El Gobierno agita el 'no' del PP al decreto energético para presionar a sus socios

Si no fuera por la experiencia previa, se hablaría, tirando de símiles deportivos, de una votación de infarto o al límite, pero visto cómo se han resuelto otros decretos –como el de la reforma laboral, que se salvó en febrero únicamente por el sonado error del diputado del Partido Popular (PP) Alberto Casero, o el de los fondos europeos, que en 2021 una insospechada abstención de Vox permitió sacar adelante– la situación parece hasta relajada para la coalición de PSOE y Unidas Podemos, que se ha visto en mucho peores encrucijadas.

De hecho, el semblante y las palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que ayer volvió a la sala de prensa de La Moncloa tras la primera reunión del Consejo de Ministros después de las vacaciones, no hacían indicar tensión o nerviosismo alguno. Tampoco se apreciaba en las fuentes del Gobierno consultadas, que incluso con media sonrisa mostraban su escepticismo sobre un posible rechazo de los socios parlamentarios habituales, desde ERC al PNV, pasando por Bildu. «¿Cuándo han dicho que van a votar que no?» se interrogaban retóricamente.

La propia Rodríguez se encargó durante su alocución ante los informadores, y en respuesta a varias preguntas sobre el asunto, de agitar el 'no' del PP que La Moncloa da por hecho (los populares dijeron el lunes que se abrían a estudiar un apoyo si se retiraban medidas «frívolas», como la de apagar los escaparates a determinada hora de la noche), en una clara estrategia para poner a esos socios entre la espada y la pared. O respaldar el decreto o alinearse con las formaciones de centro-derecha (Vox y Ciudadanos votarán casi con toda seguridad en contra) tumbando además las medidas, dado que su concurso se antoja imprescindible si el PP se opone.

De lo que Rodríguez acusó ayer directamente a Alberto Núñez Feijóo, al que instó a acudir personalmente a las estaciones ferroviarias a decirle a los viajeros «que no está a favor» de que puedan coger gratis el tren hasta final de año, bien podría servir para cualquier otro grupo que, eventualmente, terminase votando en contra del decreto. «Si por Feijóo fuera, ni becas ni abono gratuito» sentenció la ministra. Al ser cuestionada sobre si contaba con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios en la votación de mañana en la Cámara Baja, la también titular de Política Territorial aseveró que «no se entendería otra cosa» y añadió que «la ciudadanía española no entendería que ningún grupo político en el Parlamento, insisto, ningún grupo político en el Parlamento, pueda decir que no a tener abonos gratuitos para las familias, para los estudiantes y para los trabajadores, a esas becas de 400 euros complementarias a un millón de estudiantes o a esas ayudas a sectores afectados. Es tan de sentido común lo que estamos proponiendo, que no se entiende la negativa de ningún grupo político» concluyó su argumentación.

El tajante planteamiento del Ejecutivo deja 'a priori' poco margen de maniobra a una posible negociación. Y no han sido pocas las veces que tanto ERC como PNV, entre otros, le han reprochado al Gobierno falta de diálogo previo, a la hora de llevar a cabo su agenda en el Parlamento. El portavoz de los independentistas catalanes, Gabriel Rufián, llegó a quejarse en un pleno de que los diputados no podían ser relegados por el Ejecutivo, dijo desde la tribuna de oradores, al papel de meros «notarios» de las reformas que salen de la mesa del Consejo de Ministros, sin posibilidad de discusión o enmienda sobre las mismas.

Los republicanos seguían ayer sin desvelar el sentido de su voto y ni siquiera confirmaban que hubiese una negociación abierta, informa Alex Gubern. En cuanto al PNV, fuentes de la formación confirmaban que hasta ayer mismo por la mañana, cuarenta y ocho horas antes de la votación en el Hemiciclo, no se había iniciado negociación alguna, informa Míriam Villamediana. Bildu, por su parte, que a diferencia de ERC y los peneuvistas no tiene responsabilidad de gobierno a nivel autonómico (las comunidades son las encargadas de la aplicación y vigilancia de muchas de las medidas que contiene el decreto) sí parece más proclive, desde hace semanas, a apretar el botón del sí en la votación de mañana.

Desde el PP, fuentes de la cúpula nacional aseguraban hasta ayer por la tarde que no había existido «ningún contacto» ni con el grupo parlamentario ni con la dirección nacional del mismo. La propia Rodríguez ya les había dejado claro que «el decreto está en el Parlamento para consolidarse, para convalidarse» y que «esto no es una ocurrencia del Gobierno, es un acuerdo con la Comisión Europea y con los estados miembros de la UE». Para los de Feijóo, como vienen repitiendo, Bruselas exige un determinado ahorro energético ante la crisis ucraniana, pero dejando margen a cada país para aplicar sus propias medidas.