El Gobierno evita otra derrota al desconvocarse a última hora el dictamen de una ley de impuestos

En la sesión abruptamente suspendida, se iba a debatir el dictamen de un proyecto de ley del Gobierno que estaba amenazado por sus socios parlamentarios. La norma prevé establecer una tributación mínima para las multinacionales y las grandes corporaciones –un objetivo en el que parece haber bastante consenso–, pero las enmiendas cruzadas entre los aliados habituales del Ejecutivo la habían puesto en serio peligro, como informó este diario este lunes en su versión en papel y el domingo en su edición web.

El problema es que el Gobierno pretendía hacer una reforma fiscal más amplia aprovechando la tramitación de esta ley y que sus socios, en esta cuestión, reman en direcciones contrarias. En el epicentro de las discrepancias se sitúan los impuestos a la banca y a las energéticas, que se implementaron con vocación de temporalidad en respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en la economía española. El PSOE, para amarrar los votos de Junts y PNV, pactó con ellos prolongar el gravamen a la banca en los ejercicios de 2024, 2025 y 2026 a cambio de eliminar el de las energéticas que, si nada lo impide, expirará el 31 de diciembre de este año.

Esta decisión soliviantó no solo a ERC, Bildu y Podemos, que por activa y por pasiva han reclamado que esos dos impuestos se hagan permanentes, sino también a Sumar, que se desmarcó del PSOE y registró sus propias enmiendas al proyecto de ley. Con estos ingredientes, la receta impositiva del socialismo amenazaba con naufragar ya este lunes en comisión, como sucedió la legislatura pasada con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana –conocida por sus detractores como 'ley mordaza'–, cuando ERC y Bildu se posicionaron en contra del texto en comisión al no aceptarse sus posiciones de máximos.

Ahora, ERC y Bildu amagaban con repetir la jugada en comisión y Podemos también advertía que no iba a aceptar un texto que no incluyese esas exigencias. Conscientes de ello, el PSOE y Sumar han maniobrado este lunes para desconvocar la Comisión de Hacienda. Si se rechazaba el dictamen, el proyecto de ley decaía directamente. Si salía adelante, la votación definitiva se iba a producir el jueves. Ese día, finalmente, será la propia comisión la que se reúna, con lo que el Gobierno ha ganado 72 horas para negociar.

«Esquerra Republicana había comunicado al PSOE su voto en contra de este proyecto de ley. Cualquier medida que pretenda favorecer a la banca y a las eléctricas no va encontrar nuestro apoyo. El PSOE debe volver a negociar», ha dicho la diputada de ERC Pilar Vallugera, tras la decisión de desconvocarse la sesión de la Comisión de Hacienda. «Nuestras enmiendas las tienen. Y saben lo que creemos indispensable. Veremos a ver qué pasa de aquí al jueves», inciden desde el partido a ABC. Desde Bildu, por su parte, llaman a «reiniciar la negociación».

El acuerdo fiscal entre el PSOE y Sumar va más allá de lo que pretendía el proyecto de ley hasta ahora, pero sigue dejando fuera el impuesto a las energéticas. Esto último supone una cesión de la formación de Yolanda Díaz, pero habrá que ver si están también dispuestos a hacer esa renuncia ERC, Bildu y Podemos. Hasta ahora, al menos, mantenían que no. Los socialistas y su socio de coalición han pactado poner un veintiuno por ciento de impuesto sobre el valor añadido (IVA) a los pisos turísticos, suprimir la fiscalidad especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi) e implementar un nuevo gravamen a los 'jets' y yates privados y a los coches de lujo, entre otras cosas.

«El Gobierno evita una nueva derrota parlamentaria hoy [por este lunes] ya que parece evidente que no tenía acuerdo con algunas de las formaciones imprescindibles para sacar adelante el dictamen», remarcan fuentes parlamentarias del PP consultadas por ABC. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha ido más allá en la red social X y ha denunciado el 'secuestro' de la Cámara Baja «por interés». «Solo porque iban a perder la votación», ha zanjado.

No es la primera vez esta legislatura que el Gobierno hace una maniobra similar para evitar una derrota parlamentaria derivada de su fragilidad parlamentaria y la dependencia de socios incompatibles muchas veces entre sí. El Ejecutivo ya retiró en mayo el proyecto de ley del suelo poco antes de su debate en el pleno para evitar el que habría sido su segundo revés en 48 horas, tras ver el PSOE esa semana cómo el Pleno tumbaba su propuesta para perseguir el proxenetismo. En septiembre, Hacienda optó también por renunciar a la discusión sobre la senda de déficit para impedir, como sucedió en julio, que la alianza de PP, Vox y Junts la frustrasen.

«Es una vergüenza la degradación institucional y el manoseo del Gobierno de todo lo que tocan PSOE y Sumar», denuncian fuentes de Vox a ABC, que, además, acusan al Ejecutivo de falta de transparencia por intentar colar por la puerta de atrás impuestos especiales a los billetes de avión, a los líquidos para cigarrillos electrónicos, al queroseno para aviación y al tabaco, así como la eliminación de deducciones y beneficios fiscales en la educación y los seguros de salud privados.