El Gobierno ha destinado 3.500 millones extra a Defensa en 2025

El último capítulo lo motivó la transferencia de 2.000 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros la pasada semana, a la que los de Yolanda Díaz presentaron alegaciones aunque asumieron su aplicación. Se trata de una transferencia de crédito del Ministerio de Hacienda al de Defensa para «atender diversos programas y contratos» en marcha. Desde el Palacio de la Moncloa incidieron en que este dinero no aumenta el gasto militar previsto ni ayuda al compromiso adquirido por el presidente del Gobierno con sus socios de la OTAN para acelerar la llegada al 2% de inversión en defensa, sino que responde a compromisos ya adquiridos que necesitan de liquidez debido a la prórroga presupuestaria.

Esta partida fue la que más revuelo causó –debido al contexto político y a su elevada cuantía–, pero no es la única. El Consejo de Ministros lleva durante todo el año concediendo créditos extra al Departamento de Defensa sin mucha publicidad ni ruido mediático. En concreto, un total de 3.575 millones de euros desde el mes de enero. Normalmente aparecen reflejados en la referencia que se publica de las reuniones semanales del Gobierno, pero no suelen estar incluidas entre los contenidos que detalla en la rueda de prensa posterior la ministra portavoz, Pilar Alegría, ni darles publicidad el Ministerio de Defensa.

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A los 2.084 millones de la semana pasada se suma otra partida 343,8 millones también como transferencia de crédito aprobada el 4 de marzo. Tampoco entonces se dio más explicaciones. «Se autoriza una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa con la finalidad de atender necesidades de funcionamiento existentes», detalla la referencia. El Gobierno explicó que se trata de cantidades dirigidas sobre todo a los grandes programas de armamento en marcha, como los submarinos S-80, las fragatas F-110 o los vehículos blindados 8x8, que se financian en anualidades comprometidas de antemano y necesitan de fondos adicionales con los que no cuenta Defensa como consecuencia de la prórroga de los presupuestos.

Otra de las razones que ha motivado la aprobación de créditos extra para el departamento dirigido por Margarita Robles ha sido la actuación de las Fuerzas Armadas para paliar las consecuencias provocadas por la dana que asoló varios municipios de la provincia de Valencia a finales del mes de octubre. Los efectos de la riada motivaron un despliegue militar que llegó a concentrar a más de 8.000 efectivos en la zona afectada. En total, más de 30.000 militares asumieron miles de labores en 77 localidades valencianas. Esto ha supuesto, hasta el momento, una financiación de 83,25 millones de euros para Defensa: 58 millones para las actuaciones «de emergencia» acometidas por las Fuerzas Armadas y otros 25,3 millones para pagar unos incentivos que recibieron los efectivos desplazados a la zona de la catástrofe.

También, el 11 de febrero, el Consejo de Ministros concedió un suplemento de crédito por 57,4 millones al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para «atender los conciertos de asistencia sanitaria con entidades de seguro libre». Y el 4 de marzo el dinero extra se destinó al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por 40 millones, «con la finalidad de atender necesidades de compensación económica por carencia de vivienda».

Las otras dos grandes partidas que ha destinado el Consejo de Ministros a Defensa durante estos primeros meses del año se han dedicado a las misiones en el exterior y al aumento de las retribuciones de los militares. El grueso de las operaciones internacionales se financia tradicionalmente con cargo al contingencia, pese a las críticas parlamentarias y avisos del Tribunal de Cuentas. Una práctica que se mantiene esté quien esté en el Palacio de la Moncloa y que, de momento, en 2025 ha supuesto el desembolso de 567 millones para sufragar el gasto de la veintena de misiones en las que participa España.

La otra gran partida fue aprobada el 25 de marzo mediante un real decreto de modificación de las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas para un aumento mensual de 200 euros en la nómina de todos los militares, desde los soldados hasta los generales. El Gobierno calculó un coste de 400 millones anuales para esta medida, que tendrá su primer efecto en la nómina de los uniformados de este mes de abril, que además incluirá los pagos pendientes desde el mes de enero.

Sánchez sigue sin embargo sin aclarar cuál es su hoja de ruta para llegar al anunciado 2% del gasto militar, entre críticas de la oposición y protestas de los socios. Izquierda Unida fue clara en su última reunión federal, fiando el futuro del Gobierno de coalición a que se frene la carrera armamentística que «impone» Europa.