El Gobierno cierra el curso con la ley para fiscalizar a los medios y su publicidad institucional

Tras la reunión del Consejo de Ministros, el encargado de defender el proyecto de ley en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, la sede de la Presidencia del Gobierno, ha sido el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, quien ha aseverado que con esta ley, que el Ejecutivo quiere aprobar en las Cortes definitivamente «cuanto antes», se busca que la democracia «se defienda» de casos de «manipulación y acoso» a través de redes sociales y de lo que el Gabinete de Pedro Sánchez ha venido a definir, sobre todo desde la investigación a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, como 'pseudomedios'.

El objetivo central de la norma es la creación de un registro de los medios de comunicación, que el Gobierno remarca que dependerá de la CNMC y no del propio Ejecutivo, en el que se detallarán la propiedad de los grupos mediáticos y la publicidad institucional que reciben. Y es que el mismo Sánchez, en el Congreso, ha insinuado en repetidas ocasiones que esos 'pseudomedios' se financian principalmente con dinero público de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, más allá de los criterios objetivables que marca la ley en base a las audiencias.

López ha explicado que igual que se hace en la actualidad con las televisiones, donde se prohíbe la excesiva concentración para garantizar el pluralismo, se introducen medidas en esa dirección también para el resto de medios de comunicación. El ministro ha reconocido que en la prensa digital, al contrario de lo que pasa con las televisiones, las radios o la impresa, es difícil consensuar un sistema de medición objetivo para determinar la publicidad institucional que le corresponde a cada medio, pero ha dejado ese extremo en manos del sector.

En cualquier caso, ha reiterado una y otra vez que esta ley desarrolla normativas previas de la Unión Europea y que no hace nada más allá de lo que se acordó en el marco comunitario. La CNMC será la autoridad competente para exigir que se retiren campañas de desinformación que promuevan delitos de odio en casos de ámbito estatal y en plataformas que no superen los 45 millones de usuarios. Si se rebasa esa barrera, la CNMC podrá elevar una denuncia a la Comisión Europea para que lo estudie y, en caso de ser pertinente, aplique esa medida.

López ha citado los disturbios en Torre Pacheco (Murcia) como un ejemplo de algo que, con esta ley, se podría haber evitado. Si bien es cierto que un anciano de esa localidad fue agredido por, presuntamente, tres magrebíes, también lo es que en redes sociales se viralizó un vídeo de esa supuesta paliza que no correspondía a la víctima en cuestión. Y esas imágenes fueron difundidas por grupos ultra para llamar a la «caza» de inmigrantes en la localidad murciana.