La secretaria general de Función Pública, Consuelo Rumí - ÓSCAR DEL POZO

El Gobierno aumentó en 36 millones el gasto en incentivos

El PP denuncia un incremento de un ocho por ciento respecto al año 2009

PALOMA CERVILLA
MADRID Actualizado:

El Gobierno pide sacrificios a los empleados públicos, rebajándoles hasta un 7 por ciento del sueldo, pero a la vez no se aprieta el cinturón para contener el gasto en los denominados incentivos al rendimiento, el dinero que reparte a discreción. Esta es la denuncia que realizó ayer el diputado popular y portavoz de Función Pública, Miguel Barrachina, en la Comisión Constitucional del Congreso en la que compareció la secretaria general de Función Pública, Consuelo Rumí, para explicar por qué este gasto se había disparado.

El portavoz popular se aferró a los datos de la Intervención General de la Administración del Estado para echarle en cara al Gobierno que, a 31 de agosto de este año, el gasto en incentivos había aumentado en 36 millones, un 8 por ciento más, respecto al mismo periodo del año anterior. Concretamente, si en 2009 este gasto se cifró en 449.912.000 euros, en 2010 creció hasta 485.865.000.

Barrachina fue muy claro al asegurar que este dinero son «los premios que se da la Administración a sí misma y nos parece que si es la época de apretarse el cinturón se lo tienen que apretar todos y, como esta concesión de los incentivos al rendimiento es dicrecional, esa discrecionalidad gubernativa tiene también que tomar nota del ajuste». Además, preguntó a Rumí «qué motivo encuentra para premiar al conjunto de la Administración tan generosamente».

Rumí dice que confunde

A Rumí no le gustó nada esta acusación del diputado popular e intentó justificar este dato en una supuesta confusión de las cifras que había ofrecido Barrachina: «No confundamos incentivos al rendimiento con la productividad de los empleados públicos, que también con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno ha disminuido en un cinco por ciento. Esto pone de manifiesto algunas diferencias que tenemos en cuanto a la terminología».

Al diputado popular no le convenció la explicación de Rumí y se defendió afirmando que «este portavoz no confunde, no incluye en incentivos al rendimiento la productividad» y le replicó que él se ciñe a los «datos oficiale, los únicos que ustedes cuelgan formalmente cada mes». Barrachina le apuntó a que «si ustedes se pusiesen de acuerdo y hablasen con una única voz, no confundirían a los grupos parlamentarios. Lo que digo, por tanto, es que el Ministerio de Economía, siguiendo el criterio de caja, dice que han crecido un ocho por ciento».

Esta discrepancia, así como el aumento del gasto de personal en el primer trimestre del año, centró buena parte de una comparecencia, que se vió descafeinada, ya que el cese de María Teresa Fernández de la Vega como responsable de Función Pública justificó su ausencia para explicar asuntos tan polémicos como el denominado «cheque electoral», que ha sido cancelado. Sin embargo, en esta Comisión el Gobierno aportó finalmente los datos sobre liberados sindicales en empresas (4.200) y ministerios que le había solicitado el PP y que se había mostrado reacio a dar. Rumí cifró en 815 los liberados de los ministerios, de los que 456 son institucionales.

La diputada popular, Celinda Sánchez, no se quedó satisfecha con la respuesta, sobre todo en los de Correos, afirmando que «si los ocultara sería para nota». Rumí reconoció que es posible que a los Ministerios no se comunique toda la información.