El Gobierno explora vías para aliviar el reparto de menores a Cataluña y lograr el apoyo de Junts

La puesta de largo de la reforma de la ley de Extranjería tuvo lugar en el Congreso, en cuyo patio se fotografiaron a cuenta del nuevo texto dos ministros, tres portavoces y el presidente canario, Fernando Clavijo (CC). Despliegue a lo grande que no escondía la debilidad parlamentaria del Gobierno, incapaz de recabar los apoyos necesarios para la modificación legislativa que pretende imponer un reparto obligatorio a las comunidades autónomas para aliviar la presión migratoria en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. Una reforma consensuada entre el Gobierno central y el canario, que no tiene el visto bueno de ERCy Junts, ni tampoco del PP, al que todos los presentes este lunes en el Congreso apelaron para poder darle trámite.

«Lo que le toca ahora al Partido Popular, porque la pelota está en su campo, es ver qué hace el señor Feijóo, si se pone del lado de los derechos de la infancia o si sigue manteniendo las políticas ultra», explicó Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, quien trató de poner el foco en la «humanidad»de los populares, cuyo voto a la reforma, al menos oficialmente, sigue en el aire. Todos los presentes hicieron referencia a la necesidad de una aprobación «rápida y por la vía de urgencia» de esta reforma para dar respuesta a la crisis migratoria que sufre Canarias, donde alrededor de 6.000 menores se encuentran hacinados a la espera de traslado. Un traslado al que el Partido Popular no se opone, como reiteró este lunes su portavoz, Borja Sémper, pero para el que piden una partida económica específica, que recoja todas las derivadas que se desprenden de la tutela de un menor y no solo la que corresponde al primer año de acogida por las comunidades autónomas. En la propuesta registrada este lunes no se modifica de ninguna manera el asunto presupuestario y se hace una mínima referencia, en el apartado V, donde se señala que el reparto se hará «adoptando las medidas financieras que resulten necesarias». Una referencia que el PP considera insuficiente, ya que reclama una memoria económica que recoja las necesidades de cada menor tutelado.

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«Esta es la única solución y hay que adoptarla con la máxima urgencia», señaló el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien especificó que el reparto de los 4.000 menores que ahora mismo sobran en Canarias se haría a lo largo de doce meses, pero que la aprobación de la ley ayudaría a que los que lleguen a partir de ahora puedan distribuirse en solo dos semanas. Se haría, en todo caso, en base a los criterios de distribución aprobados para los repartos voluntarios en la sectorial de 2022, tales como la población de cada comunidad, su PIB, el esfuerzo de acogida que realiza, su nivel de paro y la dispersión demográfica.

A estos criterios podría añadirse algún otro, lo que serviría para allanar el cambio de opinión de Junts, reacio al reparto obligatorio en las condiciones propuestas en la ley. Así, fuentes del Ejecutivo confirmaban este lunes que, además de los criterios acordados por unanimidad por las autonomías en la reunión sectorial de 2022, se «podría tener también en cuenta el esfuerzo que las comunidades hayan hecho en los últimos seis meses, en los que Cataluña ha recibido un buen número de menores». Un mensaje que deslizado por un alto cargo del Ejecutivo, que deja entrever las intenciones de convencer a Junts ante la dificultad de hacerlo con el PP.

Un extremo que comprobó en primera persona el ministro de Política Territorial, que durante el fin de semana se puso en contacto con Miguel Tellado para pedirle el apoyo de su grupo a la reforma que tenían pensado registrar este lunes, según ha podido saber ABC. En la comunicación, el portavoz parlamentario del PPle expresó las dudas de su partido. «Si hubiese un verdadero sentido de la responsabilidad por parte del Gobierno, estaría tomando ya medidas dentro de sus competencias migratorias para resolver la causa que origina esta crisis. Medidas para impedir estos flujos de migración irregular y no solo atendiendo al reparto de los menores que ya han llegado», apuntan fuentes del PP. Todo, insisten, «sin un plan económico potente para invertir en el control de fronteras, sin ayudas a las comunidades, sin políticas de cooperación con los países emisores». «El Partido Popular no apoyará lo que no es más que un parche», afirman, al tiempo que afean que ni siquiera se les haya hecho llegar el borrador de la reforma, «lo que exigiría una firma a ciegas».

Las exigencias a las que hacen referencia estas fuentes, que fueron expresadas por las comunidades del PP tras la reunión sectorial, las reiteró este lunes Borja Sémper, quien habló de la necesidad de concretar económicamente el reparto –de todos los años de tutela y no solo del primero–, de pedir ayuda a Europa, de actuar en los países de origen y que la emergencia migratoria pueda declararse en cualquier territorio de España y no solo en Canarias, Ceuta y Melilla como prevé la actual propuesta. Además, el PP quiere garantías de que «el reparto será para todas las comunidades sin excepción». «Debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración», explican fuentes del PP, que insisten en que el «Gobierno quiere ponerles en el foco y hacerles cargar con la solución de un problema que no es suyo, sino del Ejecutivo». Además, sospechan que se les quiere colocar como los «culpables», mientras se busca el salvavidas de Junts con nuevas concesiones.