El Gobierno carga contra el juez García Castellón tras avanzar en la investigación contra Puigdemont por terrorismo

Ribera, durante una entrevista en TVE, ha expresado que es «muy importante respetar un principio fundamental de la convivencia y de la Constitución como es la separación de poderes», pero que esto «no impide ver» que hay personas de las que ostentan «responsabilidad» dentro del Poder Judicial que tienen cierta «querencia» a pronunciarse «siempre en una misma dirección» y en «un momento particularmente oportuno» en comparación a «otros compañeros del Poder Judicial».

En referencia directa al instructor de la causa de Tsunami Democràtic, la socialista ha manifestado que ella «sería muy cauta» respecto al auto del magistrado que rechaza el recurso de la Fiscalía sobre el expresidente catalán y subraya la «contundencia y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo». «Nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles», ha aseverado la vicepresidenta, cuestionando la actuación del juez García Castellón.

Preguntada sobre si considera que el magistrado García Castellón trabaja bajo «un criterio político», la vicepresidenta Ribera ha insistido en que «la hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas donde salen estas afirmaciones». «Evidentemente es su tarea», ha añadido, señalando no obstante que «debe motivar, explicar» su pronunciamiento. «Corresponde esperar a ver qué es lo que ocurre», ha remarcado. A su juicio, «es capital entender que no solamente importa el ejercicio del Poder Judicial sino también las formas y las motivaciones». «La valoración de oportunidad sobre el momento en que salen a la luz estas informaciones es relevante», ha concluido la también ministra.

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta Díaz ha admitido desconocer en qué términos se había pronunciado Ribera, sin embargo, apostilla que su compañera de Gobierno «seguramente acertó completamente» en sus críticas a García Castellón. También Díaz ha considerado que hay intenciones políticas en el auto judicial del juez sobre Puigdemont y su implicación en el ilícito de terrorismo. «Hay algunas resoluciones judiciales que parece que, a veces, coinciden en tiempos y que son de una relevancia política concreta, pero, insisto, desconozco lo que ha dicho la vicepresidenta Teresa Ribera», informa Gregoria Caro.

No ha tardado en pronunciarse el Partido Popular (PP) ante estas declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno. Los de Alberto Núñez Feijóo consideran «de una gravedad extrema» que una integrante del Ejecutivo –en este caso del partido mayoritario de la coalición– «insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones». Fuentes del PP afirman que «el sanchismo asume el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial», dando Ribera «voz» a los que señalan que en España existe el 'lawfare'. «Cada vez cuesta más diferenciar las declaraciones que hacen los dirigente del PSOE de aquellas que hacen los de ERC o Junts», insisten dichas fuentes. Además, el Grupo Parlamentario Popular reprobará a la vicepresidenta Ribera en el Pleno del Senado por sus ataques a los jueces.

Ciertamente, tras la entrevista en TVE a la vicepresidenta Teresa Ribera, ha intervenido en la cadena pública la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, criticando también al magistrado. En su caso, la catalana ha dado un paso más y ha acusado a García Castellón de tener «una obsesión con incriminar al independentismo, a ERC, a Junts, a Marta Rovira y a Carles Puigdemont como terroristas». «Hay casualidades que son muy sospechosas y, en este caso bajo contexto de la amnistía, no es casualidad que haya este juez que con su obsesión quiera incriminarnos de terrorismo por movilizarnos y salir a la calle».

Algo más de tres horas después de la intervención de la vicepresidenta Ribera, y ante el revuelo generado, fuentes gubernamentales han especificado que «el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas». Concretamente, en relación al caso de Tsunami Democràtic, dichas fuentes recuerdan que «las decisiones del magistrado fueron recurridas por el fiscal» y, por ello, «la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional».

«Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte», aclaran desde el Gobierno, insistiendo en que «defenderán a los jueces y magistrados de nuestro país de cualquier injerencia en su trabajo».

Las acusaciones a jueces con nombre y apellidos se han vuelto muy recurrentes en las últimas semanas, incluso en el Congreso de los Diputados, desde que el PSOE pactase con las formaciones independentistas impulsar las comisiones 'lawfare' para investigar determinadas actuaciones judiciales. La portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, ha protagonizado contundentes ataques desde la tribuna de oradores ante la mirada del Gobierno. Este martes, el expresidente e histórico socialista Felipe González salió en defensa de los magistrados, mostrándoles «todo su apoyo», ante una situación que calificó de «emergencia», al estarse «cuestionando en serio la independencia judicial» e incluso «atacando al poder judicial de manera inesperada».