El Gobierno deberá comparecer por su «inspección» del Valle de los Caídos

El PP solicita a De la Vega que explique cómo se aplica la Ley de Memoria Histórica

MARTÍN BIANCHI
MADRID Actualizado:

La visita secreta de un equipo de forenses enviados por el Ejecutivo a las tumbas del Valle de los Caídos sigue despertando incógnitas. Pese a que las primeras versiones que trascendieron señalaban que no hubo orden judicial ni mandato por parte de un juzgado para abrir el osario en el que se encuentran restos de más 40.000 personas, el Gobierno negó el lunes que hubiese incurrido en alguna infracción o irregularidad.

Según un comunicado del Ministerio de Presidencia, los forenses que se adentraron en las criptas de la Basílica estaban cumpliendo con «la Ley de Memoria Histórica y con un mandato del Congreso que pidió al Gobierno elaborar un censo de los enterrados en el Valle de los Caídos». El Ejecutivo negó que se hayan realizado exhumaciones o traslados —algo que ratificó ayer en ABC el abad del Valle, Anselmo Álvarez— y justificó el secretismo porque la operación «aún no ha concluido». El comunicado concluía que una vez finalizadas las tareas se dará a conocer sus conclusiones «a las fuerzas políticas del arco parlamentario como a las asociaciones y familiares interesados».

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular no esperará a que finalicen las prospecciones para saber con exactitud el alcance de las tareas. Los populares informaron ayer de que van a solicitar la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno,María Teresa Fernández de la Vega, para que dé cuenta en la comisión correspondiente de la Cámara Baja de la aplicación rigurosa de la Ley de Memoria Histórica en relación con el monumento declarado Patrimonio Histórico.

Apenas se conoció la primera información de «Interviú» sobre la inspección de los osarios, el diputado popular y vicepresidente del Congreso, Jorge Fernández-Díaz, acusó al Gobierno de Zapatero de «incumplir» la Ley de Memoria. Destacó que éste estaba obligado por Ley no ya a invitar al padre abad —máxima autoridad en el lugar de culto— sino a pedirle permiso, como así también al Ayuntamiento y a la Comunidad, como es de uso para cualquier cementerio público. No obstante, Fernández-Díaz también reconoció que él y su partido tenían «cumplido y oficioso conocimiento de cuanto acontecía» allí.

Amenaza de querella

Por su parte, Falange anunció ayer que tiene previsto presentar una querella criminal para que se investiguen las posibles exhumaciones o traslado de restos. Manuel Andrino, jefe nacional del movimiento ultraderechista, calificó la inspección de «ilegal» porque se está realizando «de espaldas» a los jueces, algo que, ha dicho, es «un acto criminal».

La Basílica del Valle de los Caídos está cerrada desde noviembre de 2009 por obras de conservación de las esculturas del exterior y de reparación en el interior, donde se han detectado focos de humedad. Para el PP, el Gobierno ha apartado «deliberada y unilateralmente» al Valle de los circuitos turísticos, «cuando atraía a 400.000 personas».