El Gobierno asfixia a las Fuerzas Armadas con los plazos para el 2%

Los militares españoles llevan años reclamando un esfuerzo inversor que mejore sus capacidades, modernice sus sistemas y garantice la operatividad y sostenibilidad de las Fuerzas Armadas. Por ello, ven con buenos ojos cualquier anuncio orientado al aumento de su dotación presupuestaria. El problema en este caso son los ajustados plazos, ya que la ley obliga al cumplimiento de un estricto proceso burocrático para poder llevar a cabo cualquier contratación.

La gestión administrativa en solo unos meses de una inversión de 10.471 millones de euros –lo contenido en el denominado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa presentado por Sánchez– supone un arduo trabajo que está poniendo a prueba la capacidad de las Fuerzas Armadas españolas. Fuentes militares revelan que el Ministerio de Defensa ha pedido a los Ejércitos y la Armada que todos los proyectos estén listos en el mes de octubre para poder dedicar los últimos tres meses del año a realizar los ajustes que sean necesarios, obligando a materializar en solo dos trimestres decenas de proyectos, negociación con empresas y pliegos de contratación.

Noticia Relacionada

Trump, sobre el acuerdo de la OTAN: «España acatará, garantizado»

Javier Ansorena

El presidente de EE.UU. anuncia el envío la semana que viene de una carta a los países con los aranceles que deberá pagar cada uno

El plan de La Moncloa para llegar a ese 2% de gasto militar incluye un total de 31 nuevos programas de armamento, que se suman a otros 56 en curso. Aunque muchos de ellos ya estaban iniciados o anunciados, Defensa está apurando los plazos para poder impulsar todos ellos antes de fin de año. En concreto, la ministra Margarita Robles reveló ayer en el Senado que quince de ellos ya tienen aprobado el techo de gasto por el Consejo de Ministros y los dieciséis restantes recibirán el visto bueno el próximo martes. «Esto quiere decir que, aprobados los techos de gasto, evidentemente vamos a empezar con la contratación», detalló Robles, que explicó que todo este poceso se deberá completarse durante este año 2025 para cumplir con los compromisos anunciados.

No obstante, la ministra reconoció la lentitud de la «burocracia», asumiendo la dificultad del reto. Es más, que España aspira a una flexibilidad de las normas de contratación por parte de la Unión Europea que permita, «sin merma de los controles necesarios», una agilización de los programas de armamento incluidos en los planes de aumento de la inversión militar. Un deseo que aseguró que comparte con varios ministros de defensa de otros países europeos.

La modificación de las normas de contratación es también una vieja aspiración de los órganos internos de las Fuerzas Armadas, que ven en ocasiones lastrada su capacidad de maniobra debido a los estrictos plazos de pago y ejecución presupuestaria. En un estudio publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el think tank dependiente del Ministerio de Defensa, el general retirado Juan Carlos Domingo Guerra advierte de varios «lastres» del plan inversor en defensa presentado por Sánchez. Entre ellos cita algunos relacionados con la política de personal o la falta de inversiones en nuevas capacidades «limitándose las inversiones previstas a la fabricación o compra de nuevos instrumentos de defensa y disuasión, pero solo de aquellos que tengan como finalidad la modernización de lo existente».

Muy crítico con el programa previsto por La Moncloa, habla de él como una mera «lista de la compra». «Una movilización tan relevante de recursos financieros debería haber dado lugar a una reconsideración integral de todo el ciclo de planeamiento militar, promoviendo un cambio drástico de paradigma», proclama lamentando que no haya abordado una «necesaria reconversión de las Fuerzas Armadas en un verdadero y creíble instrumento de disuasión ante amenazas externas a la integridad territorial».