El Gobierno elimina el control previo de Hacienda en contratos para el aniversario de Franco

Desde el pasado 4 de abril, esa labor de control ha pasado a manos de la Oficialía Mayor del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Pero de esta cartera, encabezada por Ángel Víctor Torres, dependen los festejos por lo que desaparece así el control exterior de estos contratos. De hecho, el arrendamiento de bienes inmuebles es una de las funciones de esa Oficialía según el Real Decreto de 2024 que regula la estructura básica del Ministerio de Política Territorial.

El control de los alquileres de inmuebles de la Administración del Estado es una de las funciones de la Dirección General del Patrimonio, que debe emitir un informe previo favorable antes de que cualquier contrato de arrendamiento se realice. Para conseguir esa luz verde, el Departamento interesado debe remitirle un informe argumentando la necesidad del arrendamiento que quiere realizar, la imposibilidad de utilizar los inmuebles de los que dispone el Ministerio, la superficie a arrendar, la tasación según un estudio de mercado o la renta prevista, entre otras cuestiones. La Dirección General del Patrimonio dispone de veinte días para examinar toda esta información, la disponibilidad de inmuebles y revisar la tasación propuesta antes de emitir su dictamen.

Noticia Relacionada

El Gobierno crea cinco puestos de secretaría para la comisionada de Franco y la directora de su Oficina

Ana Sánchez

Este control externo ha sido sustituido por que el informe técnico de petición de arrendamiento justifique «suficientemente» que la operación es necesaria «por la falta de espacios de titularidad estatal adecuados para la celebración de los correspondientes eventos» y «la adecuación a mercado del precio a satisfacer».

Esta excepcionalidad se aplicará a los arrendamientos de menos de treinta días relacionados con los actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco ya sean concertados por el Ministerio de Política Territorial o por el Comisionado que el Gobierno ha creado para los fastos. Este régimen estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2025 según una resolución aprobada el pasado 31 de marzo por la Dirección General de Patrimonio del Estado, que sí mantiene el informe de la Abogacía del Estado necesario para cualquier trámite de arrendamiento.

Esa resolución se argumenta por «el previsible incremento de la necesidad de contratar espacios para la celebración de reuniones, seminarios, encuentros y actos análogos vinculados» con el 50 aniversario de la muerte de Franco. «Resulta conveniente, en el contexto de unos arrendamientos de carácter esencialmente efímero y suscritos para satisfacer una necesidad igualmente temporal, simplificar los trámites que, como condiciones de ejercicio de la competencia delegada», añade.

En esta idea insisten fuentes del Gobierno, que han subrayado a ABC que «no se han rebajado los controles» sino que este régimen especial es «una forma de descargar de trámites al propio Ministerio de Hacienda». En esta línea, subrayan que «sigue haciéndose la correspondiente memoria y no se reduce la información al respecto». «Es una delegación de competencias que realiza la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda a la Oficialía Mayor del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para arrendamientos efímeros (de menos de 30 días)». También subrayan que este tipo de excepción cuenta con precedentes y que ya se aplicó durante la Presidencia española de la Unión Europea.

ABC desveló el pasado mes de marzo que el Gobierno tiene previsto dedicar 20,4 millones a los actos por el aniversario de Franco. Esta cifra se divide en dos grandes conceptos, dedicándose 12,3 millones a sufragar los eventos, el 60,5% del total, y los 8,05 millones restantes a acciones de publicidad, el 39,48%. El dinero ha salido de una transferencia de crédito interna realizada en el presupuesto de gastos del Ministerio de Política Territorial el pasado mes de enero.