El Gobierno congela el gasto en exhumaciones en el aniversario de Franco

Estos fondos se canalizarán mediante transferencias a las comunidades y los ayuntamientos. En concreto, 2 millones se destinarán a las autonomías para «localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra de España y la Dictadura», mientras los consistorios y la Federación de Municipios recibirán los 2,2 millones para «actividades similares». Es necesario multiplicar por cinco el dinero previsto para exhumaciones para alcanzar la cifra que el Gobierno ha reservado para actos y propaganda del aniversario: 20,4 millones.

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Mariano Calleja

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«Los Presupuestos Generales para el ejercicio 2025 se encuentran prorrogados, por lo que las cuantías son las mismas», admite el Gobierno a modo de justificación. Esa prórroga, sin embargo, no fue impedimento el pasado mes de enero para movilizar esos 20,4 millones que fueron transferidos internamente dentro del Ministerio de Política Territorial para sufragar el aniversario.

Tal y como publicó este periódico en marzo, a la partida número 22.03.925M.227.06 «Estudios y Trabajos Técnicos» se transfirieron 12,3 millones para sufragar los actos, y a la 22.03.925M.226.02 «Publicidad y Propaganda» los 8,05 millones restantes. Según afirmó recientemente la comisionada para «España en Libertad. 50 años», Carmina Gustrán, los actos se están multiplicando y superarán ampliamente el centenar.

Además, hace tan solo unos días, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez anunció la inversión de casi 10.500 millones de euros en defensa y seguridad en 2025, que tampoco estaban previstos en las cuentas prorrogadas. Cuando explicó esta inversión, el líder socialista subrayó que existían «ahorros generados por la gestión rigurosa que ha hecho este Gobierno y también el desempeño exitoso de la política económica» y el «margen» derivado de partidas que se incluyeron en los Presupuestos de 2023 «pero que ya evidentemente no se necesitan».

En las labores de exhumación el tiempo juega en contra ya que la identificación de los restos debe realizarse mediante ADN y los descendientes de primer grado de las víctimas cuentan ya con edad avanzada. Se trata, además, de personas que llevan esperando décadas para recuperar los restos de sus familiares y a las que ya no les queda mucho tiempo.

De hecho, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y nieto de la primera víctima identificada genéticamente en España, lamenta que el 50 aniversario de la muerte de Franco no sirva para convertir en derecho la devolución de restos a sus familiares para su entierro en un lugar digno.

«Un derecho se garantizando se subvenciona. Si es una subvención quiere decir que unos tienen esa posibilidad y otros no: significa que pongo tanto dinero y cuando se acaba el dinero se acaba el derecho. Si consideras que una persona está perjudicada por una situación, lo están todas las que están en esa situación, no cada año 100. Nosotros lo hacemos todo con nuestros propios fondos, de nuestros socios y de algún donante. No pedimos dinero a ninguna institución pública, lo hacemos todo por nuestra cuenta, independientemente de quien gobierne o deje de gobernar», subraya Silva.

Lamenta, además, que este 50 aniversario tampoco vaya a servir para crear una oficina que atienda a las familias de personas desaparecidas «las cuide, investigue, busque a los desaparecidos, los identifique», o forme a los funcionarios de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para que se encarguen de poner en marcha el mecanismo. Según denuncia, las familias que quieren recuperar restos «no saben qué tienen que hacer ni por dónde empezar».

Esta asociación ya pidió al Gobierno estas medidas durante la aprobación de la actual Ley de Memoria Democrática pero fueron rechazadas por el Ejecutivo. Este 50 aniversario se convierte ahora en otra oportunidad perdida para incorporarlas.

El Gobierno insiste en que su plan es realizar «el mayor número de intervenciones posibles en el mayor número de localidades y territorios para revertir cuanto antes la situación de las desapariciones forzadas en nuestro país». Añade que sus esfuerzos están en «localizar el mayor número posible de restos, proceder a su exhumación y a su identificación, para posteriormente entregarlos a sus familias, desarrollando en lo posible actos de dignificación de las víctimas».

Pero las cifras hablan por sí solas respecto a cuáles son las prioridades, ya que solo la inversión prevista para publicidad y propaganda del aniversario de Franco es ya prácticamente el doble del dinero que se dedicará a exhumaciones este año.

El Ejecutivo también insiste en que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa otorgó «un importante impulso» a la localización y exhumación de restos. En este sentido, en su última comparecencia en el Congreso sobre este asunto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destacó que el plan cuatrienal para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la guerra o la represión política posterior había llevado a cabo, hasta marzo de 2024, «en torno a 600 actuaciones y movilizado más de 15 millones de euros mediante transferencias, principalmente a comunidades autónomas —el 57%— y también a entidades locales —el 37%—».

«Hasta la fecha, y aunque muchas actuaciones se están ejecutando aún y sus resultados están pendientes de concluir, los cuerpos exhumados rondan los 4500. Aunque es evidente que queda mucho por hacer, tenemos sentadas bases sólidas para acometer esta tarea», añadió Torres ante la Comisión Constitucional.

El plan cuatrienal de exhumaciones se puso en marcha en 2020 y los 15 millones de euros movilizados hasta marzo de 2024, en casi cuatro años completos, siguen siendo inferiores a los fondos que el Gobierno pretende dedicar este año a los actos del aniversario de Franco. De hecho, estos fastos cuentan también con más presupuesto que la secretaría de Estado de Memoria Democrática para todo el año.

Las cuentas de 2024, que ya prorrogaron las de 2023, asignaron a este órgano un total de 13,95 millones. De esta cantidad, 1,2 millones a gastos de personal; 3,5 millones a materiales, suministros e indemnizaciones; otros 5,65 millones a transferencias a autonomías, ayuntamientos, sociedades, entidades públicas o fundaciones del sector público estatal para políticas de memoria histórica, exhumaciones incluidas; 1,95 millones a inversiones; y los 1,6 millones restantes para obras en centros de memoria.

En su retórica, el propio Gobierno se hace eco frecuentemente de los pronunciamientos de las instituciones nacionales e internacionales a favor de considerar un derecho la búsqueda y entrega de restos a los familiares de los desaparecidos. Los más importantes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional.

Mientras el primero ha subrayado que es un derecho disponer de los restos humanos para su enterramiento como parte del contenido esencial del derecho al respeto de la vida privada y familiar reconocido en Convenio Europeo de Derechos Humanos, el órgano de garantías español ha reconocido la conexión del derecho a la recepción de los restos con el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar previsto en la Constitución.