores de diferentes grupos parlamentarios estén presentes en el proceso electoral que tendrá lugar el 28 de julio en Venezuela en misión de observancia electoral independiente», señalaba el presidente de la Cámara Alta en un escrito que encierra varias claves de todo este asunto. Por un lado, deja al descubierto que el desplazamiento de los senadores Juan José Matarí (presidente de la comisión de Asuntos Iberoamericanos) y Alfonso Serrano (representante del grupo Popular) era oficial y había sido respaldado por los miembros del PSOE en la Mesa y por otro deja constancia de que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, había realizado la invitación a todos los grupos políticos y no solo al PP.

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Este extremo se recogía ya en el germen de la expedición, fechado el día 10 de junio, cuando Machado participó en la comisión de Asuntos Iberoamericanos, en una reunión en la que participaron miembros de todos los partidos. El propio Matarí, como presidente de la comisión, dejó por escrito ese deseo de la líder de la oposición en una carta enviada a Rollán al día siguiente de la comisión en la que recoge que en esa delegación enviada a Venezuela, podrían formar «parte representantes de los distintos grupos políticos».

Tanto es así, que en la reunión de la Mesa del 17 de julio se da luz verde al viaje, se pide a los grupos que designen a sus senadores y se autorizan «los gastos a que diera lugar dicho desplazamiento», según documento al que ha tenido acceso ABC. Un día después llega la respuesta de Simancas, antes mencionada, y solo el día 19 se registra entrada de la contestación de las autoridades venezolanas, que deniegan la entrada de los senadores como participantes «de una misión de veeduría (observación) internacional», ya que la misma «no ha sido contemplada en el programa de acompañamiento diseñado por el Consejo Nacional Electoral».

«Se informa que, en caso de que los parlamentarios pretendan violentar las normas electorales de Venezuela, intentando ingresar al territorio, serán inadmitidos», apuntaba la respuesta, a pesar de la cual todos los grupos designaron a sus representantes. Un listado de doce senadores -tres de ellos socialistas- que llegó incluso al correo electrónico de la embajada antes de que casi todos terminaran renunciando al viaje a pesar de las garantías que había dado el ministerio de Presidencia con su garantía de apoyo de la embajada.

En cualquier caso, los esfuerzos del Senado en los días posteriores para lograr el visto bueno del régimen de Maduro no dieron sus frutos, ya que no hubo respuesta por su parte a pesar de que Rollán volvió a insistir a través de Bolaños, el mismo día de la contestación de las autoridades venezolanas, de que la delegación de senadores solo pretendía acompañar a «todas y cada una de las candidaturas que se presenten» y quedaba a la espera de una respuesta que nunca se produjo. Aquello hizo desistir a casi todos los senadores, a pesar de que para entrar en Venezuela no hace falta ningún permiso especial, solo tener el pasaporte en regla. No pasó lo mismo con los dos integrantes del Partido Popular -Matarí y Serrano- que siguieron adelante con el viaje para acompañar a los grupos, tal y como se habían comprometido con María Corina Machado.